En medio de un contexto de crisis socioeconómica, un grupo de organizaciones sociales realizó una nueva jornada de protestas en todo el país y también en Mar del Plata, en este caso para reclamar por el acceso a la tierra, generación de puestos de trabajo y un plan nacional por vivienda digna al acusar que más de 6 millones de personas no acceden al derecho ante las políticas “irrisorias” de construcción “de los gobiernos que profundizan la problemática” en torno al déficit habitacional, mientras las propiedades y la tierra “se concentran en cada vez menos manos”.

A dos semanas de la última protesta en contra de la “crisis y el ajuste”, el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) – Votamos Luchar y Barrios Unidos en Lucha (BUEL) se concentró este miércoles por la mañana en la Rotonda del Autódromo en la Ruta 88, en reclamo de tierra “para vivir y trabajar” y un plan nacional de viviendas al acusar que parte del derecho de acceder a una vivienda digna se convirtió en un “negocio inmobiliario” ante las condiciones de “los mercados laborales, las imposiciones del FMI y las transnacionales”.

“En Argentina no se garantiza por parte de los gobiernos el acceso a la tierra y a la vivienda. Esta situación es parte de la profundización de la precariedad laboral que avanza cada vez más sobre nuestras vidas poniendo a más de la mitad de la población bajo índices de pobreza e indigencia”, sostuvieron a través de un comunicado.

Semanas atrás, las propias organizaciones también habían llevado sus reclamos al Ministerio de Desarrollo Social por irregularidades denunciadas en el programa Potenciar Trabajo -tras la serie de recortes- y también al Ente de Servicios Urbanos (Emsur) municipal para pedir justamente la asignación de trabajos a sus cooperativas que, denunciaron, se cortaron desde la pandemia. Nuevamente insistieron en la necesidad de puestos de trabajo genuino.

Mientras siguen reclamando sin éxito por un plan de viviendas local ante una política pública habitacional que prácticamente sólo llegue a partir del programa Procrear, durante la concentración de este miércoles, sostuvieron que 4 millones de familias del país, es decir el 25% de la población, no acceden siquiera a un espacio “cerrado que se pueda habitar”, mientras que más de 6 de millones son las que no acceden a una vivienda digna, es decir, con al menos un servicio básico, título de propiedad, calidad en los materiales de construcción y espacio suficiente para no sufrir hacinamiento.

Esa realidad se profundiza, además, en los sectores más vulnerabilizados: “En barrios populares y villas, el 44,3% de los hogares no accede a por lo menos un servicio básico, ni título de propiedad y tampoco cuentan con núcleos húmedos (espacios de utilización de agua como cocina y baño)”, consideraron.

“Las políticas de cartón que implementan los gobiernos no ha contribuido a solucionar de fondo el problema. Los números de construcción de viviendas o programas que lanzan son irrisorios y las propiedades se concentran cada vez en menos manos, habiendo construidas en el país 17 millones de casas que en relación a la cantidad de población  con un promedio de 15.348.234 familias, si se repartiera una casa para cada familia aun así todavía sobrarían 2.431.975 viviendas”, graficaron.

Por otro lado, tras la fuerte aceleración de la inflación en abril, pusieron de manifiesto a lo largo de la jornada la problemática en el acceso de alquileres, que además de ser una de las principales vías de acceso a un techo, continúa profundizándose: “Desde 2020 hasta 2023, los alquileres aumentaron un 245% en el marco de un aumento cotidiano de los alimentos, lo que hace insostenible la vida de quienes trabajan básicamente para pagar el alquiler”.

Mientras esa realidad a nivel local se refleja a través de un agudo déficit habitacional reconocido por los propios gobiernos provinciales y municipales, las organizaciones reclamaron un plan nacional de vivienda para que quienes lo necesiten accedan a ello “a través de un financiamiento acorde a lo que las familias puedan pagar” además de una redistribución de las viviendas “ociosas”, políticas de acceso a la tierra y creación de puestos de trabajo genuino.