Narcotráfico: piden que se confirme el procesamiento del “clan familiar”
Fue en el marco de una audiencia en la Cámara Federal de Apelaciones. Se trata de una banda que operaba desde Mar del Plata y tenía contactos a nivel internacional.
En el marco de una audiencia en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, el Ministerio Público Fiscal solicitó a la Justicia que se confirme el procesamiento de los nueve implicados en una causa en la que se investigan redes de narcotráfico nacional e internacional y la adquisición de 48 vehículos, 15 propiedades, más de 1 millón de pesos y 30 mil dólares, a través de un clan familiar y con una concesionaria de autos como pantalla.
En la audiencia, los abogados defensores y el Ministerio Público Fiscal expusieron sus argumentos para continuar o no con las acusaciones interpuestas por la Justicia contra los acusados, en el marco de una causa llevada adelante por el fiscal general Daniel Adler y tras los procesamientos interpuestos por el juez federal de Mar del Plata, Santiago Inchausti.
En total, hay siete personas acusadas de ser parte de una organización ilícita dedicada a maniobras de tráfico y comercialización de cocaína y del delito de lavado de activos, mientras que dos personas llegan a esta instancia como supuestos testaferros de la banda, acusados solo por lavado agravado. Se trata del supuesto “clan familiar” que fue desbaratado tras una serie de allanamientos que la Policía Federal denominó “Operativo Poseidón”.
En su alegato ante los jueces Alejandro Tazza, Eduardo Jiménez y Bernardo Bibel, Adler hizo hincapié en la necesidad de que la justicia avance sobre esta modalidad criminal en la que se adquieren bienes a través del tráfico de estupefacientes y la necesidad de “combatir la narcocriminalidad”. Adler, además, destacó al Ministerio Público Fiscal representado por Laura Mazzaferri junto a la Procuraduría de Narcocriminalidad y también la labor de Inchausti.
En cuanto a las defensas de los imputados, argumentaron uno a uno los agravios presentados ante la cámara. Así, cuestionaron la participación de sus defendidos, cuya supuesta asociación ilícita fue encabezada por Víctor “Chocón” Sala, como así también la calificación legal impuesta, el monto de los embargos y las medidas cautelares de secuestro de bienes con fines de decomiso dispuestas en la resolución apelada.
Según se desprende de la investigación y su principal hipótesis, la estructura delictiva de la organización se mantiene desde 2008, datos que se desprenden de escuchas telefónicas, causas previas y observaciones que incluso atañen complicidades de nivel policial y judicial.
“Sala no pudo hacer esto solo (…) ¿A quién se recurre sino a los más cercanos? Es una cuestión que tiene que ver con la confianza que genera la opacidad de los negocios. Si en los negocios lícitos se tiene confianza en el affectio societatis que generan los familiares, más aún en los negocios que se quieren ocultar. No se trata de derecho penal familiar”, aseguró Adler.
Asimismo describió el principal método de lavado: una concesionaria de autos. De acuerdo a las pruebas reunidas, Sala decidió volcar las ganancias de la comercialización de droga en la compra de vehículos, a través de un local llamado “Mundocar” que tenía en la avenida Colón al 5100. “No existen constancias de las compras, pero los vehículos estaban en el lugar que nadie duda es del señor Sala”, aseveró.
En cuanto al narcotráfico en sí, aseguran que la organización se dedicaba a la adquisición y transporte –fundamentalmente- de clorhidrato de cocaína desde Salta hasta el conurbano bonaerense, y desde allí hacia Mar del Plata, donde serían distribuidos para su comercialización en la ciudad y la zona. Además, de forma paralela, habrían impulsado la exportación de cocaína oculta de diversas maneras rumbo a España.
Entretanto, cabe recordar que días después de los allanamientos, la Policía y la Justicia dieron con un vehículo perteneciente a uno de los implicados que permanecía estacionado en un playón de la Policía en Capital Federal y que tenía en su interior un kilo y medio de drogas que luego determinaron se trata de éxtasis.
Al momento de dictar los procesamientos, el juez Inchausti había dispuesto el secuestro preventivo con fines de decomiso respecto de 48 vehículos, sumas aproximadas de 1.150.000 pesos, casi 31 mil dólares, 50 euros, y se cautelaron con idéntico fin 15 inmuebles. El embargo sobre bienes y dinero del líder de la organización, procesado en los términos del artículo 7 de la ley 23.737, fue fijado en los 100 millones de pesos.
