Confirman que licencia del joven que mató a policía es trucha
Para la Justicia, el registro de conducir de Lucas Carnero lleva “el vicio de ser ideológicamente falso”. Lo habría pagado entre $500 y $800 y fue extendido por la autoridad administrativa “sin haberse sometido a las examinaciones”.
A poco más de un mes de la muerte de Fabián Mendiola -el subteniente de policía que falleció tras ser atropellado por un joven que intentó esquivar un control de alcoholemia– finalmente la Justicia confirmó que la licencia de conducir de Lucas Carnero fue obtenida de manera ilegal en el marco del negocio de comercialización de carnets de conducir que funcionaba en el Distrito Descentralizado El Gaucho y por el que fueron imputados empleados municipales, con el por entonces jefe del área de Licencias, Juan Carlos Belmonte, a la cabeza.
Tal y como adelantó QUÉ -y según consta en el informe elaborado por el Cuerpo de Ayuda Técnica a la Instrucción (CATI), a cargo de Javier Pettigiani, a pedido de la Fiscalía de Delitos Económicos- si bien la Licencia Nacional de Conducir otorgada el 28 de agosto de 2013 por la División Licencias de Conducir del Municipio de General Pueyrredon a Lucas Gabriel Carnero es un documento público materialmente auténtico, el mismo lleva “el vicio de ser ideológicamente falso merced al deliberado incumplimiento de los requisitos estatuidos para su obtención y por resultar ser además, el producto final de una concatenación de conductas ilícitas por parte de los funcionarios y empleados administrativos que intervinieron en su tramitación”.
En concreto, los investigadores entienden prima facie que si se tiene en cuenta que el registro es el reflejo del cumplimiento de los requisitos legales, la habilidad y la aptitud física que tiene una persona determinada para el manejo, “queda en evidencia que ello no habría ocurrido en el caso del de Carnero toda vez que su licencia habría sido extendida por la autoridad administrativa sin haberse sometido -al menos- a las examinaciones teóricas y prácticas obligatorias pertinentes”.
“Al no haber cumplido con los requisitos formales estatuidos, como así tampoco demostrado efectivamente sus habilidades y capacidades físicas para el manejo, cabe concluir que la licencia resultaría ideológicamente falsa pues la misma da por ciertos hechos que jamás ocurrieron en la realidad, resultando de ello un claro baldón al espíritu de las leyes reguladoras del tránsito vehicular y a la Administración Pública”, se indica.
LOS ARGUMENTOS DE LOS INVESTIGADORES
En cuanto a los argumentos que brinda el CATI para justificar su afirmación, se explica que para poder investigar se debió indagar las circunstancias que se reflejan en el soporte físico dado que el nombre de Carnero no figura en el listado de 7031 personas presentado como auditoría por parte de las autoridades municipales, a pesar de que el trámite se concretó en el período que fue analizado por la Justicia, es decir entre el 23 de septiembre de 2011 y 7 de abril de 2014.
En concreto, la licencia de Carnero lo habilitaba para manejar ciclomotores y automóviles. Sin embargo, los investigadores detectaron irregularidades en ambos sentidos. En cuanto a lo primero, en la hoja de ruta firmada por la examinadora Verónica Benedetti –imputada en la causa por las licencias truchas- se asegura que el joven rindió y aprobó el examen práctico con una moto cuyo dominio, según pudo ser constatado, “a la fecha de la supuesta evaluación de manejo el vehículo en cuestión, no solo se encontraba en poder de otro ciudadano sino que además estaba desarmado, resultando en consecuencia imposible que haya sido utilizado por Carnero durante la evaluación práctica de manejo”.
En ese sentido, se afirma que la persona que es propietaria del vehículo declaró que nunca lo prestó ni lo alquiló a nadie para rendir exámenes en el Distrito Descentralizado El Gaucho y dijo no conocer a persona alguna de nombre Lucas Carnero. Y en cuanto a la injerencia de esta situación en lo investigado, para los integrantes del CATI “los examinadores integrantes de la banda utilizaban patentes conocidas -o en algunos casos directamente inventadas- a la hora de aprobar con sus firmas los exámenes prácticos supuestamente rendidos por los ‘clientes’ de la organización, circunstancia sobradamente acreditada en la causa en curso”.
Otro de los puntos tenido en cuenta por la Justicia a la hora de hacer su afirmación tiene que ver con que Carnero “no se encuentra dentro de la lista de 212 personas que el día 28 de agosto de 2013 tenían su turno programado en el Distrito Descentralizado El Gaucho por lo que no caben dudas que por alguna razón, su trámite efectivamente ingresó por fuera del circuito formal establecido administrativamente”.
Al respecto, se agrega que la razón por la cual la licencia de conducir pudo gestionarse de todas maneras el 28 de agosto de 2013 “podría encontrarse en las sugestivas comunicaciones telefónicas mantenidas entre el nombrado y el exexaminador Raúl Hernández -justamente uno de sus evaluadores- durante la jornada anterior y el mismo día del trámite”.
De acuerdo a la prueba aportada, las comunicaciones dan cuenta de la existencia de llamadas telefónicas y mensajes de texto entre los números de ambos. Incluso en uno de los mensajes rastreados, el joven investigado le pregunta a Hernández cómo puede hacer para sacar un registro.
Por su parte, su examinador lo tenía registrado en la agenda de contactos de uno de sus teléfonos celulares como “37178xxx Lic carnero lucas (d camaño)”, algo que para los investigadores tiene su explicación: el número representa el DNI, el “Lic” es por licencia y luego está el nombre. Ese teléfono celular en el que Hernández tenía agendado a Carnero es justamente el que utilizaba para llevar a cabo el emprendimiento ilícito.
Finalmente, el CATI advierte también que el joven -conforme lo asentado en la hoja de ruta por la entonces examinadora Viviana Beatriz Pared- aprobó el examen teórico con “80 puntos”, el mínimo exigido a tal efecto, “puntuación ésta que se repitió sistemáticamente en todos y cada uno de los trámites irregulares verificados en el marco de la investigación en curso”.
INDICIOS “GRAVES, PRECISOS Y CONCORDANTES”
Con todos estos elementos, para los investigadores “surgen indicios -graves, precisos y concordantes entre sí- para sospechar con bastante fundamento, que el ciudadano habría obtenido su licencia de conducir a cambio de una suma de dinero abonada ilegítimamente -entre $500 y $800- a favor de los funcionarios municipales, encontrándonos en la especie frente a uno más de los tantos casos vinculados a las maniobras delictivas llevadas a cabo por la organización delictiva que operó durante varios años en la División Licencias de Conducir”.
