Desarticulan una organización que prestaba servicios financieros ilegales
Cinco personas fueron procesadas por formar una asociación ilícita durante al menos tres años. Analizan una posible vinculación con la poderosa firma Jonestur.
Cinco personas acusadas de integrar al menos desde hace tres años una asociación ilícita para llevar adelante el delito de intermediación financiera no autorizada fueron procesadas por la Justicia Federal de Mar del Plata y embargadas por sumas millonarias. Los investigadores analizan una posible vinculación con la firma Jonestur, ya que los acusados habrían utilizado el nombre de la empresa para ofrecer los servicios financieros e incluso la oficina donde citaban a posibles clientes se ubicaba en el mismo edificio de la entidad.
Según informó la Fiscalía Federal Nº1 de Mar del Plata, a través de fiscales.gob.ar, la prueba reunida, junto al resultado de allanamientos dispuestos en 2019, llevaron al juez federal Santiago Inchausti a avanzar en los procesamientos de las cinco personas que, según la acusación, forman parte de la asociación ilícita que llevó adelante el delito de intermediación financiera no autorizada e infracciones al Régimen Penal Cambiario y a la Ley Penal Tributaria durante al menos tres años.
La banda investigada está formada por un hombre que sería el jefe la asociación ilícita, su hijo, su yerno, una mujer y otro hombre, de los cuales no se difundieron datos personales. Los procesamientos estuvieron acompañados por embargos millonarios: para el acusado de liderar la organización por 67 millones de pesos y al resto de la banda, por 42 millones.
Según se informó de manera oficial, la investigación se inició en marzo del año pasado cuando un empresario de transporte de Mar del Plata realizó una denuncia en la que expuso que en 2016 había tomado contacto con la organización a través de un hombre que le vendía combustible para su flota, a fin de obtener financiamiento para sus firmas.
“La prueba reunida señala que el 30 de agosto de 2016 se celebró un contrato de mutuo por la suma de 100 mil dólares en la sede de una escribanía, por lo que le requirieron como contraprestación ‘una tasa de interés altísima que estaba por fuera de las regulaciones del mercado financiero'”, informaron desde la fiscalía a cargo de Laura Mazaferri
Y señalaron que, de esta manera, la parte deudora se obligó a devolver el capital prestado con más 24 cuotas de amortización de interés pactado de 1800 dólares. “Precisamente la devolución sería del valor del capital con más ‘el interés compensatorio convenido del 1.8 % mensual, mediante el pago de 24 cuotas mensuales iguales y consecutivas de amortización del interés compensatorio pactado, de la cantidad de 1800 dólares cada una y una última cuota de amortización del capital prestado de la cantidad de cien mil dólares estadounidenses billete”, puntualizaron.
Además, los investigadores apuntan que los cinco imputados le ofrecieron al deudor otros servicios como continuar con el pago a través de cheques diferidos de la empresa -que luego colocarían en cuentas de terceros que buscaban financiamiento-, el descuento de cheques, la apertura de una cuenta corriente para obtener financiamiento en dólares y la realización de operaciones de cambio de divisas.
En ese marco, expusieron que se recabaron informes del Banco Central que informaron “que no surgía ningún dato vinculado a los acusados en relación a algún tipo de autorización para operar”. Y plantearon que en el marco de allanamientos realizados en octubre de 2019 se incorporó prueba con “claros indicios de que los imputados se dedicarían a su desarrollo de manera organizada y habitual”.
De esta manera y en esta instancia del proceso, el juez Inchausti tuvo por acreditado que los acusados “se valían de los fondos que captaban del público, para luego otorgarlos a terceros que también buscaban financiamiento, todo ello sin contar con la debida autorización legal, actuando como banca de hecho”.
En este sentido, el juez en su resolución -difundida por la fiscalía- remarcó “una posible vinculación con la firma Jonestur, ya que habrían utilizado el nombre de la empresa para ofrecer servicios financieros”. Y también afirmó que la oficina donde los acusados citaban a posibles clientes se ubicaba en el mismo edificio en el que la entidad en el centro marplatense y que incluso poseían elementos de identificación comercial de Jonestur.
