Discapacidad: más reclamos ante honorarios “totalmente licuados” de prestadores
De cara a una nueva reunión de la Agencia Nacional de Discapacidad en la que se espera la definición de una actualización, reclamaron por las históricas demoras en los pagos.
El presente de las y los trabajadores prestadores de discapacidad continúa en una situación crítica no solo por las históricas condiciones de precarización en las que ejercen su trabajo y la puesta en marcha en febrero de un sistema de geolocalización que −según sostienen− atenta contra la privacidad de los propios pacientes, sino por el contexto de ajuste y de crisis económica que impacta de lleno en sus honorarios “totalmente licuados”. Críticas y pedidos.
De cara a una nueva reunión de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que está prevista para este miércoles entre los sectores de prestadores que son convocados a la mesa para definir una actualización de los honorarios, trabajadores independientes nucleados en Prestadores Unidos MDP volvieron a plantear críticas por sus salarios “totalmente licuados” frente a la inflación.
Es que la actualización de los honorarios es uno de los temas “más urgentes” para el sector frente a una pérdida de, aseguran, el 100% del poder de compra de sus salarios en relación a la inflación del último año que cerró con un acumulado del 211,4%.
Los últimos incrementos que autorizó el gobierno nacional a través de la Andis fueron de un 20% para las prestaciones de enero y un 10% acumulativo para febrero. Y con eso plantean que el salario “quedó completamente devaluado” frente a una inflación acumulada del 36,6% para ese mismo periodo, sin contar que los montos facturados son cobrados por este sector de trabajadores con al menos 90 días de retraso.
“La Andis se va a reunir pero ya se sabe que el aumento va a ser del 10% con lo cual va a quedar completamente devaluado nuevamente, sumado a que el aumento que vamos a recibir en abril se va a cobrar en tres meses, completamente licuado”, lamentó Jesica, trabajadora del sector, en diálogo con Qué digital.
Uno de los reclamos históricos del sector tiene que ver con, justamente, empezar a cobrar a mes vencido y no de tres a seis meses más tarde, lo que hace que se profundice la pérdida de poder adquisitivo de sus salarios. En ese sentido, criticaron directamente a las obras sociales por demorar intencionalmente los pagos y apuntaron contra la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) por “permitirles plazos laxos”.
“La Superintendencia paga pero muchas obras sociales se toman entre 60 y 90 días para pagarnos el dinero que ellos ya poseen. Las obras sociales usan nuestro dinero para generar ingresos propios con un dinero que no es suyo, cuando no deberían ser más que un agente de traslado, que es lo que se les solicita”, acusó la trabajadora.
Así, ante salarios que pierden contra la inflación “gobierno tras gobierno” y una situación prácticamente insostenible con las obras sociales, desde el sector mantienen su exigencia de que se incluya en la mesa paritaria de la Andis a las y los prestadores independientes, considerando que ya forman parte distintos organismos como el PAMI, la Superintendencia o la Iglesia Católica que, consideran, “no representan los intereses de los prestadores sino sus intereses personales”.
Además, reiteran que el monto de esa actualización debería ser acorde al valor inflacionario que acumula en los meses de enero y febrero un 36,6%, comenzar a cobrar a mes vencido y que se derogue la la normativa que habilitó la geolocalización que “viola los derechos de las personas con discapacidad, de sus familiares y de los propios prestadores”.
La medida, que incluso cuenta con un avance judicial, fue dispuesta por el anterior gobierno antes de su salida y entró el vigencia a partir del 1° de febrero: se trata de un aplicativo de “registración, geolocalización y validación de prestaciones” que deben utilizar todos los prestadores, beneficiarios y agentes del seguro de salud.
Los prestadores e incluso las familias rápidamente rechazaron la medida al considerar que atenta contra la privacidad de las personas con discapacidad y prestadoras pero también contra la calidad de la prestación al estar constantemente geolocalizadas. Además, sostienen que se trata de una medida “elitista” ya que no todas las personas con discapacidad cuentan con recursos económicos para acceder a dispositivos móviles e internet.
