Abusos sexuales en la cárcel: captación, denuncias cajoneadas y naturalización
Esos son algunos de los elementos que para la fiscal Florencia Salas sobresalen de la investigación contra el jefe del área de Sanidad del Penal de Batán.
El jefe del área de Sanidad del Complejo Penitenciario de Batán, Juan Carlos Salas, está detenido desde este jueves acusado de abusar sexualmente de jóvenes internos a cambio de entregarles pastillas o drogas en una dinámica que para la fiscal del caso, Florencia Salas, se iniciaba con una captación de las víctimas en base a su situación de vulnerabilidad y que también incluía la existencia de denuncias en su contra no escuchadas y cajoneadas y una especie de “naturalización” en el interior de la cárcel que garantizaba la impunidad del acusado.
La investigación iniciada hace un mes a cargo de la titular de la Fiscalía N°1 de Mar del Plata derivó en la detención del radiólogo Juan Carlos Salas y en un operativo montado en el propio Complejo Penitenciario de Batán en el que se secuestraron diversos elementos de interés para la causa que lo tiene acusado por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal.
Como un “accionar rutinario y sistemático consistente en provocar un hostigamiento, abuso sexual y suministro de forma ilegal medicación a personas en tratamiento y privadas de la libertad” fue como describió la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) el accionar del acusado teniendo en cuenta que la investigación se inició a partir de una denuncia presentada por el organismo y también por el titular del Juzgado de Ejecución Penal N°1, Ricardo Perdichizzi, al enterarse de la situación que atravesaban algunos internos.
En distintas entrevistas brindadas este viernes, la fiscal Salas se explayó sobre la investigación y expresó sentir “vergüenza” de lo detectado en la causa como parte integrante del mismo sistema.
La principal hipótesis de la causa gira en torno a una mecánica trazada por el suministro de pastillas o drogas a cambio de prácticas sexuales, lo que para los investigadores representa un “claro consentimiento viciado” ante la vulnerabilidad de las víctimas por la posición de poder que implica que el acusado sea el jefe de Sanidad sumado a la dependencia de pastillas que generaba con su accionar.
El caso tiene identificadas a dos víctimas y a lo largo de las últimas semanas sumó testimonios de diversos internos que fueron dando cuenta de la situación.
En una entrevista con radio Brisas (98.5) la fiscal contó que de la causa hasta el momento se desprende que el funcionario penitenciario, por un lado, “captaba” a jóvenes que participaban de un programa para “jóvenes adultos” destinado a personas de entre 18 y 21 años (con posibilidad de extenderse hasta 25 años), teniendo en cuenta que funcionaba en una sala del área de Sanidad que no estaba en uso y que era cercana a su sector de trabajo. También señaló que, por otro lado, esa captación se extendía a otras personas concurrían a atenderse al área de Sanidad.
Fiscal Florencia Salas (Foto: archivo / Qué digital)
A su vez, en una rueda de prensa con los canales 8 y 10, la fiscal explicó que el jefe de Sanidad también tenía acceso a los legajos personales y por ende a los informes psicológicos de los internos y que ello era utilizado para el aprovechamiento en base a la vulnerabilidad de las víctimas, algunas de las cuales -explicó- no tenían familia en Mar del Plata.
Como parte de la investigación, contó que detectaron que el acusado además de entregarle pastillas también les suministraba cocaína o marihuana que compraban sus familiares y él se encargaba de ingresar al Penal en algún caso hasta escondida en paquetes de yerba.
La funcionaria judicial reparó incluso en que la investigación debió acelerarse hace dos semanas cuando conocieron que una de las víctimas se negó a dar su testimonio y que posteriormente alertó a Salas de que estaba siendo investigado, información a cambio de la cual el acusado también le otorgó pastillas.
Otro elemento revelado por la fiscal que representa la gravedad del caso tiene que ver con denuncias que nunca llegaron a formalizarse y con una especie de “natualización” de lo que el acusado hacía. “Entiendo que en la Unidad Penal esta cuestión era conocida por toda la gente. Sé que se denunció, la Comisión por la Memoria hizo informes en 2022 y 2023 y esos informes lo que sospecho es que fueron encajonados por la dirección del Penal porque no los tenemos en ningún lado”, sostuvo la fiscal y remarcó:”Era una situación que estaba naturalizaba en el Penal, las denuncias no llegaban a los lugares donde tuvieron que llegar”.
De todas maneras, planteó que por el momento la fiscalía no está condiciones de identificar fehacientemente a personas responsables de encubrimiento.
