Coronavirus y cárceles: “Cada juez ha evaluado los casos concretos”
Desde el Colegio de Magistrados bonaerense respaldaron las decisiones de los jueces y volvieron a alertar por la sobrepoblación, que se traduce en 45.000 internos para 24.000 lugares.
El Colegio de Magistrados y Funcionarios bonaerense volvió a respaldar a través de un comunicado el desempeño de los jueces ante los pedidos de prisiones domiciliarias o de libertad asistida o condicional -según corresponda en los casos- en el marco de la pandemia del coronavirus, plantearon que esas solicitudes “han sido analizadas por los magistrados caso por caso” y además volvieron a alertar sobre la sobrepoblación en las cárceles de la provincia, que se traduce en la presencia de 45.000 internos en sitios preparados para 24.000 lugares.
A través de un nuevo comunicado emitido este lunes, el colegio que nuclea a los magistrados bonaerenses, entre ellos a los de Mar del Plata, volvió a referirse al debate social que se generó en el país al respecto y que escaló de nivel con intervención de numerosos actores políticos y judiciales.
En primer término volvieron a remarcar que “en diciembre de 2019 la población carcelaria duplicaba el número de plazas” y repararon en que “si bien hoy la tendencia es decreciente, todavía hay 45.000 internos para 24.000 lugares”.
“Los datos son contundentes”, alertaron y plantearon que “los cárceles existentes en la provincia, que dependen del Poder Ejecutivo, son insuficientes para albergar a la cantidad de personas privadas de libertad que genera el sistema judicial bonaerense”, por lo que remarcaron que ese “desequilibrio desatiende mandatos constitucionales y pactos internacionales y puede generar responsabilidad del Estado”.
“Las políticas públicas deben orientarse a equilibrar el sistema. Los magistrados y funcionarios judiciales no establecemos las políticas públicas, no edificamos cárceles, ni compramos tobilleras. Actuamos aplicando las leyes por mandato constitucional”, respaldaron.
Por otro lado, y en referencia a la resolución del Tribunal de Casación bonaerense del pasado 9 de abril, desde el Colegio de Magistrados sostuvieron que “las morigeraciones, arrestos domiciliarios y demás resoluciones excarcelatorias solicitadas han sido analizadas por los magistrados caso por caso”.
Asimismo, remarcaron que todas esas decisiones “son recurribles por las partes” y que “el Tribunal de Casación provincial fijó posición haciendo lugar a una acción de habeas corpus colectivo interpuesto por defensores oficiales, pero cada juez/a ha evaluado los casos concretos”.
Finalmente, desde la institución que nuclea a los jueces y funcionarios judiciales bonaerenses reiteraron que la Provincia presenta “la tasa de prisionización más alta del país, lo que significa que hay más detenidos por cantidad de habitantes que en cualquier otro punto de Argentina” y señalaron que “es necesario asignar mayor presupuesto para garantizar la sanidad en las unidades penitenciarias y construir más lugares de alojamiento, así como para que se adquieran tobilleras electrónicas, botones antipánico u otros sistemas de monitoreo confiables, a fines de optimizar la protección de la ciudadanía”.
LA RESOLUCIÓN INICIAL
Cabe recordar que el pasado 9 de abril la Sala I del Tribunal de Casación bonaerense -a cargo de Víctor Violini– hizo lugar a un habeas corpus presentado por los defensores oficiales bonaerenses, entre ellos la defensora general de Mar del Plata, Cecilia Boeri, y dispuso “hacer lugar durante el período de vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Poder Ejecutivo Nacional, al arresto domiciliario de las personas detenidas por la comisión de delitos leves y que se encuentren en situación de riesgo por edad o por patologías preexistentes, sean mujeres embarazadas o madres con hijos menores alojados en las unidades penitenciarias”.
Asimismo, estableció que las resoluciones deben implementarse desde el juzgado o tribunal que tiene a su cargo a cada detenido.
Por otro lado, el fallo dispuso respecto de las personas que se encuentren en situación de riesgo, pero imputadas o condenadas por la comisión de delitos graves que “cada situación sea analizada por parte del juzgado o tribunal evaluando la necesidad u oportunidad de disponer una medida de arresto domiciliario (en cuyo caso, y cuando corresponda, deberá deberá resguardarse la integridad psicofísica de la víctima), o bien, asegurando el aislamiento sanitario dentro de la unidad penitenciaria donde cada uno se encuentra alojado”.
Además, dispuso que los jueces de ejecución que tengan a disposición condenados sin sentencia firme “en los casos en que los procesados y condenados se encuentren en un plazo de seis meses anterior a alcanzar el extremo objetivo temporal previsto para obtener la libertad asistida o condicional, y que a su vez cumplan las demás exigencias impuestas, evalúen la necesidad de disponer, de manera extraordinaria y por única vez, la detención domiciliaria, hasta alcanzar el término para la obtención de mejores derechos”.
Durante este lunes el fiscal de Casación bonaerense Carlos Altuve presentó un recurso de queja ante la Suprema Corte de Justicia para que “se declare inconstitucional” esa acordada del Tribunal de Casación, por lo que para los próximos días se espera que el máximo tribunal bonaerense resuelva si aceptará o rechazará el recurso.
