Positivo y Ronny: 9 allanamientos por presunta asociación ilícita
Los operativos en simultáneo se dieron tanto en los locales comerciales y depósitos, como también en las viviendas de sus dueños y un estudio contable.
En el marco de una investigación por la presunta comisión del delito de asociación ilícita tributaria y evasión previsional que tramita ante el Juzgado Federal Nº3 a cargo de Santiago Inchausti, este viernes se realizaron nueve allanamientos simultáneos en locales y viviendas de los titulares de los locales de ropa y juguetes Positivo y del restaurante Ronny.
Para llegar a la presentación judicial, la AFIP estableció que los comercios Positivo y Ronny Steak House & Bar evadían sus obligaciones fiscales y previsionales. Si bien se trata de dos locales de rubros diferentes –un restaurante y otro dedicado a la venta de ropa y juguetes– los comercios tienen los mismos titulares y en ambos casos se encontraban “ocultos ante el fisco”. Por esa razón, se denunció penalmente a los verdaderos dueños de las firmas, tras comprobar que utilizaban a “prestanombres” como directivos de sus compañías.
Como dato clave, desde AFIP informaron que el monto total facturado por este grupo de empresas superó los 25 millones de pesos, siendo prácticamente nulo el monto tributado, de tan solo el 0,1%.
Con la orden judicial, personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) conjuntamente con agentes de la Policía Federal Argentina, llevaron adelante los operativos en los inmuebles vinculados a la actividad comercial de Nancy Noemí Rivero, Ricardo Marcelo Teramo y familiares, mediante las firmas Objetivo SRL, Dulce Amor SA y Gutieste SA, a fin de proceder al secuestro de documentación, libros contables y obtener información digital de la administración de los comercios, según dieron a conocer desde AFIP.
Los lugares allanados en Mar del Plata fueron los locales de Positivo situados en San Martin 2399, Rivadavia 2420, Catamarca 1730 y Güemes 3361; en el restaurante Ronny, ubicado en Roca 1353; en los depósitos de ropa y juguetes de San Luis 3131 y Martí 40; como también la vivienda de Rivero y Teramo situada en Urquiza al 3400, y el estudio contable de avenida Luro 4112, planta alta.
El resultado fue el secuestro de gran cantidad de documentación, una computadora y obtención de “back up” de información digital, que será luego analizada en el marco de la causa penal.
Asimismo, al advertirse en el depósito de la calle Martí de la existencia de elementos importados de origen chino, fue convocada la Aduana y con la autorización del magistrado, se secuestró la mercadería en infracción al régimen de adquisición y tenencia del Código Aduanero, que debió ser transportada en un camión de gran porte hacia el puerto.
CÓMO EVADIR
Desde AFIP informaron que los verdaderos dueños de estas firmas distorsionaban la real percepción de los importes a ingresar y mentían en la declaración de remuneraciones, ya que eran menores a las dispuestas por el Convenio Colectivo.
La maniobra incluía la utilización de nombres, personas físicas y jurídicas, para ocultar a un pequeño grupo de empresarios que resultan los verdaderos responsables y beneficiarios de una operatoria por grandes montos anuales que perjudicaban al fisco. Los “falsos dueños” que figuran son insolventes e informaron domicilios fiscales donde fue imposible su localización.
Las maniobras también incluían la omisión de depositar los aportes retenidos de sus empleados en el tiempo correcto y todo su accionar era dirigido por un asesor contable, quien repetía las mismas figuras en diferentes empresas.
“Un ejemplo claro de esta asociación ilícita, compuesta por un matrimonio y sus hijos, fue que generaron un perjuicio previsional que asciende a más de 130 mil pesos, sólo en el mes de diciembre de 2014 y en otras dos firmas: Dulce Amor SA y Gutieste SA”, detallaron desde el organismo oficial. Allí, sus 41 empleados cobraban remuneraciones significativamente inferiores a las del Convenio Colectivo de Trabajo. Además, los Aportes de Seguridad Social, en el mismo período, se presentaban impagos y ascienden a un total de $ 27.960.
Los trabajadores que prestaban servicio a estas firmas no tenían derecho a pedir un crédito a tener una cobertura médica ya que todo estaba sujeto a la voluntad de sus empleadores, que –como estaría demostrado- no son los que figuraban en los papeles.
