Viernes 28 de febrero | Mar del Plata
¡Seguinos!
25/08/2015

Licencias: investigan a Iglesias y Alveolite por incumplimiento

Es en el marco de la pesquisa por la ilegalidad del carnet de conducir de Lucas Carnero, el joven que atropelló y mató a un policía. Se formó una causa en la que también se incluye a otros funcionarios que trabajaban en El Gaucho.

Licencias: investigan a Iglesias y Alveolite por incumplimiento
Iglesias, durante el allanamiento realizado por la Justicia en El Gaucho (Foto: archivo / QUÉ Digital)

Más allá del hecho de que cuando este año volvió a estallar el tema de las licencias truchas la Justicia decidió investigar la existencia de algún tipo de responsabilidad por parte de autoridades municipales de jerarquía superior al por entonces jefe del área, Juan Carlos Belmonte, en las últimas horas los investigadores formaron una causa contra el director general de Movilidad Urbana, Guillermo Iglesias, y el subsecretario de Control, Adrián Alveolite, por la posible comisión de delitos de acción pública, concretamente incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Según pudo saber QUÉ, la presentación fue efectuada ante la Fiscalía de Delitos Económicos Nº 10, en el marco del informe elevado en relación a la ilegalidad del trámite relativo al carnet de conducir de Lucas Carnero, el joven que atropelló y mató al subteniente de policía Fabián Mendiola cuando quiso esquivar un control de alcoholemia. Vale mencionar que cuando este medio dio a conocer la información preliminar, desde el gobierno municipal negaron la misma e incluso fue el propio Iglesias quien descartó categóricamente, en otros medios de comunicación, que existieran irregularidades en el trámite. Ahora, Iglesias es investigado por la Justicia.

En lo concreto, el Cuerpo de Ayuda Técnica a la Instrucción (CATI) –dependiente de la Fiscalía General- concluyó prima facie que ambos funcionarios habrían incumplido con las obligaciones y deberes impuestos a su cargo “al no haber adoptado medida positiva alguna desde la faz administrativa tendiente a revocar las 7031 habilitaciones para conducir de vehículos automotores que -conforme a la auditoría realizada durante la intervención del área dispuesta por el Ejecutivo- habrían sido otorgadas en forma irregular por la División de Licencias de Conducir durante el período comprendido entre el 23 de septiembre de 2011 y el 7 de abril de 2014”.

De acuerdo a esta afirmación, entonces, ambos contravinieron lo establecido por la leyes nacionales 24.449 y 26.363, la disposición 207/09 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la ley provincial 13.927.

EL PORQUÉ DE LA DENUNCIA

En cuanto a los argumentos que dan sustento a la presentación del CATI, los investigadores tienen en cuenta que el carnet de conducir de Carnero fue extendido durante el período de auditoría, por lo que su trámite “debió haber estado incluido entre las 7.031 personas que conforman la lista de ciudadanos que habrían obtenido la licencia de conducir en forma irregular, conforme a la nómina que fuera acompañada por los aludidos funcionarios municipales junto con la denuncia penal que diera origen a la investigación”.

“Sin embargo a pesar de las irregularidades que presenta su trámite -advertidas también por el actual jefe de la División de Licencias de Conducir al momento de su declaración en el marco de la causa en la que está imputado el joven- su nombre no está en la nómina”, se indica y se asegura que dichas circunstancias “tocantes a la auditoría realizada, a su método y a su seriedad ponen en dudas el resultado final de la misma”.

A su vez, para los integrantes del CATI esta situación deja también en evidencia “que la denuncia efectuada por Alveolite e Iglesias -en la cual solamente se limitaron a acompañar una impresión de ‘Power Point’ con datos generales y a indicar en forma desordenada más de 7000 nombres y números de documentos (muchos de ellos repetidos) sin señalar ni explicitar las irregularidades detectadas puntualmente en cada caso, como así también carente de una declaración precisa y definitiva del perjuicio fiscal irrogado– resultó ser nada más y nada menos que el producto de la improvisación y urgencia, vaya a saber con qué propósito”.

A su vez, desde el CATI consideraron que esta acción “deja en evidencia la inacción por parte de los citados funcionarios al no haber adoptado desde la faz administrativa medida alguna respecto de esas más de 7000 licencias que ellos mismos sindican como presuntamente irregulares, permitiendo que hoy en día los titulares de las mismas circulen por las calles y caminos de la ciudad y del país, lo que se traduce en un peligro potencial no solo para la seguridad de los terceros, sino también de la propia persona que -por la razón que fuere- no se encontraría capacitada, o al menos no habría demostrado sus condiciones en tal sentido, para manejar vehículos automotores”.

Incluso en la presentación, los funcionarios judiciales aseguran que más allá de la omisión de los funcionarios, esta inacción podría llegar en el futuro también a repercutir en un detrimento patrimonial del Municipio, “al colocarlo en una eventual posición pasiva frente demandas por daños y perjuicios que pudieran ocurrir ante situaciones que involucren a algún poseedor de licencias irregulares”.

En ese sentido también, para el CATI no es un dato menor que el listado de licencias irregulares que fue entregado por jefe de la División Licencias de Conducir no coincida con el aportado por Iglesias y Alveolite al momento de realizar la denuncia, pese a que debería hacerlo, dado que comprende el mismo período.

Y por último, los investigadores hacen hincapié en el grado de responsabilidad de los funcionarios en relación a la pesquisa general, cuando recuerdan que la cantidad de habilitaciones para conducir otorgadas en forma irregular “resultan ser el fruto de una asociación delictiva compuesta por ciudadanos y agentes municipales, que operó lucrando indebidamente con la emisión del documento durante varios años, con inusitados y obscenos niveles de impunidad; organización seguramente nutrida y favorecida por una evidente falta de control del área por parte de las mismas autoridades administrativas que hoy también se vuelven a mostrar inactivas frente a las circunstancias aludidas, pretendiendo agotar su responsabilidad en su improvisada presentación ante la justicia”.

UNA LLAMATIVA DESMENTIDA OFICIAL

En un tramo de su presentación, los investigadores mencionan que -más allá de la responsabilidad concreta de los funcionarios, de acuerdo a lo establecido en el marco de la ley- “no deja de llamar la atención el hecho que al día siguiente de la declaración del jefe de la División Licencias ante la Unidad Fiscal de Delitos Culposos en la cual dio cuenta de las irregularidades que a su entender presentaba el trámite, el director general de Movilidad Urbana, Guillermo Iglesias dio una entrevista al periodista Franco Bagnato (Radio Brisas) en la que contradijo en forma palmaria aquel funcionario al sostener textualmente: ‘No detectamos ninguna irregularidad en la licencia de conducir. No tenemos ningún elemento para decir que la licencia es irregular’”.

Ver más: , , , , , , , , , , , , ,