Caso Nahuel Olmos: a un año de su detención, la familia resiste el archivo de la causa
Familiares y víctimas de represión estatal realizarán un acto el miércoles en Brown y Tucumán.
A un año de la detención por parte de personal de la subcomisaría Casino que terminó con una larga internación y la muerte de Nahuel Olmos y mientras resisten el archivo de la causa junto a la Comisión Provincial por la Memoria (COM), sus familiares y víctimas de violencia estatal realizarán un acto en Tribunales en reclamo de justicia. Será este miércoles desde las 11.
Fue el 19 de junio de 2023 cuando Nahuel Olmos, un joven cuidacoches de 27 años de la zona céntrica, fue aprehendido por personal policial. Según la reconstrucción preliminar, había protagonizado una pelea con otro hombre en Entre Ríos y Moreno.
Así, ante lo que en principio fue una contravención, Nahuel fue cargado a un patrullero y trasladado a la Subcomisaría Casino, ubicada a metros de la Rambla: de estar allí -bajo la custodia policial- salió en grave estado y dos meses y medio después falleció en el Hospital Interzonal.
Frente a la falta de certezas de los investigadores y la imposibilidad de que Nahuel cuente lo que pasó, lo sucedido tuvo desde el inicio distintas versiones: las dos policiales -que hablan de una “descompensación” y, también, que las lesiones neurológicas que sufrió Olmos fueron por un intento de suicidio dentro del calabozo con un buzo que en principio le habían quitado al momento de ingresarlo- y lo que afirma su familia, es decir, que fue torturado o que, como mínimo, no hubo un correcto abordaje policial de su estado.
Así, más allá de actuaciones también realizadas por la Fiscalía N°12 que tramita causas de violencia policial, lo cierto es que el fiscal a cargo de la investigación unificada de todo lo sucedido ese 19 de junio, Alejandro Pellegrinelli, de la Fiscalía N°5, ordenó el archivo de la causa a la que había caratulado como “averiguación de ilícito” al desestimar con los elementos reunidos algún tipo de responsabilidad de los efectivos de la subcomisaría.
Esa decisión, puntualmente, es la que los familiares están intentando revertir al sostener que no hubo una proactividad por parte de la fiscalía interviniente para llevar adelante medidas que permitan probar las versiones y las “contradicciones” que, afirman, se encuentran hasta en los libros de guardia.
En ese marco, desde la organización “Rompiente Corriente Antirrepresiva” invitaron al acto de este miércoles en Brown y Tucumán, que contará con corte de calle, olla popular y una radio abierta de 11 a 15 “como medida de acción para visibilizar y seguir exigiendo justicia en los tribunales de Mar del Plata”.
LA INVESTIGACIÓN, EL ARCHIVO Y LAS CRÍTICAS A LA FISCALÍA
En su rol de Mecanismo local para la prevención de la tortura, en abril desde la CPM habían presentado ante la Fiscalía General un petitorio en el que, además del desarchivo de la causa, pidieron que se designe una nueva fiscalía para retomar el trámite, con el objetivo de mantener la “objetividad” en la investigación por considerar que el accionar de Pellegrinelli “no supera el estándar de exhaustividad“: en ese caso, pidieron que sea puntualmente la Fiscalía N°12 dedicada a delitos como torturas y apremios ilegales, es decir investigaciones en las que suelen estar acusados funcionarios policiales.
En su presentación en busca de revertir el archivo de la causa, la CPM señaló que fue principalmente a partir de la versión oficial que Pellegrinelli desestimó las sospechas de tortura policial e incluso la responsabilidad de los funcionarios en caso de ser cierta la hipótesis del intento de suicidio. Sin embargo, para la CPM se trató de una resolución “arbitraria”.
Es que para la CPM, por ejemplo, utilizar los antecedentes de consumo problemático de Nahuel como salvoconducto para la actuación policial tal como lo expuso el fiscal, lejos de justificar las actuaciones, grafica las falencias en la intervención policial frente a una persona que estaría fuera de sí y bajo los efectos de sustancias: “Entendemos así que la no adecuación de la conducta de los efectivos a la normativa aplicable al procedimiento realizado el día 19 de junio de 2023, implica una inobservancia de las normas y, por lo tanto, un incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Además, apuntaron directamente contra la prueba utilizada del fiscal para llegar a sus conclusiones: “Observamos inconsistencias en los libros secuestrados de la dependencia policial que fueron omitidos en la resolución y que ponen un manto de sospecha sobre la plataforma fáctica descripta por el fiscal, que no es otra que la que surge de la versión dada por las distintas autoridades policiales”, cuestionaron.
Así, entre las distintas líneas de actuación de la Policía, señalaron como “llamativo” que la intervención judicial se diera mientras el joven es trasladado al hospital, una hora después de su ingreso a la comisaría, y no al momento de su aprehensión.
También hicieron énfasis en que el fiscal centró su hipótesis en el suicidio en contradicción con la propia versión policial asentada en el acta de procedimiento, donde hablan de una serie de “descompensaciones”, tal como los efectivos policiales le relataron al padre de Nahuel un día después. Se trata, además, de descompensaciones por las que tampoco se buscaron causas.
“Observamos que la versión investigada por el fiscal (suicidio) no es coincidente con la versión dada por los policías (descompensación), quienes a su vez dan otra versión a los médicos del SAME que se hacen presentes a los que les informan que el joven se había ahorcado con su propia ropa (hipótesis de suicidio)”, remarcaron y enfatizaron en que esas incongruencias no motivaron otra posible línea investigativa por parte del fiscal quien, en cambio, se abstuvo a una “hipótesis reñida”.
Entre sus conclusiones, desde la CPM apuntaron contra el desconocimiento de la normativa que rige el deber de la actuación policial ante personas con padecimientos mentales o consumos problemáticos, también la “construcción de una plataforma fáctica” por parte del fiscal para justificar el accionar policial incluso descartando aspectos que ponen en crisis la propia versión oficial.
En lo que respecta a la violencia estatal, en las últimas semanas hubo novedades en distintos casos de resonancia en Mar del Plata: por un lado, con la muerte de Nahuel Lagos, el joven que recibió una brutal golpiza tras ser aprehendido por personal de la comisaría octava de Batán, y con la condena a dos años de prisión en suspenso para el policía que increpó y provocó graves consecuencias en la salud de Ángel Ariztimuño.
