Un gatillo fácil cada 23 horas: “Ni un pibe menos ni una bala más”
Mar del Plata se sumó a la cuarta Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, que incluyó además una radio abierta. En 2014 la estadística marcaba un caso cada 28 horas: “Es una tendencia que crece con impunidad”.
El 5 de enero de este año Matías Ordóñez, de 16 años, murió de un disparo al enfrentarse con la policía en el barrio Libertad de Mar del Plata. El 5 de julio Facundo Gómez, de 15 años, falleció tras ser baleado por un efectivo policial al que habría intentado asaltar a pocas cuadras del Hospital Interzonal. Sus casos estuvieron presentes en la cuarta Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil en Mar del Plata, como también Romina, tía de Rodrigo Correa, de 17 años, asesinado en 2017 por un policía del Partido de San Martín y Blanca, mamá de Federico Taja, asesinado en Balcarce en 2011 por otro uniformado.
“Hace 3 años y 8 meses cuando me empecé a organizar con el caso de Thomás las estadísticas marcaban que había un pibe menos cada 28 horas; hoy, con el gobierno de Macri y la ‘doctrina Chocobar’ hay un pibe cada 23 horas, es una tendencia que crece con impunidad”, contó Yésica, una de las organizadoras y hermana de Thomás Pérez, muerto el 19 de diciembre de 2014 en Mendoza y Gascón a manos de un policía de civil.
En Mitre y San Martín, frente a la Catedral de Mar del Plata, familiares de víctimas de casos de gatillo fácil, organizaciones sociales, estudiantes y vecinos fueron a acompañar la convocatoria de esta cuarta marcha, que comenzó con una concentración y siguió con una movilización, bajo las consignas “Ni un pibe ni una piba menos, ni una bala más”, “No a la doctrina Chocobar” y “El Estado es responsable”.
Cerca de las 18 los presentes se encolumnaron detrás de la bandera central con estas consignas y entre carteles con las fotos y los nombres de jóvenes, en buena parte menores de edad, asesinados a manos de las fuerzas policiales.
“Estamos reclamando por los derechos de los pibes que ya no están y por los que están y les vulneran sus derechos, porque siempre los pibes más vulnerables son los de los barrios, los morochos, siempre por apariencia”, apuntó Yésica Pérez.
El caso de su hermano Thomás ocurrió el 19 de diciembre de 2014, cerca de las 14 en Mendoza y Gascón, cuando el policía de civil Santiago Pérez que estaba a bordo de su moto Honda Tornado fue abordado por dos adolescentes, los hermanos Thomás y Leonardo Pérez. Allí se generó “un cruce de palabras, en el que los jóvenes intentaron robarle la moto, lo amenazaron con un arma de fuego. El policía Pérez desenfundó su pistola reglamentaria y efectuó al menos 4 detonaciones, una de ellas impactó en el muslo de Leonardo -que iba como acompañante- y otra en el abdomen del conductor -Thomás- y provocó su muerte”.
En la previa de la movilización, que llevó por las calles del centro de la ciudad las consignas de esta marcha nacional en contra del gatillo fácil, se realizó también una radio abierta en San Martín y Mitre donde algunos familiares compartieron sus historias personales y su lucha para conseguir justicia y evitar nuevos casos.
Dos de las mamás que hablaron a través del micrófono fueron Romina y Blanca. La primera, tía de un adolescente de 17 años que fue asesinado en julio del 2017: Rodrigo Correa recibió un tiro en la cabeza que efectuó un policía en el partido de San Martin. La segunda, Blanca habló de lo que le hicieron a su hijo, Federico Taja, también de 17 años, quien falleció en Balcarce luego de que el policía Waldemar Chazarreta apretara el gatillo.
De acuerdo a los datos relevados por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) -que estuvo presente en esta 4° Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil”, en Argentina cada 23 horas una persona muere en manos de las fuerzas de seguridad del Estado. Según la misma fuente de datos, en el 2014 asesinaban a un joven cada 28 horas.
Los números muestran que los casos de gatillo fácil van en aumento como así también los casos de represión. A la par, explicaron los presentes, crece “la estigmatización y el amedrentamiento” contra los familiares que se organizan para defender los derechos de los que ya no están y los de aquellos que “por su apariencia son vulnerados institucionalmente y por los aparatos represivos”.
