Macri procesado: una gestión “inversa” de la inteligencia nacional y un decreto “propicio”
El juez de Dolores advirtió que a partir de la política de inteligencia desplegada durante su gestión “nos coloca a todos como potenciales objetivos de los servicios secretos”.
El juez subrogante de Dolores, Martín Bava, procesó a Mauricio Macri en la causa que investiga el espionaje ilegal perpetrado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) al menos durante su mandato contra familiares de víctimas de hundimientos. En el procesamiento, hizo hincapié en las responsabilidades puntuales que le imputa al expresidente, a partir de una política de inteligencia “inversa” y un decreto que “propició” las tareas investigadas.
El expresidente se convirtió este miércoles en el decimosegundo procesado en la causa que lleva adelante el Juzgado Federal de Dolores en torno al seguimiento ilegal que sufrieron familiares de víctimas del ARA San Juan y de los buques pesqueros Rigel y Repunte, tareas que constan en los informes de inteligencia hallados en los 28 archivos de gestión de la Base Mar del Plata del área que no pudieron ser destruidos por su exdirector, Nicolás Iuspa Benítez.
“Estas tareas ilícitas se enmarcan en un sistema de espionaje ilegal que posibilitó, utilizó y no hizo cesar el entonces Presidente de la Nación, en el cual se desarrollaron numerosos hechos de espionaje ilegal, dentro de los cuales el colectivo de familiares del ARA San Juan, adquiere una particular preponderancia”, advierte en su escrito el juez Bava, antes de mencionar seis de los hechos investigados.
Para la Justicia, está acreditado que el presidente “posibilitó la realización de las tareas ilegales, generó las condiciones para que se pudieran llevar a cabo, almacenó parte de ese producido y utilizó esa información de inteligencia ilegal realizada desde la delegación provincial Mar del Plata de la AFI“.
En concreto, en la causa Macri está acusado de la realización de acciones de inteligencia prohibidas por la Ley 25.520, en carácter de autor en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de funcionario público, al menos entre fines de diciembre de 2017 y finales del 2018.
En el décimo capítulo del procesamiento, el juez se centra en la participación de Macri en los hechos investigados. En primer término, por ejemplo, remarca que los lineamiento de la Ley Nacional de Inteligencia vigentes en ese momento establecían que “los conocimientos producidos y gestionados por la inteligencia nacional tienen tres destinatarios institucionales fundamentales: en el primer nivel, el presidente de la Nación, a los efectos de que establezca los lineamientos estratégicos y objetivos generales para la elaboración y formulación de las políticas y estrategias de la defensa nacional y seguridad interior (…)”, cita el magistrado para demostrar la conducción del primer mandatario en las actividades de inteligencia.
En ese marco, el juez menciona que tanto la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, como el propio Cristian Ritondo, en su rol como miembro de la Comisión Bicameral de Inteligencia, afirmaron en las declaraciones testimoniales presentadas mediante escrito ante el juez, que el presidente de la Nación “tiene incidencia directa” en el Plan de Inteligencia Nacional. “Lo referido hasta aquí es uno de los elementos que permiten afirmar que Mauricio Macri, desde su cargo de Presidente de la República Argentina, no pudo ser ajeno a los hechos que se le imputan“, añadió el juez al respecto.
Además de lo redactado en la legislación vigente, el juez se detiene en la derogación del Decreto 1311/2015 durante su gestión, el cual “dejaba en claro que la producción de inteligencia nacional de ninguna forma podía dirigirse a manifestaciones públicas o a acciones legítimas de reclamos, que vayan contra la gestión del gobierno”, por lo que esa derogación asegura fue “propicia para que todas las acciones de espionaje ilegal que aquí se ventilan, pudieran llevarse a cabo sin mayores controles de legalidad”.
A su vez, cita que el informe de la Comisión Bicameral de inteligencia deja en claro que según la doctrina global en materia de inteligencia, las tareas de los servicios secretos parten de una hipótesis sobre una amenaza, por lo cual se origina una directiva. “En cambio, el modelo de esta gestión fue inverso, se ordenaba la reunión de información de datos, para luego crear una directiva“, reza el informe legislativo.
El juez, además, interpreta que la propia subdirectora de la AFI, Silvia Majdalani, reconoció en su indagatoria que “la tarea que llevaba adelante la Agencia era espiar y después analizar si había un delito“. A partir de ello, advierte: “Sostener que no debe haber una hipótesis de riesgo de la seguridad interior para la producción de inteligencia, nos coloca a todos como potenciales objetivos de una investigación preventiva de los servicios secretos”, manifestó Bava en su escrito.
A su vez, el juez traza un paralelismo de las actividades de la AFI durante la gestión del presidente con las perpetradas por la Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires (Dippba) que, tanto en dictadura como en democracia, operó de manera “llamativamente similar” a lo analizado en el expediente.
En ese sentido, menciona que en el marco de la disolución de la Dippba se sancionó una ley provincial 12.155 con lineamientos similares a los de la Ley de Inteligencia 25.520. En ella, se establece la prohibición de seguimiento a ciudadanos en al Provincia “motivada exclusivamente en su condición étnica, religiosa, cultural, social, política, ideológica, profesional, de nacionalidad, de género así como por su opción sexual, por cuestiones de salud o enfermedad, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales o laborales, o con fines discriminatorios”, dice en su artículo 28.
“Hoy, a más de veinte años de aquél logro de nuestra democracia y a la luz de los hechos investigados en esta causa, se puede aseverar que la Agencia Federal de Inteligencia, al menos durante el período temporal que nos ocupa, vino a restaurar institucionalmente una serie de prácticas ilegales que se creían erradicadas, muy similares a las de aquella época”, afirmó el magistrado en el expediente en el que procesó a Macri por espionaje.
