Paro, marcha y más reclamos de prestadores: “Discapacidad está en emergencia”
En sintonía con las medidas de fuerza a nivel nacional, prestadores de Mar del Plata llevaron sus reclamos a la Superintendencia de Salud.
En el segundo día del paro de actividades por 48 horas, prestadores de servicios de salud del área de discapacidad llevaron sus reclamos a la puerta de la Superintendencia de Servicios de Salud en Mar del Plata. El conflicto por las condiciones laborales del sector -que impacta también en los derechos de las personas con discapacidad- viene desde hace años pero se acentuó en los últimos días a nivel nacional y local ante una “realidad precarizada” y a partir de los últimos aumentos anunciados. “Discapacidad está en emergencia”, alertaron esta mañana.
El viernes comenzó para las y los prestadores de salud del área de discapacidad con una movilización hacia la Superintendencia de Servicios de Salud ubicada sobre 25 de Mayo entre Catamarca e Independencia. “Nuestra precarización es tal, que hace ver que el sector de discapacidad está en completa emergencia y año tras año se destinan menos fondos para políticas para este sector”, lamentó una de las trabajadoras.
Como una situación que vuelve a repetirse, el conflicto se desató días atrás a partir de los últimos aumentos anunciados para el sector -hasta ese entonces no oficializados- pero sobre todo en torno a sus condiciones laborales históricas: con demoras en los pagos de hasta 120 días, obligaciones tributarias anticipadas y falta de reconocimiento profesional y de derechos básicos como vacaciones o licencias por maternidad.
El aumento salarial, anunciado por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) para las personas que se desempeñan en el sector, fue del 4,5% para mayo -cuya facturación se realiza en los primeros días de junio- y del 5% en junio a facturarse en los primeros días de julio y que se cobrará, tentativamente, en octubre.
“Venimos recibiendo aumentos muy por debajo del valor inflacionario. Pero en el contexto actual, con una inflación del 112% en el último año y del 7,8% en mayo, nosotros recibimos un aumento del 4,5%. Nuestro salario queda devaluado al porcentaje inflacionario de mayo pero no solo eso, sino que queda devaluado al propio mes porque cobramos recién entre 90 y 120 días después“, explicó en diálogo con Qué digital Jesica Machado, prestadora de salud en discapacidad en Mar del Plata.
De esa manera, sostuvo que bajo una proyección del 8% de inflación mensual con un “aproximado del 35% y de un aumento (en el sector) del 4,5%, los salarios siempre quedan devaluados, licuados“. A su vez, profundizó en el arrastre de esa pérdida de valor salarial a partir de la ausencia de aumentos a lo largo del 2020.
Y en esa misma línea, apuntó contra uno lo de los reclamos centrales de las y los prestadores de salud: ser incluidos en las negociaciones paritarias. “Nuestras paritarias, en donde se definen nuestros honorarios profesionales, las llevan adelante un grupo de personas que no sabemos quiénes son, que está compuesto por centros categorizados y gente en representación de la Andis, pero no sabemos a qué intereses responden“, remarcó Jesica al comparar la situación con el cierre de paritarias de otros sectores que “ninguno baja del 30%”.
“No entendemos por qué consideran que profesionales tan formados como los que brindamos servicios de discapacidad podemos obtener un aumento del 4,5%. Discapacidad está en emergencia. Lo venimos mencionando desde el año pasado pero no es desde el año pasado. Venimos arrastrando muchas cosas: nuestros honorarios personales, la reducción de los tratamientos de los pacientes y su calidad porque no solo nos tocan a nosotros como trabajadores, también repercute en nuestros pacientes”, describió.
En ese sentido, durante la jornada de este viernes en medio de un plan de lucha nacional en el que podrían definirse nuevas medidas, las y los prestadores de Mar del Plata reclamaron a la Superintendencia de Salud y a la Andis la regulación de los entes a través de los cuales se brindan servicios de discapacidad (obras sociales), el cobro a mes vencido como en la mayoría de los sectores y “beneficios propios de las y los trabajadores”, es decir, derechos laborales como licencia por maternidad o enfermedad, vacaciones y aguinaldo, por ejemplo.
“Necesitamos políticas destinadas a pensar el sector de la discapacidad no como un gasto, sino como una inversión. Tenemos pacientes que no tienen autorizados sus tratamientos o la cantidad de sesiones por las obras sociales sin ningún tipo de justificación o que al día de hoy no tienen transporte porque cada día hay menos transportistas por las condiciones laborales y los honorarios que perciben”, cerró Jesica.
