“El conflicto social no va a parar con restricciones legales”
Organizaciones sociales acusan “persecución política” tras la denuncia por el acampe y la quema de gomas de fines de septiembre. Sobre la mediación judicial, consideraron: “Encasillan nuestro métodos de lucha”.
Luego de que la Justicia convocara a una instancia de mediación entre el Municipio y las organizaciones sociales que participaron del acampe que tuvo lugar frente al Palacio comunal a fines de septiembre, quienes formaron parte de la protesta y quema de gomas acusaron “persecución política” por parte del gobierno de Carlos Arroyo.
“Que le quede bien claro al intendente: el conflicto social no va a parar con restricciones legales hacia las movilizaciones o con ordenanzas antipopulares o denuncias a quienes nos organizamos”, aseguraron en un comunicado de prensa, en el que desatacaron la labor de quienes “luchan y se organizan”.
En principio la imputación de los manifestantes es por “turbación de la posesión”, un delito que existiría si se demuestra que “no dejaron ingresar o egresar a personas de la Municipalidad, se dañó el inmueble u otro bien o se prendieron fuego gomas”. En su momento, la titular de la Fiscalía de Usurpaciones, Lorena Irigoyen, había aclarado que está permitido manifestarse, pero “pacíficamente”.
Al respecto, las organizaciones que fueron citadas en el marco de la medicación recordaron que la protesta de fines de septiembre se produjo como consecuencia de “los niveles de pobreza estructural nunca antes vividos, dificultades severas para comer dignamente en muchos hogares de familias trabajadoras y aumento de los índices de indigencia”.
“En búsqueda de salir de semejante situación de injusticia, muchos de nosotros tomamos la decisión de plantarnos firmes frente al responsable político de la ciudad para arrancarle lo que nos pertenece”, relataron y acusaron al gobierno de perseguir políticamente a los manifestantes, tras la denuncia penal.
En ese sentido, sostuvieron: “El gobierno local en su búsqueda de generar la gobernabilidad que hoy tambalea genera una instancia de ‘mediación’, lo que no es más ni menos que encasillar nuestras formas y métodos de lucha y judicializar las mismas para así poder aplicar el protocolo antipiquete y continuar avasallando los intereses de la clase trabajadora”.
CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA
Ante este escenario adverso, las organizaciones sociales y de derechos humanos desafiaron a Carlos Arroyo y ratificaron que “el conflicto social no va a parar con restricciones legales hacia las movilizaciones o con ordenanzas antipopulares o denuncias a quienes nos organizamos”.
“El tema de fondo no fue ni es ni debe ser la quema de gomas o el corte de calle; el tema de fondo es el trabajo, la salud y la educación, tres cosas que en nuestra ciudad se caen a pedazos todos los días”, apuntaron y ratificaron el camino de la lucha: “La única salida ante estas políticas de entrega y de enriquecimiento de los ricos es ganar las calles; los que tienen que ir presos son los explotadores y sus funcionarios por robarnos nuestro presente y nuestro futuro”.
