Advierten que Milei desfinanció políticas de prevención del consumo problemático
En el marco del Día Mundial contra las Drogas, desde la Defensoría del Pueblo bonaerense apuntaron hacia el gobierno nacional por congelar partidas.
Tal como advertían desde los dispositivos que abordan la situación en Mar del Plata, desde el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo bonaerense advirtieron que el gobierno de Javier Milei desfinanció partidas presupuestarias destinadas a la prevención del consumo problemático.
En el marco del Día Mundial de Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas que se conmemoró este 26 de junio, que este año llevó como lema “La evidencia es clara: debemos invertir en prevención“, la Defensoría emitió un comunicado en el que advirtió por el congelamiento de las partidas presupuestarias -tal como sucede en otras áreas vinculadas a la salud– y específicamente de aquellas destinadas a la “prevención, estadísticas e investigación sobre consumos problemáticos”, un programa nacional que depende de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar).
En ese sentido, y en línea a lo que plantean en Mar del Plata desde los dispositivos que abordan la problemática desde la prevención pero también desde los tratamientos asistenciales, el defensor del pueblo adjunto Walter Martello alertó por el riesgo de un aumento del consumo problemático como consecuencia directa del desfinanciamiento de las políticas de prevención, sobre todo ante un contexto de crisis económica y social.
En concreto, Martello aseguró, en base a datos oficiales, que la partida destinada al programa representa actualmente menos de un 10% del presupuesto de la Sedronar: es que tras la decisión del gobierno de no actualizar los montos destinados a esa política, la partida se mantiene desde 2023 –afirmó Martello- congelada en $544 millones a pesar de que la inflación acumulada sólo en lo que va del año hasta mayo llega casi al 72%.
Pero además, el defensor del pueblo bonaerense aseguró que en lo que va del año, ya se devengaron $409,5 millones de la partida asignada, es decir, casi el 80% del total disponible. “Hoy la política de prevención de adicciones es prácticamente nula, el desfinanciamiento es claro”, agregó Martello y mostró su preocupación por los niveles de consumo de cocaína y marihuana en Argentina respecto a otros países de América Latina.
“El Estado nacional no puede desentenderse. La situación actual exige una respuesta integral y multifacética. Las políticas públicas deberían centrarse en la prevención, que hoy está relegada, y en el abordaje coordinado. La alta prevalencia de uso de sustancias ilícitas representa un desafío significativo para la salud pública”, cuestionó el defensor del pueblo bonaerense.
¿Para qué sirve el programa de “prevención, estadísticas e información” de consumo problemático? Según describe la documentación oficial, se trata de una herramienta clave para el diseño de estrategias de abordaje en distintos ámbitos como el educativo, el comunitario, el laboral, los contextos de encierro, la situación de calle y la ruralidad.
El programa nacional, además, está encargado de la difusión, sensibilización, capacitación y formación en la prevención del consumo problemático de drogas y sustancias, además de sus prácticas sociales y representaciones simbólicas. También plantea, en términos de investigación, la medición no solo de los patrones de consumo sino también el análisis de condiciones de vida, acceso a derechos y los determinantes sociales que exponen a la persona al consumo.
Además de ese programa puntual, a través de la Ley N°26.934 el Estado tiene la obligación de prevenir el consumo problemático, brindar asistencia gratuita a las personas afectadas por adicciones e integrarlas socialmente bajo el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos (Iacop).
El congelamiento de la partida del programa de prevención de consumo problemático se da como un ítem más del plan que lleva adelante el gobierno nacional que apunta no solo a medidas regresivas en términos económicos sino también en términos sociales, con su correlato en el acceso a la salud, entre otros derechos vulnerados.
En los últimos meses, también fue foco de cuestionamientos el recorte en la entrega de medicación para pacientes en tratamiento oncológico, incluso con pacientes fallecidos como consecuencia, y en las últimas semanas desde la Red de Personas Viviendo con VIH/SIDA también mostraron su preocupación por la adquisición de medicamentos para los tratamientos antirretrovirales, sin certezas por parte del Ministerio de Salud de la Nación.
