El asentamiento de la zona sur, entre la cara turística y la de la falta de servicios básicos.
El Registro Nacional de Barrios Populares, tras su última actualización, incluye un total de 71 asentamientos de Mar del Plata y Batán entre los que se encuentra el ubicado en San Jacinto, donde la articulación entre distintos gobiernos se hace clave no sólo para garantizar la urbanización sino para proveer de servicios básicos mientras se gestiona la posibilidad de tener finalmente una vivienda digna.
A pesar del sostenido crecimiento demográfico de los últimos años y la atención que pusieron en ella inversionistas inmobiliarios y comerciales, gran parte de la zona sur del partido de General Pueyrredon se caracteriza por la falta de servicios como agua y gas de red. Ese contraste entre un sector turístico costero y los barrios privados del oeste por un lado, y las necesidades habitacionales por el otro, se manifiesta en San Jacinto, barrio que se extiende desde la Ruta 11 hasta la avenida Jorge Newbery.
Es que mientras en las manzanas más cercanas a la costa se ubica un sector residencial de casas de verano, con calles asfaltadas e incluso gas de red, unas 15 cuadras adentro y no muy lejos de una exclusiva zona de countries, la realidad empieza a cambiar, los servicios empiezan a escasear y emergen otras necesidades elementales y básicas.
Entre esas realidades está el asentamiento de alrededor de 40 manzanas que, a partir del relevamiento de organizaciones sociales, fueron reconocidas por el Renabap como un barrio popular. Se trata de un núcleo urbano en torno al cual las 337 familias que lo habitan no pueden ser desalojadas por ley al tiempo que los gobiernos deben gestionar y ejecutar políticas públicas urgentes y necesarias para dotar a sus hogares de los servicios básicos que les permitan vivir con dignidad.
ACCEDER A SERVICIOS, ¿QUÉ SERVICIOS?
Mientras en áreas más urbanizadas es habitual que haya asentamientos que surgen en zonas deshabitadas, que luego son reconocidos y a partir de gestiones acceden a servicios de redes preexistentes, la particularidad del sur de Mar del Plata -más allá del barrio Alfar y de sectores puntuales de la Ruta 11- es que no hay redes, ni de gas ni de agua o cloacas.
Entonces se hacen necesarias importantes y onerosas obras de infraestructura para la extensión de los sistemas necesarios, aunque por su complejidad y transversalidad, no avanzan sino hasta obtener fondos nacionales e incluso internacionales que suelen financiar este tipo de obras, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
PERO, ¿QUÉ PASA EN EL MIENTRAS TANTO?
Mariela es militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos, una de las organizaciones que tiene base en el barrio y que, a su vez, impulsó el reconocimiento del asentamiento dentro del Registro Nacional: actualmente vive en un barrio cercano pero hace seis años que camina las calles de la zona. Al momento de reconstruir la historia del asentamiento, a partir de historias con las que se cruzó desde entonces, advierte que en su mayoría el sector más cercano a Jorge Newbery se formó a partir de la ocupación de terrenos fiscales por parte de familias que, ante la falta de políticas públicas para garantizar el derecho constitucional de acceso a la vivienda, solicitaron el servicio de luz y comenzaban el proceso para regularizar su situación.
En ese sentido, según datos oficiales de la Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (EDEA), en San Jacinto hay un total de 1.250 usuarios del servicio eléctrico, a los cuales se empezarán a sumar nuevos a partir de las gestiones de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) para el mejoramiento de viviendas y para regularizar las conexiones intradomiciliarias para algunas de las más de 300 familias que viven en el asentamiento y lo necesitan: actualmente, estiman, un 30% de las familias no tienen una conexión formal.
El acceso al agua, en tanto, sin la llegada de la red de Obras Sanitarias que termina hasta el momento en el barrio Alfar, y más allá de la proyección de la construcción de un nuevo acueducto para abastecer la zona sur-sur, actualmente depende de las propias familias. “Acá son todos pozos con bombeador, con perforaciones. La perforación te sale carísima y para la mayoría de los hogares es casi imposible”, aseguró Mariela.
Incluso, al tampoco haber redes de cloacas, las casas cuentan con pozos sépticos y las perforaciones para extraer agua deben ser todavía más profundas para disminuir el riesgo de consumir agua contaminada: entonces, el costo sube.
Una alternativa para tener agua, entonces, pasa por compartir perforaciones con vecinos. La otra, ir a buscar agua para consumo a los tanques vecinales que abastece Obras Sanitarias.
Es que, ante la falta de agua de red, OSSE dispone en distintos barrios de la zona sur, principalmente en aquellos cercanos a la red, la instalación y recarga de tanques comunitarios de más de mil litros. Puntualmente, en San Jacinto son tres y se recargan tres veces por semana: uno en la sociedad de fomento, otro en 433 bis y 8 bis y otro en 18 y 431, el más cercano al asentamiento si se tiene en cuenta que gran parte del mismo está ubicado desde la calle 24 hacia Jorge Newbery.
Desde la empresa aclaran que su instalación depende en primera instancia de la solicitud de la sociedad de fomento del barrio -eso explica la lejanía de los mismos, considerando la falta de articulación entre esa institución barrial y el asentamiento, al punto tal que desde el MTE aseguran que “los sacaron volando” cuando quisieron generar un vínculo- y, entre los factores, también mencionan la necesidad de que el estado de las calles sea óptimo para el acceso del camión.
