Aunque las grandes empresas del sector desconocen los límites impuestos en las resoluciones con aval judicial en medio de disputas a través de medidas cautelares, el gobierno nacional autorizó este jueves dos nuevos aumentos de precios para las compañías que prestan los servicios de internet, telefonía celular y televisión por cable y satelital: hasta el 8,9% en febrero y 7,8% en abril.
Los nuevos aumentos para aplicarse a partir del 1° de febrero y desde el 1° de abril fueron autorizados en una resolución del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) publicada en el Boletín Oficial en el marco del conflicto existente entre el gobierno y algunas de las grandes empresas -entre ellas Telecom del Grupo Clarín- por aumentos previos sin autorización que nunca fueron devueltos y mientras sigue suspendido judicialmente el decreto que en agosto de 2020 declaró como “servicios públicos esenciales” a la telefonía, internet y la televisión paga.
La autorización firmada por el titular del Enacom, Claudio Ambrosini, establece que las empresas prestatarias de la telefonía móvil “podrán aplicar a partir del 1 de febrero de 2023 un incremento en el valor de los precios minoristas de cualquiera de sus planes en la modalidad pospaga y/o mixta de hasta un 9,80% tomando como referencia sus precios vigentes al 31 de enero. Y a eso suma que desde el 1 de abril se podrán aplicar subas del 7,80% sobre los mismos precios.
La resolución también estipuló una serie de valores máximos para los precios de la modalidad prepaga: así fija a partir del 1° de febrero la recarga de 50 MB de datos móviles por día en $43,40 con impuestos incluidos; el segundo de voz en $0,66 con impuestos incluidos; y los SMS $8,70 con impuestos incluidos. Hacia abril esos valores máximos suben a $46,80, $0,72 y $9,40, respectivamente.
La resolución también habilita la aplicación de los mismos aumentos del 8,9% y 7,8% para las empresas prestatarias de internet, de telefonía fija y de televisión por cable y satelital.
Los últimos aumentos autorizados de manera oficial habían comenzado a regir en octubre -con un 19,8%- y en diciembre -con un 9,8%-.
La resolución, al igual que las anteriores señala que “cualquier incremento sobre los precios minoristas que hubiese sido aplicado y que supere los valores expresamente autorizados deberá ser reintegrado a sus usuarios y usuarias en la próxima factura a emitir, con actualización e intereses sujetos a la misma tasa de interés que aplican a sus clientes por mora en el pago de facturas”. Y sostiene que “en aquellos casos en los que algún usuario o usuaria no abonare su factura con incrementos superiores a los autorizados, las prestadoras deberán abstenerse de computar los plazos legales vigentes para proceder a la suspensión del servicio”.
Sin embargo, eso en los hechos no se cumple en el marco de las disputas judiciales que mantienen las grandes empresas del sector como Telecom, Claro, Telefónica y DirecTV con el gobierno nacional.