Sin avances, presentan otro proyecto para crear un Consejo Local de Hábitat
Colegios profesionales y diversas organizaciones elevaron una nueva iniciativa al Concejo Deliberante como parte del crónico déficit habitacional.
Un nuevo proyecto de ordenanza que apunta a la creación de un “Consejo Local de Hábitat, Vivienda y Derecho a la ciudad” fue presentado este jueves en el Concejo Deliberante por parte de los colegios de Arquitectos, Técnicos e Ingenieros en conjunto con una treintena de organizaciones después de que pese al paso de tantos años no avanzara ninguna iniciativa previa impulsada en el mismo sentido. La última había sido presentada en 2021 y sólo derivó en una mesa de trabajo la cual motivó que diversos sectores se unieran para reimpulsar un nuevo proyecto.
La problemática del déficit habitacional crónico que presenta Mar del Plata volvió a quedar expuesta en su cara más extrema en 2022 con una sucesión de tomas de terrenos por parte de numerosas familias sin techo que sólo obtuvieron como respuesta desde la política municipal la ejecución de amplios operativos policiales para su desalojo.
Entretanto, diversos sectores volvieron a impulsar una iniciativa que arrastra años sin concreción: la creación de un consejo que empiece a abordar de manera interdisciplinaria el flagelo y, además, brinde soluciones a uno de los derechos básicos.
La falta de definiciones, principalmente del oficialismo para avanzar en la creación, derivó en que al menos el año pasado se convocara a una mesa de trabajo que se reunió en agosto lo cual derivó en la generación de un nuevo proyecto trabajado en conjunto por diversos actores y que este jueves fue elevado al Concejo.
La presentación estuvo a cargo de los colegios profesionales de Arquitectos, Técnicos e Ingenieros en conjunto con el Obispado, las facultades de Arquitectura, Derecho y Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la CGT, las dos CTA, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
El proyecto, en primer lugar, fija que el gobierno municipal deberá llevar adelante procedimientos para garantizar la participación de la comunidad durante los procesos de formulación, regulación, implementación y seguimiento de las políticas de hábitat y vivienda comprendidas en la ley provincial 14.449 de Acceso Justo al Hábitat aprobada en 2007.
En ella se establece que el gobierno provincial, junto a los municipios, debe “promover la generación y facilitar la gestión de proyectos habitacionales, de urbanizaciones sociales y de procesos de regularización de barrios informales”, como también atender la problemática habitacional de manera integral y con instrumentos que permitan “reducir las expectativas especulativas de valorización del suelo”.
En paralelo a ello, el proyecto presentado estipula la creación del “Consejo Local de Hábitat, Vivienda y Derecho a la ciudad” y plantea que deberá actuar como “órgano multiactoral de consulta, asesoramiento y control de gestión permanente del Departamento Ejecutivo en políticas de planeamiento urbano, servicios públicos, infraestructura y vivienda”.
La integración del consejo la delimita con siete representantes de distintas áreas del Ejecutivo municipal, dos del Concejo Deliberante, uno de la Defensoría del Pueblo, tres de universidades públicas y trece de la sociedad civil divididos en: tres de las centrales trabajadores, dos de asociaciones de fomento, dos de organizaciones sociales, dos de colegios profesionales, uno de la Pastoral Social y uno de cámaras empresarias inmobiliarias o de la construcción.
Como previsión, el proyecto plantea que la falta de designación de representantes por uno o más estamentos “no obstaculizará el funcionamiento del consejo cuando se encuentren designados más del 50% de sus integrantes”. En todos los casos, ejercerán sus funciones en forma honoraria y por un período de tres años.
¿Cuáles serían las funciones del consejo?: promover, asesorar y asistir al Ejecutivo en lo relativo al diseño, formulación, implementación y evaluación de las políticas, programas y proyectos en materia de planeamiento urbano; monitorear la ejecución presupuestaria de los recursos afectados a las políticas urbanas; promover la implementación de los planes particulares o sectoriales de integración socio-urbana para la urbanización de villas y asentamientos; promover la participación ciudadana y el acceso a la información pública en los procesos de planificación y gestión de las políticas, programas y proyectos en materia de planeamiento urbano; y promover la conformación de consejos vecinales, entre varias otras.
A su vez, el proyecto también apunta a crear un “Fondo para la Gestión Democrática de la Ciudad” en función de un 1% de lo recaudado en concepto de la recientemente creada “Tasa Vial“.
