Casación analizará la prescripción de la causa que investiga a un exjuez por corrupción
Concedió un recurso de queja de la fiscalía contra una decisión de la Cámara de Apelaciones marplatense que declaró extinguida la investigación contra Jorge Ferro.
La Cámara Federal de Casación concedió un recurso de queja de la fiscalía y analizará si confirma o revierte la prescripción de la causa en la que se investiga por hechos de corrupción del ex juez marplatense Jorge Ferro.
La resolución de la sala IV fue dictada esta semana con la firma de los jueces Javier Carbajo, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos como parte del extenso y laberíntico ida y vuelta judicial en torno a la investigación iniciada en 2016.
Ferro integró hasta 2018 la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata y las denuncias en su contra se destaparon en septiembre de 2016 cuando los fiscales que investigaban a los acusados de manejar el prostíbulo Madaho’s -causa que se cerró con penas menores en un juicio abreviado aunque está pendiente de resolución otra por lavado de dinero- encontraron material con el que acusaron a Ferro de tener una relación “personal y profesional” con quien era, de acuerdo a la causa, el asesor jurídico y administrador del local donde funcionaba Madaho’s: el abogado Alejandro Ferrarello, que estuvo procesado aunque finalmente terminó por ser absuelto en la causa principal en la que tuvo intervención Ferro cuando integraba la Cámara.
Con el paso del tiempo, aquellas denuncias derivaron en el inicio de actuaciones en el Consejo de la Magistratura y en una causa penal. Las primeras se diluyeron cuando en 2018 el gobierno nacional aceptó la renuncia de Ferro a su cargo y las segundas siguieron su curso y llevaron a que en agosto de 2021 el Juzgado Federal N°1, subrogado para este caso por Santiago Martín, dictara el procesamiento del exmagistrado –por incumplimiento de deberes de funcionario público– y de Ferrarello y de otra abogada, María Mercedes Hernández Morhaín, por tráfico de influencias.
Sin embargo, tras esa definición, en marzo de 2021 la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata -integrada para este caso por Alfredo López, Pablo Candisano Mera y Federico Villena- resolvió revocar los tres procesamientos.
Si bien Casación en diciembre de 2022 había resuelto anular esa resolución y mandado a dictar una nueva lo cierto es que ya previamente, en junio, el Juzgado Federal N°1 había declarado extinguida por prescripción la causa.
En la continuidad del caso, en noviembre pasado la Cámara de Apelaciones confirmó esa resolución y ahora esa definición será la que analizará la Cámara de Casación. Es que el fiscal general Daniel Adler había presentado un recurso extraordinario que fue denegado por la Cámara marplatense pero esta semana Casación anuló esa decisión y concedió el recurso que ahora deberá ser analizado en esa instancia.
Concretamente, deberán resolver si estuvo o no bien dictada la prescripción de la causa por lo que definirán el futuro de la investigación.
EL CASO
En 2021 cuando había dictado los procesamientos el juez Martín entendió que Ferro “incumplió deberes institucionales” ya que “priorizó intereses particulares brindando asesoramiento legal a Alejandro Ferrarello –a quien lo unía un relación de familiaridad en lo personal, profesional y económico-” y también a favor de María de las Mercedes Hernández Morahín –integrante del estudio jurídico del que formaba parte Ferrarello- por lo cual “influenció en la toma de decisiones y dictó resoluciones favorables a los nombrados”.
En ese sentido, consideró que Jorge Ferro “no solo adelantó su voto en causas en las que el estudio jurídico donde se desempeñaba Ferrarello no era parte cuando aún no estaba firmada la sentencia, sino que también derivó clientes a ese estudio jurídico, les brindó asesoramiento e, incluso, planeó las estrategias que debían seguirse en la tramitación de un proceso de divorcio cuyo trámite estaba radicado en la provincia de Tucumán”.
Sin embargo, para los jueces de la Cámara de Apelaciones, “la hipótesis inicial no logró prosperar” y “se optó por una calificación penal que, trayendo deberes del ámbito administrativo sancionador, convirtió el juzgamiento disciplinario de un juez en uno penal, rebalsando los límites de las figuras típicas y habilitando el ejercicio del poder punitivo a situaciones que, según lo que ha quedado acreditado a lo largo de seis años de investigación, están fuera de ese ámbito”.
En ese sentido, el fiscal Adler en su recurso de Casación cuestionó la afirmación de que las conductas del juez señaladas “solo constituirían faltas éticas”.
Entre esas conductas acusadas aparecen “adelantar votos en causas en curso; aplazar deliberadamente el trámite de un expediente; dictar resoluciones favorables a los intereses de María Mercedes Hernández Morhaín e influenciar en la toma de decisiones administrativas de mero trámite inherentes a sus funciones; ofrecer asesoramiento jurídico e incumplir con el deber de inhibirse” en la causa del prostíbulo Madaho’s “en virtud de la relación de amistad o familiaridad en lo personal, profesional y económico que mantenía con Alejandro Ferrarello”.
