Diez meses después, la Justicia sobreseyó a cinco imputados por un acampe
Se trata de referentes de organizaciones, denunciados por el intendente tras un acampe de 16 días en reclamo de alimentos que incluyó balazos de goma y heridos.
La Justicia dictó el sobreseimiento de cinco militantes sociales que habían sido imputados tras una denuncia efectuada por el intendente Carlos Arroyo por un acampe de 16 días que se desarrolló en diciembre frente a la Municipalidad, en reclamo de alimentos y trabajo, y que incluyó además balazos de goma y heridos por la represión de la Policía en su inicio. Desde las organizaciones lo catalogaron como “un claro acto de criminalización de la protesta”.
Se trata de cinco referentes locales de organizaciones como el Movimiento Teresa Rodríguez, Polo Obrero y Cuba, agrupaciones que habían iniciado una protesta en los alrededores de la Municipalidad el 20 de noviembre, en la que la policía reprimió con balazos de goma a los manifestantes y, desde ese día, decidieron iniciar el acampe.
Según informaron desde la defensa de los referentes sociales, tras diez meses de estar imputados, la decisión fue del Juzgado de Garantías N°3, a cargo de Rosa Frende, a pesar del pedido de elevación a juicio que había esgrimido la fiscalía interviniente bajo la carátula de “entorpecimiento de transporte o servicio público”.
“Durante la Investigación Penal Preparatoria demostramos que el gobierno municipal se desentendió de los reclamos y sólo atinó a pasarse la pelota entre sus distintos funcionarios. Sin embargo, la fiscal solicitó la elevación a juicio dando cuenta de un accionar político”, explicaron en un comunicado.
Tras conocer el procesamiento, las organizaciones no dejaron de expresar su repudio y habían exigido a través de movilización, incluso frente a la fiscalía, el fin de la imputación contra los referentes, algo que finalmente sucedió diez meses después.
“La persecución a los que luchan ha sido y es una política de Estado que se puso de manifiesto con la detención del compañero Daniel Ruiz, preso hasta hace pocos días por luchar contra la reforma previsional”, apuntaron.
El reclamo tenía que ver con el aumento de la mercadería que entrega el gobierno a las organizaciones, por necesidad y en el marco de las fiestas de fin de año. Sin embargo, lo que se inició como una protesta con familias y sus hijos en brazos, terminó en el acceso de La Rioja liberado de manifestantes por la represión que llevó adelante la Policía, acompañada por una denuncia del intendente.
Ante ese panorama, las organizaciones intensificaron el reclamo no sólo con un acampe, sino que también con la notificación del inicio del proceso contra sus referentes. Tras 16 días lograron llegar a un acuerdo con el gobierno por los alimentos, pero el proceso judicial se extendió por otros 10 meses.
