Un número de WhatsApp para que las trabajadoras de casas particulares conozcan sus derechos
Forma parte de una campaña desarrollada por un grupo de estudios de la Universidad con el objetivo de concientizar sobre los derechos de quienes trabajan en casas particulares.
Durante el mes de mayo, quienes trabajen en casas particulares tendrán la oportunidad de conocer sus derechos laborales a través de un número de WhatsApp habilitado por los grupos de estudios sobre Familia, Género y Subjetividades, y también de Trabajo, ambos pertenecientes a la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
En el marco del lanzamiento de una campaña gráfica de la Universidad que se propone concientizar sobre derechos laborales a personal doméstico, durante el mes de mayo se podrán hacer consultas al número 2235984379, vía WhatsApp. La idea de los organizadores es poner a disposición la línea alternativa a los canales oficiales de consulta para recibir consultar y responderlas, de manera personalizada y atendiendo cada situación particular, los martes y jueves.
De esta forma, buscan que las trabajadoras de casas particulares puedan chequear “información certera y actualizada” sobre sus condiciones de contratación y sus derechos laborales.
“El contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio intensificó situaciones de precarización y desprotección que esta iniciativa pretende prevenir y limitar, ofreciendo a las trabajadoras información sobre sus derechos. Aun entendiendo que no es condición suficiente, sí es necesaria para un diálogo en que no se vulneren derechos tergiversando o falseando información bajo los habituales argumentos de “mi abogado” o “mi contador” me dijo, que suelen utilizarse como cita de autoridad para negar derechos a las trabajadoras”, explicaron los organizadores.
En ese sentido, recordaron que si bien desde el año 2013 quienes se desempeñan en casas particulares con tareas domésticas de forma remunerada cuentan con una ley “que ha avanzado en el reconocimiento de derechos laborales históricamente negados”, en la realidad no se garantiza el cumplimiento de la misma. La norma, insisten, “habilita un instrumento que se convierte en derecho de la mano de la información”.
