Demoliendo patrimonio: piden que se apliquen sanciones
La demolición de la residencia situada en avenida Libertad 3459 provocó el repudio de vecinos y de la organización MDP a+u, cuyo titular solicitó que se cumpla con la normativa vigente.
A principio de año comenzó la demolición. Los vecinos del chalet ubicado en avenida Libertad 3459 encendieron el alerta y desde la ONG Marplatenses Defensores del Patrimonio Arquitectónico y Urbano (MDP a+u) orientaron el reclamo ante el Municipio, porque se estaba incurriendo en una doble falta: por un lado no había cartelería que avalara la obra, y por el otro se estaba tirando abajo un inmueble protegido por ordenanza. Lejos de detenerse, la demolición continuó y hoy quedan apenas las paredes.
Cristian Andreoli, presidente de la organización MDP a+u, mencionó que los primeros trabajos en la residencia de Delfina B. de Grattarola fueron advertidos el 6 de enero. Ante ello, recomendaron presentaciones ante Planeamiento Urbano y Obras Privadas. Porque se estaba demoliendo un inmueble preservado por la ordenanza 10.075 (y modificatorias), y además se trataría de una obra sin autorización como la que debe solicitar cualquier vecino para una obra privada. Esto derivó en inspecciones y una presentación ante el Tribunal de Faltas Nº5.
Sin embargo, sin ningún control de parte del Municipio –que fue advertido por los propios vecinos de lo que estaba sucediendo a apenas cien metros de una dependencia municipal como Tránsito-, la demolición continuó y ya casi no queda parte de la cubierta ni carpintería. Esto llevó a una reiteración del reclamo que se concretó este miércoles.
“Si bien no fue el primer caso que tuvimos que denunciar, fue el más grave por el modo de accionar”, sostuvo Andreoli. Enseguida recordó la extracción de árboles del inmueble situado en Belgrano y 20 de Septiembre, y las afectaciones a los chalets de Punta Iglesia y Boulevard y avenida Colón. “Son acciones a plena luz del día, a ojos de todos los marplatenses, menos de las autoridades que deben cuidar esos lugares”, cuestionó el arquitecto.
“Hay un dejar hacer, que va en sintonía con las constantes excepciones que se otorgan”, añadió Andreoli, quien cuestionó el desarrollo inmobiliario y el interés de los propietarios de sacar un lucro con bienes que son patrimonio de la ciudad.
El titular de MDP a+u sostuvo que existe un “descontrol total” en este sentido, y remarcó que “no se trata de un hecho aislado”, de acuerdo al trabajo que vienen realizando desde hace cuatro años en Mar del Plata.
SANCIONES
Andreoli pidió que se apliquen las sanciones correspondientes. Por un lado, por realizar una obra sin autorización, como la que se exige a cualquier vecino o empresa que realiza una obra particular. Pero también se exijan las restricciones, de acuerdo a la normativa vigente, sobre lo que se hará en ese lote a futuro. El arquitecto recordó, por ejemplo, que deberán construirse allí la misma cantidad de metros que estaban edificados, y dio cuenta
Pero también está estipulado en el artículo 21 bis de la ordenanza 10.075 -que establece el Código de Preservación Patrimonial- que en caso de demolición total o parcial de los inmuebles preservados, se aplicarán importantes recargos. Los derechos por demolición se incrementarán un 2000% en relación a los establecidos en la Ordenanza Impositiva; los derechos de construcción de cualquier nuevo inmueble que se construya en el mismo lugar se incrementarán en un 1000%; y la tasa de alumbrado, limpieza y conservación de la vía pública del nuevo inmueble se incrementará en un 25% por un periodo de cinco años. El dinero que se reúna de las sanciones aplicadas irán a un Fondo para la Preservación Patrimonial, cuyo fin es dar cumplimiento a los objetivos del Código.
BARAGIOLA PIDE EXPLICACIONES
La concejal radical Vilma Baragiola visitó el lugar para constatar la situación actual del inmueble protegido por ordenanza y cuestionó que “desde los organismos municipales nada se ha hecho para controlar que no se avanzara en la destrucción de parte de la identidad edilicia cultural de la ciudad”.
Ante ello, solicitó al Ejecutivo explicaciones: pidió conocer el dominio de la propiedad actualizada; si dentro de las áreas correspondientes se han iniciado actuaciones administrativas tendientes a la demolición de la casa; qué dependencia debía controlar el cumplimiento de la clausura preventiva de la obra dictada el 7 de enero –después de la denuncia de los vecinos- y cuáles fueron las acciones implementadas en ese sentido; y por último, pidió saber cuáles fueron las acciones encaradas para la preservación del bien, tanto administrativas como judiciales si correspondieran.
