Proponen que haya recompensa por denunciar casos de corrupción
Se trata de un proyecto del diputado marplatense Guillermo Castello, que establece una retribución a quien denuncie y pruebe delitos de este tipo. “La lucha contra la corrupción es demasiado importante como para dejársela sólo al Estado”, dijo.
El diputado marplatense Guillermo Castello (Cambiemos) presentó en las últimas horas un proyecto en la cámara baja provincial que establece otorgar recompensas a quienes denuncien y prueben delitos de corrupción.
El legislador resaltó que la ley debe “promover y facilitar la participación ciudadana en la defensa del sistema democrático”, y siendo la corrupción uno de los principales atentados a dicho sistema, “se concluye fácilmente y con toda lógica que debe propiciarse legislativamente la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción”.
Castello presentó en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires este proyecto de ley que incorpora un proceso judicial que establece una recompensa a favor de quien permita recuperar fondos públicos robados o logre evitar su malversación.
Explicó al respecto que “no se trata de una retribución sólo por hacer una denuncia o aportar datos” sino de un proceso judicial de carácter patrimonial, no penal, mediante el cual el particular presenta una demanda contra quienes estén involucrados en un acto de corrupción y ofrece las pruebas necesarias para probarlo.
Según el proyecto, si finalmente el juicio termina con una sentencia favorable al particular y se logra recuperar lo robado, en todo o en parte, recién allí el demandante será acreedor de la recompensa.
Este proceso judicial, conocido como “acción qui tam”, no existe hasta hoy en el ordenamiento jurídico nacional. De hecho, aclaró Guillermo Castello, “es muy infrecuente en el derecho continental pero tiene una fuerte inserción en el derecho anglosajón y, particularmente, en Estados Unidos”
Expresamente el proyecto prevé la posibilidad de reservar la identidad del actor y de los testigos si la situación lo requiriese. Para evitar la proliferación de denuncias infundadas se contempla una multa para quien haya demandado con temeridad y malicia, adicional al pago de las costas del juicio.
“La lucha contra la corrupción en nuestro país se encuentra en cabeza del Estado, sin que se haya fomentado hasta la fecha ningún sistema que permita que los particulares asuman el riesgo de descubrir fraudes con fondos públicos y demanden a los responsables”, añadió el diputado de Mar del Plata y resaltó finalmente que “la lucha contra la corrupción es demasiado importante como para dejársela sólo al Estado”.
