Cuestionan la renuncia del juez Dominoni: “Debió haber sido destituido”
La Asociación Judicial Bonaerense criticó la aceptación de la renuncia por el parte del gobierno provincial del juez de Familia de Mar del Plata acusado por violencia laboral.
La Asociación Judicial Bonaerense (AJB), gremio que nuclea a las y los trabajadores del sector, cuestionó la decisión del gobierno provincial de aceptar la renuncia del juez del Fuero de Familia de Mar del Plata Facundo Dominoni, quien en 2020 había sido apartado “preventivamente” por una denuncia de violencia laboral. Señalaron que, en cambio, el magistrado “debió haber sido destituido” en el marco de un jury que no llegó a iniciarse.
Tal como publicó Qué digital, este viernes se formalizó el decreto firmado por el gobernador Axel Kicillof a través del cual se aceptó la renuncia por “motivos personales” al hasta ahora titular del Juzgado de Familia N°4 de Mar del Plata, Juan Facundo Dominoni, quien en octubre de 2020 había sido “apartado preventivamente” de su cargo por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires en el marco de un proceso de jury impulsado por la AJB a partir de numerosas denuncias de violencia laboral.
Conocida la decisión, desde el gremio judicial cuestionaron la medida y afirmaron que se trata de una práctica que reitera ante situaciones de este tipo. “Dominoni debió haber sido destituido del Poder Judicial por efecto de una decisión del Jurado de Enjuiciamiento y no por aceptarse su renuncia”, apuntaron.
Y tras señalar otras renuncias de jueces aceptadas por el gobierno anterior de María Eugenia Vidal que “liberó” a distintos magistrados de tener que enfrentar un jury repararon en que “ahora el gobernador Kicillof acepta la dimisión de Dominoni ante la imputación de graves hechos de violencia laboral y de género”.
“Vemos con profunda preocupación que exista una respuesta estatal que trasciende a los gobiernos de turno y a los distintos signos políticos sobre el abordaje institucional que se da a los casos de magistrados y magistradas cuyas conductas configuran acciones de violencia de género y/o laboral garantizando una inmunidad política que nos aleja del objetivo de tener un Poder Judicial democrático con perspectiva de género”, analizaron desde el gremio.
En el mismo sentido, plantearon que “es evidente e imprescindible reformar el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y convertirlos en ámbitos más plurales y participativos que supere la lógica actual porque así se debilitan los resortes de control constitucional de la función pública”.
EL APARTAMIENTO, EL JURY Y LA RENUNCIA
Dominoni había sido separado en 2020 de su cargo incluso antes de que el Jurado se expidiera con respecto de la admisibilidad de la acusación (o el archivo de las actuaciones) en el marco de un artículo de la ley que regula los procesos de jury que prevé una medida de ese tipo cuando “existieran elementos probatorios que hicieran verosímiles los hechos denunciados y si la naturaleza y gravedad de los mismos tornare inadmisible la permanencia en el ejercicio de la función del denunciado”.
En ese sentido y tras el pedido de renuncia, el 2 de mayo pasado se expidió la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires para dar cuenta al gobierno que correspondía la aceptación de la renuncia teniendo en cuenta que ese organismo judicial todavía no había cumplido la etapa de admisión o no de la acusación para llevar adelante el jury.
Por su parte, desde la Subsecretaría de Control Disciplinario repararon en la existencia de actuaciones disciplinarias administrativas contra el juez por lo que plantearon que “la causal de cese queda supeditada al resultado de la mencionada investigación”.
En el proceso de jury al magistrado se le imputó “incumplimiento de deberes inherentes a su cargo, actividades incompatibles con la dignidad y austeridad que el cargo judicial impone, acciones que implican defección de la buena conducta que exige el ejercicio de la magistratura y violencia laboral contra las y los trabajadores de la dependencia a su cargo”.
