“No hay ningún trabajador en nuestras condiciones“, dicen quienes se desempeñan como prestadores de servicios de salud para personas con discapacidad en una realidad que, naturalizada y estructural, no deja de ser expuesta en diversas manifestaciones a través de los colectivos en los que se organizan. Y una de esas manifestaciones tuvo lugar este viernes en las obras sociales de Empleados de Comercio (Osecac) y Pasteleros (Osarpyh).

Es que sus reclamos por las condiciones de precarización en las que ejercen sus trabajos -que, sin ir más lejos, son sinónimo de derechos y mejor calidad de vida para personas con discapacidad– continúan con el paso de los gobiernos y este viernes decidieron visibilizar su situación, signada por cobros a destiempo y con honorarios desactualizados, en una de las obras sociales para las que ejercen.

“Estamos reclamando autorizaciones que se habían presentado en diciembre, y al día de la fecha no teníamos respuestas. Mágicamente, cuando se enteraron que hoy nos autoconvocábamos acá aparecieron las autorizaciones y los pagos atrasados“, mencionó Lucía, organizada en Prestadores Unidos MDP, respecto a los atrasos de Osecac.

“Evidentemente la única forma que tenemos nosotros de ser escuchados es hacer estas cosas, convocar en las puertas de las obras sociales, hacer un cese activo de las actividades. Nosotros no queremos estar reclamando algo que sería justo, como brindar un servicio y cobrarlo“, sumó respecto a las diversas trabas y demoras administrativas que los llevan, por ejemplo, a cobrar “con suerte” en agosto por prestaciones aprobadas ahora y facturadas en los primeros días de mayo.

“Esto es una muestra más de las consecuencias que tenemos los prestadores de salud. No puede ser que autorizaciones que empezaban en el mes de enero para todo el año 2024 recién las autoricen en abril”, añadió al momento de hacer referencia también al reclamo estructural: que haya un sistema de presentación único de facturación, que se regularicen los pagos adeudados desde 2023 y que haya un nuevo sistema de pago a prestadores.

“Esto es insostenible para cualquier trabajador. Nosotros hoy estamos en condiciones absolutamente precarizadas. No hay trabajadores en nuestras condiciones”, definió.

Algo en lo que coinciden las y los prestadores es en que, frente al vetusto sistema de prestación y cobrabilidad, más los honorarios fuertemente atrasados -la última actualización fue del 12% pero hasta el momento no fue formalizada y ni siquiera pueden facturar a esos valores- son los prestadores de discapacidad quienes están financiando el sistema de salud.

“Lo que queda claro es que hay un recorte en discapacidad, y que no es una prioridad ni para este gobierno ni para los anteriores, que maltratan al trabajador y atentan contra los derechos de personas con discapacidad”, continuó.

¿Cómo se efectúa ese recorte? A través del financiamiento de las prestaciones por parte de los propios trabajadores: “Las autorizaciones se demoran, se recortan y con honorarios muy por debajo de lo que deberíamos estar cobrando, calculamos que estamos un 250% abajo“, consideró Lucía. Es decir, frente a una actualización de honorarios del 12%, afirman que todavía está cobrando casi tres veces por debajo de lo que deberían.

Este presente, aseguran, representa un riesgo para las personas con discapacidad porque lleva a las y los prestadores a repensar su economía, ante las deudas y el maltrato burocrático ejercido por el gobierno y por todas las obras sociales: “No hay ninguna obra social que esté cumpliendo. Al día de hoy nos deben octubre de 2023, todavía hay autorizaciones que no llegan y si llegan lo hacen recortadas”, reiteró.