Prestadores de discapacidad: deudas desde 2020 y horas de trabajo por 240 pesos

Desde Prestadores Unidos Mar del Plata siguen denunciando “violencia burocrática” y esperan respuestas de la Superintendencia de Salud.

Deudas que se mantienen desde 2020, recortes o topes en la cantidad de sesiones autorizadas y horas de trabajo a solo 240 pesos, son solo algunas de las problemáticas que siguen atravesando prestadores de salud de personas con discapacidad de Mar del Plata y de todo el país, en medio de un contexto de fuerte inflación y ante la falta de respuestas o de soluciones de fondo por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, ente regulador de las obras sociales y prepagas. Esta semana entregarán un nuevo petitorio.

Desde Prestadores Unidos Mar del Plata siguen esperando respuestas y cambios para poder seguir garantizando los derechos y el acceso a la salud de un colectivo vulnerabilizado como son las personas con discapacidad. Los reclamos se mantienen casi sin modificaciones desde el año pasado, cuando decidieron organizarse y empezar a buscar soluciones de fondo ante lo que definen como “violencia burocrática”.

Lo que también se repite es la falta de soluciones. Es que, luego de la última manifestación ni siquiera pudieron entregar un nuevo petitorio porque les cerraron las puertas de la Superintendencia, y tampoco obtuvieron respuestas, hasta el momento, de uno previo que había sido elevado el 7 de junio ante la coordinadora regional de la dependencia, Mariana Aldecoa Cano.

Ese petitorio, por ejemplo, incluía un pedido de incremento superior al anunciado por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) del 4,5% por los servicios prestados en mayo (a facturar en junio, para cobrar en septiembre) y del 5% para junio (a facturar en julio, a cobrar en octubre) algo que, lamentaron, “está muy por debajo” de las actualizaciones brindadas a otros sectores.

Incluso, en ese momento remarcaron que ese aumento ni siquiera se había oficializado, lo que deriva en demoras en entregas y cobros a valores actualizados, independientemente del flagelo de que, una vez superados los pasos administrativos, perciben sus honorarios como mínimo 90 días después de la facturación: por eso uno de los pedidos pasa por que el pago sea a mes vencido.

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Ese petitorio, también incluía la falta de reconocimiento dentro del nomenclador de acompañantes terapéuticos, cuidadores, equinoterapia, hidroterapia, estimuladores visuales, entre otros profesionales, ausencia que hoy por hoy los lleva a pautar con las obras sociales sus labores, a valores “irrisorios”.

Aún sin respuestas a nivel local, ese petitorio buscaba reclamar derechos laborales a la vez que denunciar el ajuste y la violencia burocrática, y plantear algunas medidas que permitirían mejorar la calidad de su trabajo. Ahora, en el nuevo documento que buscarán entregar esta semana, también describen algunas situaciones puntuales que se repiten en torno a las obras sociales sindicales, estatales y prepagas que repercuten directamente no solo en la posibilidad de cobrar de quienes se desempeñan en el área sino también en los derechos de los pacientes con discapacidad.

Por ejemplo, en torno a las obras sociales sindicales -reguladas por la Superintendencia de Servicios de Salud-indicaron que en Osuthgra se autorizan menos sesiones que las que indican las órdenes médicas de los pacientes y que, incluso, la obra social debe pagos de prestaciones desde el año 2020, con todo lo que eso implica en términos inflacionarios. En otros casos como Ospedyc, por ejemplo, denuncian que aún no se autorizaron las prestaciones presentadas en febrero.

No solo los pagos atrasados de honorarios son una constante, sino también el hecho de que se trate de valores desactualizados. A eso se suman las tareas de las y los profesionales que ni siquiera tienen un valor orientativo regulado por el nomenclador del gobierno nacional, como el caso de acompañantes terapéuticos: graficaron que, en el caso de la Obra Social de los Docentes Privados (Osdop) se abona su hora de trabajo a 544 pesos, en tanto que la Obra Social de Personal Marítimo lo hace a 350 pesos, Jerárquicos de Bancos Nacionales, a 321 pesos, y PAMI, a 240 pesos.

(Foto: archivo / Qué digital)

En cuanto a las estatales, por ejemplo, señalaron que -entre otras irregularidades- IOMA también autoriza menos sesiones de las necesarias y que, si bien los profesionales de la salud acceden a ofrecer esas sesiones, en muchos casos las mismas no son reconocidas, entonces no perciben el pago que les corresponde por haberlas brindado tal como lo requirieron las órdenes médicas.

En cuanto a las prepagas -también reguladas por la Superintendencia-, indicaron que en casos como Medifé, al no enviar las facturas a la Superintendencia, se saltean meses enteros que “nunca se cobran“. En Galeno, como en Thema, todavía no se registraron pagos de trabajos realizados este año.