“La protesta social es una acción directa que reclama derechos”
Desde el FpV se refirieron a la intención del Ejecutivo de limitar vía judicial las manifestaciones y manifestaron su descontento con la apelación a la resolución que rechazó el pedido. “El Ejecutivo sienta un antecedente gravísimo”, advirtieron.
Conocido el pedido del gobierno municipal a la Justicia para que limite las protestas sociales a través de un amparo que fue rechazado en primera instancia pero que será apelado, desde el Frente para la Victoria (FpV) manifestaron su preocupación y descontento por el accionar del gobierno. “La protesta social es una acción directa que reclama derechos”, consideraron y advirtieron que con su accionar “el Ejecutivo sienta un antecedente gravísimo”,
A través de un proyecto de resolución, la concejal del FpV Marina Santoro expresó en primera instancia su satisfacción en relación al fallo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº 3, dado que en el mismo los jueces Fabián Riquert y Juan Manuel Sueyro consideraron que “el pedido del intendente viola la Constitución Nacional y busca ‘judicializar la política’, ya que pretende que el Poder Judicial intervenga en competencias que le son propias a otros poderes públicos”.
En ese sentido, y en consonancia con la postura de las organizaciones sociales, la concejal manifestó también su preocupación y rechazo al pedido de apelación realizada por el Ejecutivo , ante el rechazo in limine interpuesto por el TOC Nº 3. “Este tipo de actos solo deja expuesto el total desconocimiento de las normas y del Estado de Derecho del Ejecutivo municipal y sus funcionarios”, advirtió.
Al respecto, para Santoro “la intensificación de la persecución y criminalización del derecho a la protesta es una práctica que viene ejerciendo el gobierno de Cambiemos” y en ese sentido “el Ejecutivo municipal adhiriendo a estas prácticas sienta un antecedente gravísimo, recurriendo a instancias judiciales con la intención de criminalizar la protesta, lo que podría desencadenar en una situación de persecución contra toda forma de expresión ciudadana”.
“Los ciudadanos que ocupan los espacios públicos están ejerciendo legalmente sus derechos políticos, amparados por el artículo 14 de la Constitución Nacional; el derecho de peticionar a las autoridades tiene como correlato el derecho a ser escuchado, debe haber una respuesta al pedido, una explicación y una solución adecuada”, sumó y remarcó: “La protesta social es una acción directa que reclama derechos humanos esenciales”.
Finalmente, la concejal del FpV advirtió que, a su parecer, “sería beneficioso para la consolidación del Estado democrático, que el Departamento Ejecutivo tome en cuenta la recomendación del fallo que lo insta a resolver la cuestión social que se da en su distrito en el ámbito de la política y la gestión”.
