2018: casi 90 días de acampe en el Municipio y 50 en Desarrollo Social
Fue uno de los años con más acciones de protesta bajo esta modalidad desde el 2001. La falta de trabajo, la interrupción de programas laborales acordados entre el Estado y las organizaciones y el hambre, los principales desencadenantes.
El gobierno de Carlos Arroyo cierra el 2018 con un récord sin motivos para celebrar: fue el año con mayor cantidad de acampes tanto frente a la Municipalidad como en las puertas de Desarrollo Social, donde en total hubo organizaciones sociales, gremios y trabajadores de distintos sectores instalados en las puertas de estos edificios por cerca de 140 días, más de un tercio del año.
El primer acampe del año se produjo en enero y el más reciente en diciembre. Las organizaciones sociales contabilizan -en promedio- una acción de protesta cada 9 días, entre movilizaciones, ollas populares, cortes de calle y en muchos casos, manifestaciones que terminaron convirtiéndose en acampes.
Según pudo contabilizar QUÉ Digital, en todo el 2018 se produjeron 15 acampes de relevacia, sostenidos a lo largo de los días; en algunos casos semanas y hasta más de un mes. El más extenso se generó frente a la sede de la Secretaría de Desarrollo Social y duró 45 días: en el medio una pareja de manifestantes contrajo matrimonio en el acampe y nació el hijo de una mujer que participaba de la protesta.
De los casi 140 días de acampe que hubo este año -cifra récord desde el 2001-, unos 90 tuvieron lugar en Luro e Hipólito Yrigoyen, frente a la Municipalidad de General Pueyrredon, donde la postal de las ollas, las carpas, el fuego, las banderas y las familias en la calle fueron más una constante que una excepción durante todo el 2018.
La segunda dependencia municipal con mayor cantidad de días de acampe fue la Secretaría de Desarrollo Social, ubicada sobre Teodoro Bronzini 1147, donde por alrededor de 50 días (casi dos meses) hubo organizaciones sociales demandando soluciones a reclamos vinculados principalmente con el hambre y la falta de trabajo.
Justamente la falta de políticas para generar trabajo, la interrupción de programas laborales acordados entre el Estado y las cooperativas y el hambre, fueron los principales desencadenantes de los acampes de este año.
“TODOS PIERDEN”
Ni el gobierno, ni las organizaciones sociales, ni los comerciantes, ni los vecinos, ni los usuarios del transporte público ganan algo con una protesta instalada por días o semanas en pleno centro de Mar del Plata. Por el contrario, todos pierden.
Sin embargo, la permanente falta de diálogo ante los distintos reclamos (fueron prácticamente los mismos todo el año) derivó en el sostenimiento de casi todas las protesta. Existe casi un manual de la falta de gestión para destrabar los conflictos: en casa caso, las organizaciones exigen ser escuchadas, el gobierno siempre plantea que no dialogará mientras rija la protesta y mientras tanto los comerciantes y vecinos se sienten perjudicados y rehenes de esta situación, como quienes acampan se vuelven rehenes -a veces- de las propias internas políticas entre los distintos actores del Ejecutivo local, provincial y nacional. Luego, el desgaste, ocasionalmente la amenaza de represión y un acuerdo que permite levantar el acampe pero que no se logra sostener en el tiempo.
En diálogo con QUÉ Digital, uno de los referentes de Barrios de Pie -organización que estuvo presente en buena parte de los acampes- Rodrigo Hernández, resumió el 2018: “Fue un desastre a nivel económico todo el año y ha sido el año con más protestas, acampes, ollas populares y cortes que recordamos en los últimos años, tal vez desde el 2001, aunque era otro contexto”.
Para entender el por qué de la periodicidad de estos acampes, el dirigente señaló que “se corrió el límite de la protesta social” y “no hay diálogo de ningún tipo” con quienes están en el gobierno local, provincial y nacional. Pese a la voluntad de aportar soluciones para evitar futuros conflictos, “no escuchan“.
“Todo el año hubo incumplimientos muy grandes. Y están estos ‘criterios disciplinadores’ que impuso el Municipio como pagar a las cooperativas que trabajan 30 días después de presentadas las facturas, incluso sin cumplir con ese tiempo que nos parece injusto”, siguió Hernández”.
