El jardín y la escuela Pinos de Anchorena cerraron sus puertas
Tras el traumático conflicto, 27 trabajadores quedaron en la calle. 130 familias deberán reubicar a sus hijos en otra escuela sin haber concluido el ciclo lectivo.
El jardín de infantes y la escuela Pinos de Anchorena finalmente cerraron sus puertas. Luego de varios meses de encontrarse sometidos a todo tipo de maniobras patronales, 27 trabajadores quedaron en la calle y 130 familias, obligadas a la angustiante búsqueda de una escuela para sus hijos, sin poder siquiera haber concluido el ciclo lectivo.
El Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) denunció desde un comienzo las irregularidades ante la Dirección provincial de Educación de Gestión Privada (DiPrEGeP) y exigió a la empleadora que se haga cargo de sus responsabilidades.
“Recorrimos todas las instancias posibles para que se presentaran en la escuela y regularizaran la situación de los trabajadores”, sostuvo Angel Guarás, secretario general de la delegación Mar del Plata.
“Lamentablemente, las únicas respuestas que se obtuvieron de la señora Margarita Hauser fueron, por un lado, la intimación a los docentes, que se encontraban dando clase, a la devolución del inmueble y por otro, el hecho de negar sistemáticamente su carácter de propietaria”, agregó.
Desde mitad de año se creó en torno a este establecimiento una incertidumbre muy grande para todos los miembros de la comunidad, atravesados por versiones encontradas sobre la realidad de la situación y de quiénes son los verdaderos dueños. “Es muy grave el hecho de que la educación pueda estar en manos de personas inescrupulosas que en cualquier momento del año decidan desvincularse de sus obligaciones, dejando a la deriva a docentes y alumnos”, agregó Guarás.
En el mismo comunicado sostuvo que esta situación preocupa porque las mismas personas que incurren en estas prácticas irregulares e ilegales, a menudo son propietarios de varias instituciones o vuelven a abrir nuevos colegios luego de llevar al cierre a otros.
“Creemos que únicamente una fuerte presencia del Estado con un criterio muy minucioso para autorizar la apertura, sumado al control permanente del funcionamiento, podrán prevenir situaciones que pongan en riesgo el servicio educativo. Seguiremos trabajando fuertemente para que no haya más casos como este, defendiendo las fuentes de trabajo y las condiciones en las que estudian los chicos”, concluyeron desde Sadop.