“Es un tema ese. Es no ser escuchados, es la falta de organización vecinal, también. En Aquópolis, acá nomás, los vecinos se juntaron y ya tienen una perforación de bomba. Los tanques están más para la costa. Tenés que pedirle al vecino o tomar agua de pozo, no tenés otra alternativa acá”, lamentó Mariela.
Algo similar ocurre con el abastecimiento de gas ya que, según pudo saber este medio, un sector del barrio está incluido en la red que se extiende hasta sectores del barrio Los Acantilados, hacia la zona sur. El resto, en cambio, debe abastecerse a través de garrafas, con todo lo que eso implica en cuanto a logística y costos.
“Somos un barrio privado como Rumencó. Pero allá se les rompe la ruta y se la arreglan al toque, y acá nos privan de eso. Somos privados… de cosas. La idea es que pueda llegar el agua. Con el agua la idea es pelear de la mano de vecinos para que desde el Municipio se pueda gestionar la ampliación de la red y a partir de ahí sí la SISU garantice que el agua llegue al hogar como corresponde. Pero no te facilitan nada, hay trabas cuando se debería trabajar de manera articulada”, sumó.
También en cuanto a la calidad de vida de quienes habitan el lugar, Mariela describe la alta demanda que tiene el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Playas del Sur (Playa Serena) para atender a los numerosos barrios de la zona, la “deficiente” recolección de residuos y el arreglo de calles que, asegura, “tienen más movimiento en épocas de elecciones” y está directamente relacionado con la posibilidad de que lleguen tanques de agua, recolectores de residuos o ambulancias.
MEJORAMIENTOS COMUNITARIOS
La política de integración urbana de la SISU incluye además de mejoramientos habitacionales en los hogares de los barrios populares, el dotar al asentamiento de espacios públicos de calidad. Entonces, ante las dificultades para avanzar en torno a las redes de agua y gas, uno de los principales trabajos desde la sanción de la ley pasa por los espacios comunitarios.
Así, relató Mariela, se realizaron mejoras en veredas y también se equipó una plaza con playón y juegos en calle 431 bis y 28. “La única plaza que se hizo hasta el momento es la que ya se hizo ahí y esperemos contar con otra para pibes, pibas y para grandes también”, deseó.
En ese sentido, Mariela adelantó que los próximos objetivos de la SISU pasarán por financiar un salón de usos múltiples comunitario, un playón deportivo y garantizar instalaciones eléctricas de calidad para quienes vivan en el asentamiento desde el pilar hasta el interior de la vivienda. "Después se harán las veredas y el arbolado como una manera de empezar a urbanizar el barrio", indicó Mariela.
“Se está trabajando ahora en espacios comunitarios, como la plaza y lugares donde poder contener, ofrecer programas de finalización de estudios como el Fines y otras herramientas quizás no solamente a la gente adulta sino también a los chicos, como se viene trabajando desde hace años con el MTE, para que tengan otra alternativa, no anden en la calle y arrebatárselos a los transas, que es una de las luchas de las organizaciones sociales”, explicó haciendo referencia al espacio barrial que montó la organización en 433 y 22 y donde se instalaría el SUM.
Allí, en ese espacio de la organización y como una de las fijas en casi cualquier barrio en medio de la crisis, también funciona actualmente un comedor y merendero, de lunes a viernes con el reparto de 120 viandas. Pero es solo uno de los que funciona ya que sobre la costa también se encuentra el Comedor Pucará, el Frente Darío Santillán y dentro del asentamiento hay un merendero de Cáritas, frente a la plaza equipada.
“ESTO SE PELEÓ EN LA CALLE”
Las organizaciones sociales fueron un pilar fundamental en esta política partiendo desde las manifestaciones como también desde su propio rol activo al momento de realizar los relevamientos vecinales.Si bien Mariela lamenta que aún falta más organización para seguir consiguiendo avances, remarca que la Ley de Barrios Populares y su actualización de 2022 “se peleó en la calle”.
“No es que vino alguien de arriba a decir ‘bueno, vamos a hacer una Secretaría de Integración’. Fue la necesidad la que nos hace pelear, buscar y salir a la calle. Me gusta concientizar porque esto se peleó en la calle: de pronto esos negritos de mierda que vos veías hoy abrieron la posibilidad de que tu barrio vaya a ser urbanizado. Si vivís en una zona más o menos es difícil que puedas entender lo complicado que se vuelve salir cuando llueve, o que las ambulancias no entren”, destacó Mariela.
Esa pelea no terminó, ya que según Mariela todavía “se hace un esfuerzo tremendo” para conseguir mejoras habitacionales o la llegada de programas que permitan mejorar las condiciones de vida en los hogares. “Es un barrio que tiene que tener los derechos de cualquier barrio formal pero no los tiene. No es que se nos ocurre pelear por eso. Es un derecho. El gas si llega lo hará en 20 años pero mínimamente garantizar el agua potable, la electricidad para tener buenas conexiones y evitar tragedias. Termina siendo un lujo tener un baño con ducha, con agua caliente, para quienes no siempre hemos tenido esa posibilidad, y no debería ser así”, finalizó.
