Antes de que la Cámara Federal de Apelaciones resolviera revocar la medida cautelar, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) se había presentado bajo la figura jurídica de “amigo del tribunal” en el expediente del amparo que intentó frenar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. En ese marco, desde el organismo se refirieron a la actuación del polémico juez Alfredo López y afirmaron que su intervención en la resolución de la medida cautelar fue “de extrema gravedad” e hicieron foco en el “riesgo” que representó la misma para “la preservación del principio de división de poderes”.

Representado por los abogados Analía Mas y Emiliano Montini, el Inadi se había presentado como “amigo del tribunal” ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata en el marco del expediente en el que se tramitaba el amparo que buscaba impedir que las personas gestantes puedan ejercer su derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, consagrado en la ley 27.601 que aprobó el Congreso de la Nación el diciembre.

“Nuestro Estado de derecho no puede tolerar de ninguna forma que se cometan conductas discriminatorias en base a prejuicios de género, orientación sexual e identidad de género y/o su expresión, violando la obligación que asumió el Estado argentino, y por tanto sus funcionarios/as públicos/as, de respetar y hacer respetar el derecho a la igualdad”, expresaron desde el organismo al comunicar su presentación en el marco del expediente.

En el escrito, desde el organismo estatal habían cuestionado la legitimidad del demandante (Héctor Adolfo Seri) y fundamentalmente apuntaron contra la actuación del juez que dictó la medida cautelar en el marco del amparo cuestionando de raíz –al igual que lo hiciera la cámara– la resolución en términos jurídicos.

“La parcialidad con la que actuó el juez López surge prístina ya que a pesar de la ausencia de requisitos fundamentales otorgó al actor una legitimación inexistente, le dio al amparo el alcance de una medida colectiva –sin que hubiera sido así peticionada por Seri-, otorgó una medida cautelar totalmente distinta a la solicitada por el amparista y declaró la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley de Medidas Cautelares contra el Estado que tampoco fue solicitado por el amparista”, sostuvo la presentación.

Y consideró que todo ello “viola las garantías fundamentales del debido proceso legal”. Asimismo, el escrito reparó en que con una estrategia judicial y argumentativa similar fueron presentados desde que se sancionó la ley “una treintena de amparos solicitando la inconstitucionalidad de la Ley de IVE en distintas provincias y fueros, los
que fueron rechazados en su mayoría“.

Concretamente sobre el desempeño del juez López, desde el Inadi entendieron que “de la escasa argumentación vertida por el juez en su resolución se observa que la decisión judicial no obedeció a un planteo jurídico sino que es una respuesta dogmática basada en las convicciones religiosas del juez, que por muy respetables que puedan ser, no pueden ser impuestas a toda la ciudadanía, socavando el sistema jurídico”.

“Atento a que las creencias religiosas y su profesión pertenecen al ámbito privado, no resulta habitual que los/as jueces/zas manifiesten sus creencias en sus fallos ni resulta de interés para la ciudadanía”, sumó el Inadi y remarcó que ello “no resulta una confesión asombrosa ya que es de público conocimiento la militancia del juez cuestionado en contra de la ley que pretendió impugnar”.

En ese sentido, hicieron énfasis en las manifestaciones públicas del magistrado y señalaron que “el juez López emitió opinión sobre el resultado del proceso antes, durante y después de la resolución impugnada” e hicieron referencia a su creciente exposición en las redes sociales a través de las cuales abundan las descalificaciones y provocaciones hacia diversos colectivos y autoridades.

“La parcialidad en la que incurrió el Juez cuestionado responde a su evidente intención de imponer una determinada moral religiosa con relación al no acceso por parte de las personas gestantes al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”, afirmaron y concluyeron que “su actuación es de extrema gravedad, ya que pone en riesgo la preservación del principio de división de poderes, importa una violación al laicismo del Estado y a garantías y derechos fundamentales”.

Prácticamente inmediatamente después de la presentación formal del Inadi en el expediente, la Cámara Federal de Apelación se expidió en contra y revocó la medida cautelar que, impuesta por López el 7 de junio, había quedado sin efecto el 17 de junio por la intervención del Juzgado Federal N°2 de Mar del Plata a partir de un recurso de apelación del Estado nacional hasta tanto resolviera la Cámara. En su resolución, finalmente el tribunal superior se expresó en términos similares a los utilizados por la Fiscalía Federal al dictaminar en contra del fallo de López, principalmente por su carencia de legitimidad jurídica.