Abogados marplatenses contra “base militar” china en Argentina
Los letrados Marcos Tusar, Damián De Angeli y Fernanda Boggia presentaron una acción de amparo en la Justicia Federal para que se interrumpa la “edificación ilegal” que se está desarrollando en la provincia de Neuquén.
Los abogados marplatenses Marcos Tusar, Damián De Angeli y Fernanda Boggia presentaron una acción de amparo ante la Justicia Federal para frenar –de manera “urgente”- la edificación que se está realizando en el paraje Bajada del Agrio, en Neuquén.
La información oficial habla de “una estación espacial de exploración lunar”, pero la preocupación está entre quienes señalan que podría tratarse de “una base militar”, al contemplar, por ejemplo, que la empresa estatal china a cargo de la construcción depende específicamente del Departamento General de Armamento y de la Comisión Central Militar del Ejército Popular de Liberación de China. Su director, de hecho, es a la vez jefe militar de dicho Departamento.
La presentación, que buscar evitar “el detrimento de la soberanía argentina” y que fue presentada el pasado miércoles ante el Juzgado Federal Nº2 de Mar del Plata, señala que “la base militar construida por CLTC (NdR: empresa estatal Satélite Launch and Tracking Control General) está estratégicamente vinculada con los organismos militares chinos”.
Para los letrados, “puede verse claramente que el Poder Ejecutivo Nacional viola el artículo 6 de la ley 25.880 –que regula el ingreso de personal militar extranjero en el territorio nacional-, ya que la construcción de dicha base militar y la introducción de elementos del Ejército chino no fue informada, al contrario, es negada; no fue autorizada ni tampoco se trata de una situación de emergencia ni de ceremonial y protocolo”.
A su vez, cuestionaron que se “ceda soberanía” “ocultando los motivos a los argentinos”. “En efecto, los acuerdos son reservados. Son secretos y están vedados al control y conocimiento de la población”, repararon.
QUÉ ES LO QUE SE CONOCE DEL CONVENIO
Según la presentación judicial, el acuerdo, en su parte dada a conocer a la ciudadanía y al Congreso de la Nación, estipula:
– “Cesión de soberanía territorial sobre ese predio por cincuenta años a través de la Agencia Estatal China de Lanzamiento, Seguimiento y Control General de Satélites (CLTC, por sus siglas en inglés), quien operará dicha estación, que contará con ‘una red de telemetría, seguimiento y comando de la actividad espacial'”;
– “La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae, dependiente del Ministerio de Planificación Federal) solo podrá utilizar un 10% del tiempo disponible para desarrollar sus propias actividades de investigación”;
– “El personal de la planta se regirá por las leyes chinas y no se explicita si será civil o también participarán militares”;
– “Se exime al gobierno chino del pago de ‘todo impuesto y/o derecho aduanero, de los impuestos internos así como de los impuestas nacionales, incluido el IVA’”;
– “La Argentina no podrá interferir, controlar ni interrumpir las actividades vinculadas a la instalación y operación de la planta y facilitará los permisos de ingreso y/o omisión de Visas al personal chino”;
– “La instalación de la antena satelital de dicha estación estará exclusivamente bajo el seguimiento y comando del gobierno y la empresa china”.
