Ambulancias: la Justicia rechazó el amparo presentado
El Juzgado de Responsabilidad Juvenil no hizo lugar a lo solicitado en relación al estado y funcionamiento del servicio por considerar que ese no es el ámbito para dirimirlo. Fue apelada la resolución porque “la acción no admite demora”.
El Juzgado de Responsabilidad Juvenil, a cargo de la jueza Silvina Darmandrail, rechazó a fines de la semana pasada el recurso de amparo que había sido presentado por el abogado Julio Razona en relación al estado y funcionamiento del servicio de ambulancias en el Partido de General Pueyrredon. El letrado apeló la resolución por considerar que “la acción no admite demora”.
La acción de amparo contra la Municipalidad fue rechazada “in limine” por la magistrada Darmandrail, lo cual implica “que la situación planteada debe ser básicamente indiscutible y surgir con absoluta claridad la improcedencia de lo pretendido”, según consta en la apelación que fue recientemente presentada con el objetivo de que se habilite la feria judicial para su tratamiento.
En ese sentido, Razona dijo disentir de las conclusiones a las que arribó la jueza en cuanto al amparo “ante la gravedad enorme que implica un servicio absolutamente ineficiente y lento de emergencias sanitarias domiciliarias y en la vía pública, que pone en riesgo la vida de la población a diario”. “Ha desconocido la magistrada el reconocimiento judicial del derecho humano más básico, el derecho a la vida”, sostuvo y entendió que la omisión de la autoridad pública “ocasiona un riesgo tremendo para la supervivencia de la población de Mar del Plata”.
A su vez, el letrado consideró que la desestimación, del modo llevado a cabo, “debió ser decidida con criterio restrictivo y suma cautela, pues esta denegación y el riesgo cierto y efectivo que implica para la población estar en permanente riesgo de no recibir atención médico sanitaria en un tiempo lógico y razonable podría asimilarse a una denegación de Justicia”.
Puntualmente, el abogado cuestionó el hecho de que la jueza Darmandrail haya entendido que las cuestiones planteadas son de competencia contencioso-administrativa, “ya que serían supuestos en la que administración pública lesiona los derechos o intereses de los particulares, en ejercicio de sus funciones”.
“De recurrir a los procedimientos comunes, demanda en el Fuero Contencioso Administrativo, para reclamar ante la omisión de la autoridad pública habría un riesgo a la vida y salud de la población”, afirmó y pidió la revocación de la resolución porque “existe una amenaza inmediata cierta y grave” y “el objeto de la acción de amparo intentada no admite demora alguna”.
En cuanto a los fundamentos de la jueza, para Razona la resolución “solo puede ser entendida desde el punto de vista político partidario, lo que reafirma el principio que las ‘cuestiones judiciales no se pueden politizar’”. Y por eso, reiteró, es necesario que se haga lugar a lo interpuesto, dado que la acción “no solo servirá para brindar un servicio básico y elemental, sino que pondrá en evidencia a quienes no han utilizado las sumas millonarias aludidas destinadas exclusivamente a ese fin, hechos que no solo tipificarían una conducta delictiva sino también una responsabilidad civil”.
QUÉ SE BUSCA CON LA APELACIÓN
Finalmente, en la apelación se hace hincapié en que tanto la doctrina como la jurisprudencia es unánime en afirmar que las facultades del juez para rechazar “in limine” una acción de amparo se hallan limitadas, “quedando el rechazo reservado a aquellos supuestos en lo que no exista duda alguna respecto de su inadmisibilidad”.
“Este proceder termina poniendo en riesgo la salud y la vida de la población marplatense y convierte a la decisión cuestionada en una arbitraria privación del derecho de acceso a la jurisdicción”, se concluye y se solicita, entonces, que se habiliten días y horas inhábiles para el tratamiento de la apelación, que se la declare admisible y que se haga lugar a la misma.