“Todos pierden”, resumió al analizar la consecuencia de la falta de diálogo y respuestas del gobierno. Ni las organizaciones, ni el gobierno ni los vecinos y comerciantes del centro ganan algo con el desentendimiento entre las partes. Nadie.
“Hoy lamentablemente ir a una protesta implica que a lo mejor tenés que quedarte a dormir toda la noche”, reconoció al dar cuenta de dos cosas: la falta de diálogo del Ejecutivo y a su vez el hecho de que “no les importa el hambre ni pensar en generar trabajo para quienes más lo necesitan”.
Asimismo, confió que muchas veces las propias internas políticas entre los actores del mismo gobierno terminan generando mayores rispideces. Alguien los recibe, les hace una protesta para destrabar el conflicto y luego otro funcionario hecha la oferta para atrás. Les admiten que un área “tiene problemas” con la otra, que “tal está peleado con tal”, que no se ponen de acuerdo y muchas veces terminan encontrando “una mayor y mejor respuesta de los trabajadores de planta que de los propios funcionarios”.
Párrafo aparte merecen los funcionarios designados por Carlos Arroyo para hablar y negociar con las cooperativas. Ninguno de los secretarios de Producción de su gestión ni los luego elegidos para ocuparse de las cooperativas supieron cómo canalizar los reclamos. Héctor “Toty” Flores, Álvaro Fanproyen, Ricardo de Rosa, Emiliano Mensor y actualmente Hernán Tillou y Hernán Alcolea han sido los hombres elegidos por el intendente. Con ninguno las organizaciones han podido terminar de entenderse y abrir una mesa de diálogo sostenida en el tiempo. Y con algunos ni siquiera se hablaron.
Solo con los acuerdos previos que el gobierno mantiene con las grandes empresas vinculadas a la construcción, quienes siempre reciben la mayor parte de la obra pública, puede comprenderse por qué el Municipio le niega la continuidad de trabajo a las cooperativas, incluso establecido por distintas ordenanzas que no se están respetando.
Rodrigo Hernández, de Barrios de Pie, no dudó en afirmar: “Contratar a una cooperativa siempre va a salir más barato y eso los funcionarios lo ven, cuando piden un presupuesto y les pasan una millonada y nosotros hacemos exactamente el mismo trabajo por un valor muchísimo más bajo”.
El caso más reciente es el del Complejo Tecnológico Educativo inaugurado la semana pasada, donde el gobierno pidió un presupuesto para realizar un sanjeo en el predio y una empresa regularmente contratada presupuestó los trabajos en casi 3 millones de pesos, contra los $900.000 que cobraba una cooperativa que le da trabajo a familias desempleadas.
“Eso de que nos tiran una pala y nos vamos corriendo es una mentira vacía. Cualquier compañero que le ofrezcan un laburo lo agarra, porque hay un nivel de desesperación y necesidad urgente”, indicó el dirigente social.
LOS ACAMPES DEL 2018, UNO A UNO: ¿POR QUÉ FUERON Y CUÁNTO DURARON?
El primer acampe del 2018 fue enero, apenas comenzado el año, motivado por un conflicto que se había comenzado en 2017 y que se extendió durante todo el año en curso: la construcción de 56 viviendas sociales en el barrio Santa Rosa del Mar impulsadas a partir del Programa Federal Sociocomunitario que financia el Gobierno nacional.
El Municipio demoró más de medio año en acondicionar los terrenos para comenzar a construir estas viviendas que generaron puestos de trabajo para distintas cooperativas luego de un tenso 2017, el 3 de enero volvieron a denunciar que la Municipalidad les debía plata. Sin respuesta, fueron a protestar al Municipio y terminaron iniciando un acampe que duró unos pocos días mientras el gobierno negó la existencia de la deuda.
El segundo acampe fue en febrero, pero esta vez no en la Municipalidad sino en Desarrollo Social, donde la Agrupación 13 de Abril realizó un acampe en reclamo por trabajos adeudados, desocupación y falta de asistencia estatal.
