Madaho’s: pidieron investigar lavado de activos y evasión

La Fiscalía Federal N°2 solicitó que se analice si los dueños del prostíbulo -ya procesados por otros delitos- y otros empresarios realizaron maniobras para ingresar al mercado legal el dinero derivado de la explotación sexual.

03/08/2015
Madaho’s: pidieron investigar lavado de activos y evasión
(Foto: archivo / Prensa Fiscalía)

La Fiscalía Federal N°2 requirió al juez Santiago Inchausti que se investigue a los responsables del prostíbulo Madaho’s y a otras personas vinculadas económicamente a la empresa por los delitos de lavado de activos y evasión tributaria. Asimismo, solicitó el embargo de distintos bienes a fin de determinar si fueron producto de la explotación sexual de personas, por la que ya fueron procesados cuatro de los sospechosos y esperan la definición de la Cámara de Casación sobre si el delito imputado finalmente será trata de personas o explotación de la prostitución ajena.

A partir de la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y de la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (Ofinec) fueron individualizadas cuentas bancarias y bienes de los imputados, que fueron plasmados en un informe preliminar presentado al fiscal del caso, Pablo Larriera, que sirvió de base para su dictamen.

Entre los acusados por la fiscalía se encuentran los propietarios Mario Alberto Sasiain, Daniel Alberto Fay y Mario Lafalce y el encargado del lugar Darío Navarro –ya procesados en el marco de la investigación central- y otras personas que tenían vinculaciones económicas con las empresas que formaban parte del grupo que explotaba el prostíbulo. Entre ellas aparecen un hijo Fay, el gerente Horacio Rosetto y Alejandro Ferrarello, quien tenía a cargo el fideicomiso de la empresa al momento del hecho imputado.

En su presentación, el fiscal Larriera consideró que el delito investigado tiene como fin obtener beneficios económicos a partir del “aprovechamiento de la vulnerabilidad y necesidades de sus víctimas, demostrando una actitud de total desapego por la dignidad humana, lo cual, más allá de la aplicación de una pena, merece el desapoderamiento, por parte del Estado, de los bienes producto del ilícito”.

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