Universidad: cuestionan el rol del Rectorado en una denuncia por violencia de género
Desde el gremio APU apuntaron contra la gestión por archivar una denuncia y no avanzar en una investigación contra una autoridad de la UNMdP.
La Asociación del Personal Universitario (APU) denunció en los últimos días la actuación del Rectorado de la Universidad Nacional de Mar del Plata en el marco de una denuncia por violencia de género, en la que no se habría avanzado en una investigación interna y, dos años después, fue archivada. Aseguran que se “revictimizó” a la denunciante que, además, no pudo retornar a su espacio de trabajo.
En 2019, una trabajadora no docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata denunció por violencia de género a una persona con un cargo jerárquico en el Rectorado, lo que motivó la implementación del Protocolo de Actuación de la institución, la separación temporal del cargo de la denunciante y el inicio de un acto administrativo. Dos años después, luego de una modificación de la ordenanza del Protocolo, ese acto administrativo fue cerrado por el Rector, Alfredo Lazzeretti, y motivó el descargo del gremio que nuclea a unos 600 trabajadores y trabajadoras.
“Esta resolución deja el antecedente para todas las autoridades que son denunciadas y ante una denuncia por violencia de género activada a través del protocolo, cuando vas a la situación de resolución de esa denuncia, el rector resuelve que va a archivo“, apuntó María Victoria Schadwill, secretaria general de APU, en diálogo con Qué digital.
Para la gremialista, fueron vulneradas dos reglamentos internos, tanto la Ordenanza del Consejo Superior 2380/17 a través de la cual se estableció el protocolo de violencia de género como su modificación (OCS 1555/2020) puntualmente por no haber habilitado la instancia de investigación interna de la denuncia. “Todo el proceso de investigación no se hizo“, advirtió Schadwill.
En ese marco, señaló que también se amparan en las capacitaciones realizadas en el marco de la Ley Micaela a la hora de sancionar: “Entienden que es suficiente con las capacitaciones, entonces como no se la puede sancionar a la persona en el marco de la Ley del Empleo Público, directamente va a archivo, lo cual es gravísimo. Cuando se norma el protocolo, cuando se habla de los sujetos involucrados son todos. Pero cuando los denunciás no lo son, por ser autoridad“, remarcó.
El gremio repudia la resolución de la denuncia. (Foto: archivo/Qué digital)
En relación a la Ley de Empleo Público, la Resolución de Rectorado N° 4794/21 sostiene que no fue posible realizar mayores sanciones en función del artículo 3° inciso b) de su marco regulatorio en el que se exceptúa del marco disciplinario a las personas que por disposición legal o reglamentaria ejerzan funciones de jerarquía en organismos descentralizados del gobierno nacional.
Además, Schadwill hizo referencia a una serie de modificaciones que se realizaron en el protocolo con posterioridad a la denuncia en cuestión. “Teníamos una reglamentación que se modificó. La anterior decía en su artículo 12 que cuando hay una denuncia en el marco del protocolo de violencia de género contra una autoridad, después del proceso de investigación, quien resolvía o determinaba las medidas era un órgano colegiado, un Consejo Superior o un Consejo Académico, dependiendo la autoridad. En la nueva ordenanza se estableció que no resuelve un órgano sino el rector“, explicó.
Entonces, para el gremio, las modificaciones resultan un agravante: “La denuncia es de 2019, además de que no fueron rápidos, no hubo celeridad ni respeto y la revictimizaron con un acto administrativo. Fue preparado con la modificación de la ordenanza”, denunció.
Desde la presentación de la denuncia, se activó el protocolo y, reconoce, la asistencia a la víctima estuvo garantizada. No obstante, advierte que la víctima fue separada de su lugar de trabajo cuando “debería ser al revés” e incluso, dos años después, no puede regresar a su puesto: “Con esta resolución se la revictimiza, no se investiga, se manda a archivo y se la separa de su puesto. Es terrible. Ese es el mensaje, porque si denunciás a una autoridad, no solamente no se la investiga sino que se hace un pase a la persona que denunció“, manifestó.
A la espera de que finalice el receso invernal, desde el gremio ya anticipan que están evaluando las acciones a seguir. “Como gremio tenemos que atacar el acto administrativo para que no quede firme y consentido”, adelantó, y explicó que la demora radica en la suspensión de trámites por las vacaciones: “La resolución salió un día antes del inicio del receso invernal, lo cual tampoco es casual“, añadió.
“Vamos a acompañar a la compañera y después al colectivo, porque no es menor la situación, mañana puede ser cualquier integrante de la comunidad universitaria la que denuncie a una autoridad y ya el antecedente está. Vamos por revertir ese acto administrativo”, cerró.
