Todo Tartas: apartan a los dos agentes penitenciarios
Fueron pasados a disponibilidad preventiva los dos acusados de golpear a trabajadores. La medida fue dictada luego de una reunión entre representantes de la CTA y funcionarios del Ministerio de Justicia de la Provincia.
Los dos agentes penitenciarios acusados de formar parte de la patota que agredió a los trabajadores de la casa de comidas Todo Tartas mientras realizaban una protesta meses atrás fueron pasados a disponibilidad preventiva. Así lo anunciaron desde el Sindicato de Cadetes, Motoristas y Mensajeros (Sicamm), integrante de la CTA.
Según se informó desde la CTA, el auditor de Asuntos Internos del Servicio Penitenciario Bonaerense, Leonardo Tundidor, dispuso que los dos agentes, Emanuel Rivero y José María Urquijo, fueran pasados a disponibilidad preventiva, lo que implica que serán apartados de su actividad y gozarán sólo de medio sueldo.
La decisión fue tomada luego de una reunión llevada a cabo días atrás en La Plata entre integrantes de los gremios de ATE, Luz y Fuerza, Sicamm y CTA y funcionarios del Ministerio. En el encuentro, según explicaron desde Sicamm, varios dirigentes prestaron declaración sobre lo sucedido la noche del 28 de junio pasado. “Esta nueva recopilación de pruebas permitió a los funcionarios provinciales llevar adelante la disponibilidad preventiva”, precisaron.
“Desde la CTA consideramos esta medida como un gran avance ya que no sólo es un aporte fundamental para el esclarecimiento de los sucesos, sino que además es el paso previo e indispensable para lograr una imputación formal consistente en la sanción expulsiva de los agentes penitenciarios, medida que resultará ejemplar para quienes ostenten nuevamente la posibilidad de planificar este tipo de prácticas de represión tercerizada, propias de un pasado oscuro de la Argentina”, expresaron desde la organización a través de un comunicado.
El conflicto en la firma Todo Tartas se inició a fines de junio luego del despido de un trabajador, integrante de la Comisión Directiva del sindicato, lo que motivó el inicio de medidas de fuerza que provocaron otros dos despidos.
En el medio del cruce de acusaciones entre las partes, una patota de unos diez hombres –entre los que estarían involucrados los dos integrantes del Servicio Penitenciario- atacó a los trabajadores mientras protestaban y dos integrantes de la CTA terminaron internados. La Central de trabajadores apuntó al dueño Sebastián Britos y su abogado, Gabriel Merlassino, ya que, según aseguraron, los habían amenazado con que eso ocurriría. Además denunciaron “complicidad del comando de patrullas” por “liberar la zona”.