Tres meses después de un violento desalojo a las organizaciones sociales que mantuvieron un acampe en las oficinas municipales por cinco días, Desarrollo Social volvió a estar en conflicto con agrupaciones por deudas y falta de trabajo: “Nosotros lo único que estamos reclamando trabajo para que puedan cancelar los bolsones mensuales. Queremos que cada compañero trabaje y se compre sus alimentos”, manifestaron. El acampe duró solo un día hasta encontrar un acuerdo parcial.
El tercer acampe estuvo entre los más extensos del 2018. Fue durante todo el mes de marzo y se mantuvo por 23 largos días en Luro e Hipólito Yrigoyen, en reclamo principalmente de trabajo.
El Movimiento Teresa Rodríguez, Barrios Unidos en Lucha, Cooperativa Argentina Rebelde, Cooperativa A Trabajar, Movimiento Argentina Rebelde y Cuba-MTR mantuvieron la medida de fuerza durante 23 días -en medio de la indiferencia del Estado, los temporales y la solidaridad de parte de la comunidad- y recién después de tres semanas de reclamo lograron el compromiso del gobierno en relación a “trabajos de pintura para el Emsur, trabajo para Obras Sanitarias en arreglo de veredas y cateo, trabajos para Desarrollo Social en lo textil, y más programas ‘Mejor vivir’ para mejoras de vivienda”.
El cuarto acampe fue en abril, otra vez frente a la Municipalidad, pero duró solo un día. Las cooperativas que forman parte de Barrios de Pie, Los Sin Techo, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular se instalaron frente a la Comuna ante la falta de pago del gobierno de Carlos Arroyo por los trabajos realizados en el marco del plan de construcción de viviendas familiares en Santa Rosa del Mar.
Pocos días después comenzó y se extendió hasta junio el quinto acampe, que fue el más largo del año. Duró 45 días, estuvo encabezado por la organización Nueva Esperanza y se sostuvo frente a las puertas de Desarrollo Social.
Recién después de un mes y medio en el que pasó de todo (una pareja contrajo matrimonio en el acampe y una mujer dio a luz a su hijo), en medio de los meses más fríos del 2018, se alcanzó un acuerdo para dos reclamos concretos: la falta de entrega de ayuda para afectados por los últimos temporales como así también una baja en la cantidad de alimentos que reciben las familias de la organización, integrada principalmente por mujeres sostén de familias.
Los cooperativistas no fueron recibidos por la secretaria de Desarrollo Social, Patricia Léniz, sino hasta horas antes de la visita de la gobernadora María Eugenia Vidal y la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, para participar de la apertura de la “Semana Social” que organiza cada año la Pastoral Social.
En junio y en simultáneo a los últimos días del acampe de Nueva Esperanza en Desarrollo Social, el Polo Obrero se manifestó a nivel nacional en reclamo por trabajo genuino y esa protesta en Mar del Plata se tradujo además en el sexto acampe. Fue frente a las puertas de la Municipalidad, donde permanecieron unos días hasta llegar a un acuerdo ante los reclamos de trabajo, específicamente por la apertura de los cupos municipales y la necesidad de abrir el banco de tierras fiscales del Municipio, para los vecinos de los barrios periféricos que no tienen una vivienda digna.
El siguiente (séptimo) fue en agosto y duró 4 días frente a la Municipalidad, una vez más por problemas en lo acordado para la construcción de viviendas sociales en el barrio Santa Rosa del Mar, como consecuencia del incumplimiento de los puntos acordados en el anterior acampe por este mismo tema.
Vecinos y vecinas junto a cooperativistas nucleados en la Confederación de Trabajadores de la Economía popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) se movilizaron para reclamar por alimentos para los comedores y el pago de trabajos realizados en la construcción de las 56 viviendas, dos puntos que se repitieron en los reclamos elevados al gobierno municipal a medida que pasaron los meses.
Tras denunciar la ausencia de diálogo y respuestas por parte de autoridades municipales, las organizaciones definieron continuar el reclamo con un nuevo acampe frente al Palacio municipal. Entonces, otra vez las carpas, los fuegos y el reclamo de cientos de familias con necesidades urgentes. Bajo el frío recién 4 días después, con la promesa de una reunión, se levantó el acampe.
