Ordenanza contra Uber: “Ganó la vieja política”
El diputado Guillermo Castello, a favor de la llegada de la aplicación a la ciudad, apuntó que con la norma “se dio un paso más para convertirnos en una sociedad retrógrada, obsoleta e incapaz”.
Desde que hace una semana la aplicación Uber comenzó a funcionar en Mar del Plata el diputado provincial de Cambiemos Guillermo Castello defendió el desembarco a la ciudad y desafió el gobierno municipal al mostrarse utilizado el servicio. En las últimas horas, tras la aprobación de la ordenanza que agrava las multas contra los conductores de Uber, como de todo el transporte sin habilitación, el legislador marplatense apuntó que “la vieja política dio un paso más para convertirnos en una sociedad retrógrada, obsoleta e incapaz”.
Castello, autor de un proyecto para regular la actividad de las plataformas electrónicas en la Provincia, criticó al intendente Carlos Arroyo por ser el autor de una iniciativa y a los concejales que la acompañaron. La norma fue aprobada solo con un voto en contra, la de la concejal del mismo espacio que Castello (Coalición Cívica), Angélica González.
“Lamentablemente en Mar del Plata la vieja política dio un paso más para convertirnos en una sociedad retrógrada, obsoleta e incapaz de adaptarse a los cambios que generan las nuevas tecnologías”, cuestionó el legislador de Cambiemos.
Asimismo, afirmó que “se ha naturalizado el apriete y el accionar mafioso y esto es preocupante” al tiempo que apuntó: “Nos estamos convirtiendo en una república corporativa en la que las corporaciones condicionan las políticas públicas en defensa de sus propios intereses”.
De esta manera, el legislador sumó más críticas sobre los concejales: “Vimos que el Concejo Deliberante, institución que por estar integrada por representantes del pueblo debería resistir las presiones sectoriales y remover los privilegios de las corporaciones, se ha dejado colonizar por las mismas. Los legisladores debemos legislar orientados al interés general y no sectorial. Por el contrario, debemos liberar al ciudadano de las regulaciones que paralizan la creación de puestos de trabajo, que detienen el progreso, que frustran a los innovadores, que asfixian las iniciativas privadas y que trasladan todos esos costos a los usuarios y consumidores”.
