Ordenan realizar curso de DD.HH. a mujer que amenazó a alumna
Lo determinó la Justicia al disponer la suspensión del juicio a prueba por dos años contra Silvia Gallardo. La intimidación se había dado luego de un trabajo escolar sobre los vínculos entre empresarios pesqueros y las Fuerzas Armadas.
Una mujer que amenazó a una estudiante del colegio Termas Huinco por realizar un documental que denunciaba vínculos entre empresarios del puerto y las Fuerzas Armadas durante la década del ’70 deberá realizar un seminario sobre Derechos Humanos y llevar adelante trabajos comunitarios en una escuela.
El juez federal Alejandro Castellanos dispuso la suspensión del juicio a prueba durante dos años que debía afrontar Silvia Gallardo, exmujer del dirigente portuario Roberto Villaola, por el delito de amenazas contra una estudiante del colegio Termas Huinco.
La amenaza que denunció la joven se produjo el 18 de diciembre de 2009. Gallardo fue hasta la casa de la abuela de la estudiante y a la señora le advirtió que su nieta ya era mayor de edad, que los temas tratados “eran serios” y que de seguir con este proyecto podría haber “serias consecuencias”.
En la audiencia celebrada en octubre del 2014, la defensa de Gallardo solicitó la suspensión del juicio a prueba por dos años, medida que fue resuelta por el magistrado, con acuerdo el titular de la Fiscalía Federal N° 2, Pablo Larriera, y sin oposición de la víctima. A cambio, la imputada deberá realizar ocho horas mensuales de tareas comunitarias en una escuela y cursar el Seminario Permanente de Derechos Humanos de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, a cargo de Juan Carlos Wlasic.
De acuerdo a lo relatado por la alumna en el marco de la causa, ella junto a sus compañeros y con supervisión de docentes, desarrollaron un video denominado “El dedo disciplinador”, en el marco del proyecto “Jóvenes y Memoria” que organiza la Comisión Provincial por la Memoria.
La amenaza, recordó, llegó luego de que se haya exhibido el video en el que se daba cuenta de “la relación que existía entre empresarios del puerto local con los militares durante la dictadura”.
“Entre las historias documentadas se encontraba una protagonizada por Abel Casas, quien habría sido denunciado a los militares por su (entonces) empleador Roberto Villaola, exesposo de Gallardo, aparentemente por diferencias existentes con relación a la cantidad de horas que se debía trabajar por día, por lo que Casas habría sido detenido por los militares por un lapso de quince días”, según consta en el expediente.
