Violencia escolar: docentes piden cambios en las normativas
El gremio Suteba presentó ante las autoridades provinciales una “propuesta de resguardo y preparación”, que reclama que se definan criterios de intervención, asesoramiento legal y atención médica y psicológica el tiempo que sea necesario.
Los casos de violencia en las escuelas en los que se ven involucrados alumnos, padres y trabajadores es un fenómeno sobre el que advierten hace tiempo los gremios docentes de la ciudad y de la provincia en general. En este marco, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) presentó ante autoridades bonaerenses una “propuesta de resguardo y reparación” en la que reclama modificaciones en las normativas e instrucciones precisas sobre cómo actuar ante los casos.
La presentación del documento Suteba lo realizó ante el Consejo General de Educación y lleva el nombre de “Propuesta de resguardo y reparación de los docentes ante situaciones de conflicto en el ámbito escolar”.
Desde el gremio destacaron que la iniciativa “fue producto del trabajo y la militancia comprometida desde las secretarías de Derechos Humanos, Gremial y Salud, sumado al aporte y la lucha de todos los compañeros de cada uno de los distritos bonaerenses que vivieron y resultaron ser víctimas de estas situaciones”.
Según explicaron desde Suteba, el objetivo de la propuesta es la consolidación de “medidas de reparación y resguardo para docentes, alumnos y la comunidad educativa en general”.
“El proyecto remarca la necesidad de una investigación seria y comprometida, además de una fuerte protección de los derechos de los trabajadores de la educación cuando se presentan situaciones de conflicto en las escuelas, concretamente cuando resultan ser víctimas de estas acciones y surgen denuncias sin fundamentos que recaen sobre sus personas”, puntualizaron.
LAS MEDIAS EXIGIDAS
Los docentes hicieron hincapié en cuatro puntos principales de reclamo. En primer lugar se centraron en la normativa vigente. “Actualmente no existe la figura que defina los criterios a utilizar y cómo intervenir ante estas situaciones”, plantearon y exigieron “una normativa clara que defina criterios y maneras de intervención con los compañeros que viven estas situaciones”. Según se quejaron, “siempre hay un manto de sospecha sobre el trabajador”.
Por otro lado, destacaron la necesidad de que se “arbitren los medios que consideren pertinentes para que inmediatamente el docente afectado tenga un abogado que lo asesore, que lo acompañe y que lo patrocine”.
Otro de los puntos tiene que ver con la salud física y mental, en el que pidieron “atención médica y psicológica todo el tiempo que cada situación lo requiera”.
Y por último, manifestaron que la intervención de los medios de comunicación “lejos de atenuar o resolver estas situaciones, muchas veces las complejizan”. En ese sentido, reclamaron la elaboración de protocolos de intervención de las autoridades de los establecimientos ante los medios.