En octubre, durante 10 días se produjo el octavo acampe en la puerta de la Municipalidad. Fue la primera vez en el año que no fueron organizaciones sociales las que protestaron bajo esta modalidad sino que tuvo como protagonistas a los trabajadores de la Asociación Mutual de Guardavidas.
Se trató de 85 familias que permanecieron en estado de alerta luego de que el secretario de Hacienda, Hernán Mourelle, diera de baja -con el visto bueno de Carlos Arroyo- el histórico contrato de la Asociación con el Municipio.
Durante 10 días en Luro e Yrigoyen mantuvieron apostados sus elementos de trabajo para visibilizar el reclamo ante el recorte que los mantuvo al límite de quedarse sin actividad este verano. Pero ante la falta de respuestas y el silencio del gobierno, dejaron la protesta frente a la Municipalidad y la expusieron sobre la costa, con ruidosas manifestaciones que se prolongaron hasta diciembre, cuando recién con la intervención de la Provincia de Buenos Aires para firmar un nuevo contrato se destrabó el conflicto.
También en el mes de octubre se produjo el noveno acampe del año, con organizaciones sociales frente a la Municipalidad. Fue, quizás, el más multitudinario del 2018 y se sostuvo durante 3 días.
En concreto, fueron tres días en los que la zona del Municipio se vio atravesada por la realidad de quienes viven alejados del centro, de quienes sufren lo peor de la crisis social, esa crisis social que se resume en cuestiones tan básicas y dolorosas como que familias enteras no tengan para comer y para las cuales las protestas y ollas populares se transforman en poder resolver el desafío diario de alcanzar un plato de comida caliente para sus hijos.
Con la promesa por parte del Municipio en relación al cumplimiento de las demandas vinculadas con alimento, trabajo y pagos pendientes, las organizaciones sociales que se mantuvieron durante tres días frente a la Comuna decidieron levantar la medida de fuerza. Una vez más la protesta tuvo como protagonistas a Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Confederación de la Economía Popular (CTEP).
También en octubre, el Frente Milagro Sala sostuvo durante 10 días otro acampe (el décimo del 2018) frente a la Municipalidad. Pedían dialogar con la secretaria de Desarrollo Social, Patricia Leniz, para que su área realice relevamientos en los merenderos de los distintos barrios para empezar a brindar soluciones a esos espacios, los cuales brindan contención en espacios donde la presencia del Estado es escasa.
Pero también, entre las peticiones de la organización estuvieron la necesidad de mejoras y asistencia para las familias que, tras los fuertes temporales que este año azotaron a la ciudad, sufrieron complicaciones habitacionales, ya sea en los techos de sus casas o en la infraestructura en general. Nadie les habló durante más de una semana.
Luego de sostener un acampe durante 10 días frente a la Municipalidad, las familias que integran el Frente Milagro Sala se retiraron de Luro e Hipólito Yrigoyen tras lograr al fin tener una reunión con la secretaria de Desarrollo Social.
A fines de octubre hubo otro acampe, el decimoprimero. Luego de una multitudinaria movilización en contra del Presupuesto 2019, integrantes del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), Barrios Unidos en Lucha, Cooperativa A Trabajar, Cuba y Movimiento Argentina Rebelde volvieron a montar un acampe en las puertas del Municipio una vez más por el desempleo y el programa “Mejor vivir”, entre otros puntos.
Finalmente la protesta se levantó un día y medio después, pero no por haber alcanzado un punto de acuerdo sino ante la “amenaza de represión” tras una ruidosa protesta desarrollada que incluyó quema de neumáticos en Luro e Hipólito Yrigiyen.
El resultado de esta protesta que duró cerca de un día y medio fue “la negativa total al diálogo” por parte del gobierno, pero subrayaron además que “amedrentaron amenazando con la represión, como hacen siempre”.
A principio de noviembre, luego del fracaso de las primeras reuniones realizadas en el Ministerio de Trabajo, los trabajadores municipales instalaron una carpa blanca frente a la Municipalidad e iniciaron este acampe, el número 12 del año.
La carpa se mantuvo todo noviembre ante la falta de acuerdo y la tensión entre el gremio de los municipales y el gobierno de Arroyo para cerrar el acuerdo paritario, algo que todavía no pasó sino que por el contrario las rispideces siguen en aumento.
