Prestadores de discapacidad, entre maniobras “persecutorias” y atrasos en los pagos
Desde Prestadores Unidos MDP reclaman a la Superintendencia de Salud que audite los pagos y controle a las prepagas y obras sociales que ejercen “prácticas indebidas”.
Mientras persiste el estado de alerta por una posible desregulación del nomenclador que fija tarifas base, prestadores que brindan servicios de salud a personas con discapacidad de todo el país y también de Mar del Plata denunciaron nuevas irregularidades y atrasos en los pagos por parte de las obras sociales y prepagas. Con deudas en los pagos de marzo, pero en otros casos sin cobrar nada de lo trabajado a lo largo del 2024, reclaman a la Superintendencia de Servicios de Salud auditorías y controles por “prácticas indebidas” de “persecución”.
Desde hace tiempo, las y los trabajadores reclaman por las condiciones precarizadas en las que ejercen su trabajo con honorarios licuados frente a la inflación, aumentos insuficientes −el último fue de un 12% en abril−, pero también por los históricos retrasos en los pagos que se efectúan a 90 días o incluso más de haber prestado el servicio.
Y ahora, además de denunciar nuevos retrasos en los pagos de marzo pero también casos más extremos en los que las y los prestadores no cobraron aún ninguno de sus servicios efectuados a lo largo del 2024, desde Prestadores Unidos MDP salieron a denunciar que, como parte de lo que ya advertían tras la derogación del sistema de geolocalización, las obras sociales y prepagas comenzaron a realizar “maniobras de persecución disfrazadas de auditorías”.
“Esto es algo que no les corresponde, que no es legal y que viola la privacidad del acuerdo entre el profesional y el paciente”, explicó en diálogo con Qué digital Jesica, trabajadora del sector, ante las “auditorías” que, aseguran, comenzaron a ejercer sin ningún tipo de control obras sociales y prepagas.
“Son prácticas por fuera de la legalidad que lo único que hacen es incomodar a los profesionales y pacientes. El espacio de terapia tiene secreto profesional, por lo tanto no debería haber nadie que lo pueda violentar ni violar, tal como sucedió en la pandemia cuando nos pedían que grabáramos las sesiones”, graficó.
En ese sentido, desde Prestadores Unidos MDP repararon en lo que, desde el ámbito profesional, definen como el “encuadre” que tiene que ver con un acuerdo y el consentimiento familiar sellado para el servicio que se brinda: “Están violando los derechos de contrato. Nosotros ofrecemos un servicio privado que está tercerizado por las obras sociales, pero nuestro acuerdo es con la familia y la forma de auditar nuestro trabajo es con la firma de las planillas de asistencia“, plantearon.
“Es fundamental recordar que no somos sus empelados. Como profesionales que brindan un servicio, lo esperable es realizar la sesión y recibir el pago correspondiente en el momento. Por lo tanto, los profesionales hacemos un esfuerzo enorme por garantizar el acceso a la prestación porque somos quienes esperan tres, cuatro, cinco meses o más y muchas veces, por irregularidades de las entidades, no cobramos por nuestro trabajo”, denunciaron a través de un comunicado en torno a las condiciones en las que, históricamente, ejercen su trabajo.
Además, con el riesgo de una desregulación del nomenclador único que fija las tarifas base de sus servicios para las obras sociales y prepagadas, que implicaría que cada financiador coloque un valor a las prestaciones –dejando por fuera, de manera elitista, a quienes no pueden pagar ciertos valores–, desde el sector volvieron a reclamar por el cobro a mes vencido al denunciar los nuevos atrasos en los pagos que en los casos más extremos se reduce a no haber cobrado nada en lo que va del año.
En ese marco, reclaman a la Superintendencia de Salud que comience a auditar a las obras sociales por “prácticas indebidas”, no solo por la retención de fondos que, tal como exponían en otras oportunidades a este medio, generan ganancias para las entidades a lo largo de los meses, sino también por maniobras que definieron como “persecutorias” en detrimento de la privacidad de las personas con discapacidad y los propios prestadores.
(Foto: archivo / Qué digital)
