La Cooperativa Obrera aseguró que la nueva sucursal cumple con la ley
Respondió los cuestionamientos de la UCIP y afirmó que no está contemplada en la regulación destinada a las grandes superficies comerciales.
Tras la presentación ante Justicia realizada por la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP), la Cooperativa Obrera salió a responder sus cuestionamientos y aseguró que está en cumplimiento con la ley en torno a la apertura de una nueva sucursal en Mar del Plata ya que por su figura legal no está comprendida dentro de las normativas que regulan a las grandes superficies comerciales.
El conflicto se desató meses atrás cuando la UCIP de Mar del Plata, al igual que lo hizo años atrás con la multinacional Carrefour, salió en busca de frenar la instalación de una nueva sucursal de supermercado de la Cooperativa Obrera al sostener que la cadena ya cuenta con la cantidad máxima de locales que habilita la normativa vigente.
En ese marco, desde la UCIP iniciaron acciones judiciales para intentar frenar la instalación de una nueva sucursal en Dellepiane y Vértiz que se sumaría a las cuatro existentes (Constitución al 6500, Alberti 1800, Fortunato de la Plaza 3400 y en Batán), por fuera del límite establecido en la ordenanza N°18.788.
Y aunque el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°2 rechazó el pedido de una medida cautelar para suspender las obras, la UCIP, en tanto, apeló la decisión y el expediente pasó a la Cámara en lo Contencioso Administrativo para que analice la situación.
A su vez, este martes el Juzgado de Garantías N°2 declaró la admisibilidad del amparo interpuesto y ahora, a través de esa intervención judicial, esperan que la Municipalidad expida información en torno a la titularidad de la obra del predio denominado “Único Vértiz”, considerando que la UCIP afirma que esos datos le fueron negados en distintas ocasiones.
En ese marco, desde la Cooperativa Obrera salieron a responder que la empresa está controlada democráticamente por sus asociados, en base a las normativas que regulan a las cooperativas, en donde los excedentes anuales se reparten entre ellos en estricta proporción, “lo que califica su especial naturaleza basada en las personas y los servicios, y no en el lucro”, consideraron.
“Esta diferencia ha sido reconocida por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y por las normas derivadas, así como por las autoridades competentes, lo que se traduce en la no aplicación de la ley ni la ordenanza que regulan las grandes superficies y en un tratamiento tributario acorde a su naturaleza”, sostuvieron desde la Cooperativa Obrera y afirmaron que, entonces, están en cumplimiento con la legislación nacional, provincial y municipal vigentes respecto a la nueva apertura.
El punto de disputa se central, por un lado, en la ordenanza 18.788 que regula la localización, instalación y habilitación de establecimientos de venta de productos alimenticios y que prevé que “la cantidad máxima de locales que podrán instalarse por cadenas de distribución en el Partido de General Pueyrredon no podrá ser en ningún caso superior a tres”.
A su vez la ley provincial 12.573 contempla que “las cadenas de distribución deberán regirse de acuerdo a la siguiente relación entre número de locales y población total del municipio” y así fija el límite de tres locales en poblaciones de más de 300 mil habitantes.
Sin embargo, ya como parte de la primera acción judicial impulsada por la entidad empresarial, desde el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°2 habían reparado en que propia UCIP reconoció que el Ministerio de Producción bonaerense “ha interpretado que siendo cooperativa no estaría abarcada por el objeto comercial típico de la Ley 12.573 y que, en razón de ello, no tendría topes para la apertura de locales”, en línea con la respuesta pública brindada ahora por la Cooperativa Obrera.
Desde allí, a su vez, remarcaron que desde su fundación en 1920 “presta sus servicios en varias localidades, generando miles de puestos de trabajo de calidad, de los cuales 140 son en General Pueyrredon, a los que se suman otros 45 en la nueva sucursal“.
“La Cooperativa Obrera es a menudo tomada como empresa testigo por su política de precios en productos de la canasta familiar y por su efecto regulador de precios contra práctica monopólicas y abusos en las ciudades donde opera. La cooperativa tributa regularmente todas las tasas que establecen los municipios, así como el IVA, la contribución especial sobre el patrimonio de las cooperativas y el impuesto sobre los ingresos brutos en las ventas a terceros no asociados”, concluyeron a través de un comunicado.