En pleno diciembre, el conflicto entre los trabajadores municipales y el gobierno de Carlos Arroyo, lejos de concretar avances, suma nuevos capítulos y recién este fin de semana, el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) desarmó la carpa que mantuvieron durante más de 30 días frente a la Comuna, pero no porque haya existido algún tipo de acercamiento entre las partes; muy por el contrario, concluida la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense, los trabajadores continúan con medidas de acción directa, en este caso, retención de tareas por tiempo indeterminado en las dependencias municipales.
Otro acampe (decimotercero del año) iniciado en noviembre tuvo la particularidad de no ser llevado adelante por organizaciones sociales ni por un gremio, sino por familiares de los tripulantes del buque Rigel quienes luego de 5 meses del hundimiento se instalaron frente a la Catedral con una carpa para visibilizar su principal reclamo: que bajen los buzos a buscar a sus seres queridos.
Al cumplirse los 5 meses, los familiares de los tripulantes del Rigel volvieron a marchar por el Puerto de Mar del Plata. Ya en esa movilización los familiares preparaban lo que horas después se concretó: un acampe frente a la Catedral ante la falta de cumplimiento de las autoridades de la ciudad, a quienes les piden que intervengan y los ayuden.
Los familiares no se movieron de allí y expusieron día a día la necesidad de ser escuchados. Pudieron juntar más de 16 mil firmas de las 450 mil que necesitan para que su iniciativa pueda ser votada en el Congreso y lograr que los buzos sean contratados y bajen al casco que permanece a 90 metros de profundidad. Diciembre está en su recta final y las familias siguen allí.
A principios de diciembre, en el marco de una nueva jornada de protesta el movimiento social Barrios de Pie se movilizó hasta la sede de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ubicada en la avenida Independencia y San Lorenzo, donde terminaron acampando y permanecieron toda la noche a la espera de respuestas, reclamando la apertura de los programas sociales y un bono de fin año, entre otros puntos. Fue el decimocuarto acampe del 2018.
En este caso un representante de Anses hizo un ofrecimiento a las organizaciones que luego dio marcha atrás por presuntas diferencias políticas con administradores de Desarrollo Social. La propuesta no se cumplió y en los últimos días del año habría una nueva movilización.
Entre fines de noviembre y principios de diciembre, durante 16 días un conjunto de organizaciones sociales acamparon frente a la Municipalidad para reclamar la entrega de cantidades adecuadas de alimentos para fin de año, acordes a las necesidades que atraviesan las familias de distintos barrios de la ciudad. Fue el decimoquinto acampe.
La negociación fue netamente por comida, en una puja atravesada por la cantidad de bolsones de alimentos que las organizaciones exigían y las que el gobierno estaba dispuesto a darles.
En el día 14 de protesta sin avances y luego de interrumpir una sesión del Concejo Deliberante, el intendente se encontró cara a cara en el hall de la Municipalidad con un grupo de integrantes de las organizaciones que estaban manifestando hacía dos semanas en la puerta. Ya para entonces habían montado una estructura de neumáticos con forma de árbol de navidad.
Poco después de ese encuentro con el intendente, en el que las organizaciones le exigieron a Arroyo la entrega de bolsones de comida para las familias a las que representan con vistas a las fiestas, el jefe comunal les manifestó no estar en condiciones de darles la cantidad que reclamaban, se comunicó con el ministro de Seguridad provincial Cristian Ritondo y solicitó desalojar por la fuerza el acampe.Días antes ya había habido una violenta represión con manifestantes heridos
Las fuerzas de seguridad avanzaron hacia el acampe y estuvo a punto de generarse una violenta represión, impedida por la voluntad de las organizaciones de desarmar el arbolito de neumáticos que molestó a Arroyo y llegó en fotos a autoridades del gobierno provincial y nacional.
Recién después de dos semanas se abrieron negociaciones y tras 16 días se llegó a un acuerdo, con la entrega de 8000 bolsas de alimentos con siete insumos básicos cada una que fueron distribuidos entre los trabajadores integran las organizaciones, para que pudieran sobrellevar el fin de año al menos con un poco más de tranquilidad.
