Rechazan la excarcelación del detenido por amenazar a Macri
Lo dispuso el juez federal Santiago Inchausti. Néstor Ariel Rivera está acusado por amenazas anónimas, intimaciones públicas y actos discriminatorios por lo que podría corresponderle una pena de entre tres a quince años de prisión.
El hombre de 37 años que fue detenido este lunes por la Policía Federal acusado de amenazar al presidente de la Nación, Mauricio Macri, a través de una cuenta de Twitter continuará en prisión ya que el juez Santiago Inchausti negó el pedido de excarcelación hecho por la defensa al considerar que existe riesgo procesal. Néstor Ariel Rivera está imputado por amenazas anónimas, intimaciones públicas y actos discriminatorios, delitos por lo que podría corresponderle una pena de entre tres a quince años de prisión.
El juez Inchausti, a cargo del Juzgado Federal N° 3, rechazó el martes la excarcelación de Rivera luego de que durante la declaración indagatoria el defensor oficial Nicolás Sieghart pidiera que su defendido quedara en libertad mientras avance el proceso.
Al acusado y a su pareja se los investiga por “intervenciones en las intimidaciones públicas y frases amenazantes” a través de las redes sociales Twitter y Facebook contra el presidente Macri, la vicepresidenta Gabriela Michetti; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la gobernadora María Eugenia Vidal, como así también por la comisión de actos discriminatorios contra la comunidad judía.
Tras la detención de Rivera concretada el lunes, el defensor oficial argumentó que “no existen constancias en el expediente que hagan presumir la peligrosidad procesal, es decir, que pueda llegar a entorpecer las siguientes investigaciones”. Ante ello, el fiscal Nicolás Czizik dictaminó en contra la de petición efectuada, y sostuvo para ello que hasta tanto se verifique al menos preliminarmente el contenido del material digital secuestrado, no debería concederse la excarcelación ya que no resulta posible dimensionar en su real extensión las amenazas investigadas.
En ese sentido fue la resolución del juez que entendió que la excarcelación no debe concederse en esta instancia.
Los hechos que se le imputan a Rivera son amenazas anónimas -que prevé una pena de tres a seis años-, intimaciones públicas -pena de dos a seis años- y actos discriminatorios -pena de un mes a tres años-; todas realizadas en reiteradas oportunidades, por lo que podría corresponderle hasta una pena de entre tres a quince año de prisión. Eso fue remarcado en su resolución por Inchausti al sostener que “supera el límite de ocho años impuesto para lo concesión de la excarcelación o exención prisión”.
“Las frases intimidantes, amenazantes y discriminatorias, al haber sido reiteradas, sucesivas y de gran divulgación, conllevaron a una gran movilidad por parte del aparato estatal a los fines de conocer qué persona se encontraba detrás del seudónimo investigado”, destacó el juez y sostuvo en línea con el fiscal que es “imprescindible” el análisis de elementos secuestrados (computadora, pendrive, teléfonos celulares) “para saber si ha participado junto a otra u otras personas en ello, como así también cuál era el propósito final buscado”.
