Hace un año atrás, el 23 de septiembre de 2020, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, se presentó en la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata para denunciar la existencia de material que daba cuenta de acciones de espionaje ilegal realizado por el gobierno de Mauricio Macri contra familiares de las y los tripulantes del submarino ARA San Juan y de los pesqueros hundidos Repunte y Rigel.

Este viernes, y tras la imputaciones y declaraciones indagatorias, el juez federal de Dolores, Martín Bava, quien finalmente quedó a cargo de la causa, procesó sin prisión preventiva a los exjefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, al ex jefe de la base de la AFI de Mar del Plata, Nicolás Iuspa Benítez, y a cinco agentes de esa dependencia.

Y también imputó al expresidente Mauricio Macri, que tendrá que presentarse a declarar el próximo jueves.

Los procesamientos fueron dictados a partir de las pruebas recolectadas que da cuentan de la existencia de una “realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley al menos en el período comprendido entre el mes de diciembre del año 2017 y finales del año 2018″. Todas esas tareas de inteligencia que incluyeron seguimientos, infiltración, fotos y confección de fichas personales se realizaron en Mar del Plata y en todos los casos las víctimas fueron familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan y de los pesqueros hundidos Rigel y Repunte.

***

La resolución fue firmada este viernes por el juez Bava -que quedó a cargo de manera subrogante del Juzgado Federal de Dolores tras el pase de Alejo Ramos Padilla a un juzgado de La Plata- y, concretamente, tras las indagatorias tomadas desde julio, dispuso procesar a Gustavo Arribas y  Silvia Majdalani, a Nicolás Iuspa Benítez (por entonces delegado a cargo de la Delegación Provincial Mar del Plata de la AFI), a  Eduardo Winkler (por entonces Director de Reunión Interior de la AFI) y a un grupo de cinco agentes que se desempeñaban en Mar del Plata y que son identificados sólo con sus iniciales (J. J. V. C., P. J. A., A. P., C. J. G. y S. P) ya que continúan prestando servicios en la AFI.

Los procesamientos se produjeron bajo la acusación del delito de “realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de coautores, en virtud de haber obtenido información, producido inteligencia y almacenado datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias, y por la actividad lícita que desarrollaban, así como en virtud de haber pretendido influir en la situación institucional y política del país, en la vida interna de los partidos políticos y en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo; en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de funcionario público en carácter de coautores”.

Asimismo, quedó pendiente la resolución de la situación procesal de otros dos acusados (D. L. D. P. y M. C) ya que fueron convocados a prestar declaración indagatoria en una segunda etapa.

Fue en esta misma resolución  en la que el juez también dispuso la citación a indagatoria del expresidente  Macri, a quien se le imputa que “por lo menos en el período comprendido entre el mes de diciembre del año 2017 y finales del año 2018 ha ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias, consistentes en la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos”.

De acuerdo a la resolución, entre esas tareas de espionaje prohibidas por ley se le imputa “haber ordenado y posibilitado la realización de numerosas de ellas con el propósito de obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan” para “influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento de dicho submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes”. Asimismo, la acusación también se centra sobre la información reunida sobre familiares y allegados de los tripulantes de los buques “Repunte” y “Rigel”.

Para el juez, todas estas tareas de inteligencia ilegal “no contaron con autorización judicial alguna, ni fueron justificadas por órdenes de
servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional y se realizaron, además, con el objeto de influir en la opinión pública,
en la opinión en esas personas y en el normal desenvolvimiento de las actividades de la agenda política de ese año, que según los
criterios preestablecidos podían afectar a la gestión del entonces gobierno”.

En la resolución, el magistrado afirmó también que el espionaje ilegal “fue llevado adelante con la participación de la Delegación Provincial de Mar del Plata dependiente de la Dirección de Reunión Interior de la AFI” y remarcó que “los cargos más altos de la Agencia Federal de Inteligencia –en el período investigado- fueron quienes llevaron adelante la planificación, la organización y la distribución de la información ilegalmente producida por la Delegación de Mar del Plata, la cual llegó a lo más alto del Poder Ejecutivo Nacional”.

LOS ORÍGENES DE LA CAUSA

En la resolución de 166 páginas el juez Bava recordó que la causa se originó a partir de la denuncia de la actual interventora de la AFI realizada en septiembre del año pasado y que se centró específicamente en Nicolás Iuspa Benitez, Eduardo Winkler – que tenía a su cargo el control de todas las delegaciones provinciales durante el período en que se llevaron a cabo la tareas denunciadas-, Gustavo Arribas, Silvia Majdalani y Mauricio Macri “en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional”,

Fue en ese marco que el fiscal general marplantese Daniel Adler -a cargo temporalmente de la Fiscalía Federal N°2- llevó adelante diversas medidas probatorias como relevamientos en los principales medios gráficos, requerir informes a la Comisión Bicameral de Inteligencia y recibir  declaraciones testimoniales de diversas víctimas, entre las que se encontraron familiares de tripulantes del ARA San Juan y del buque pesquero Rigel, además de la abogada querellante de familiares del submarino Valeria Carreras .

A medida que avanzó la producción de la prueba, el titular del Juzgado Federal N° 3 de Mar del Plata, Santiago Inchausti, resolvió enviar la causa para que siga su trámite en el Juzgado Federal de Dolores teniendo en cuenta una causa que ya investigaba maniobras similares e incluso con las mismas víctimas: se trata de la causa denominada “Bases AMBA” por la que en diciembre pasado ya fueron procesados los dos exjefes de la AFI y el titular de la delegación Mar del Plata, además de otros acusados.

Tras las idas y vueltas respecto al envío de la causa a Dolores, finalmente el expediente quedó allí radicado y el juez Bava comenzó con la toma de declaraciones indagatorias a los acusados, que se iniciaron en julio y que finalizaron recientemente. A ellas ahora se sumará la de Mauricio Macri.

El juez en esta instancia remarcó que la reunión de información respecto de las víctimas “no fue azarosamente dispuesta por el Delegado a cargo de la Base Mar del Plata y/o los agentes que allí se desempeñaron, sino que respondió a órdenes directas y específicas emanadas de las máximas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia y que éstos materializaron” y planteó que “el establecimiento de esos objetivos de inteligencia, en particular las y los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, respondieron a una orden directa emanada del Poder Ejecutivo Nacional”.

“Se pudo detectar que esos informes de inteligencia ilegal que fueron relevados no versan en lo absoluto sobre situaciones de riesgo para la seguridad interior o la defensa nacional o la investigación de delitos federales complejos, sino que consistieron en el relevamiento, acumulación y/o producción de información sobre familiares de la y los tripulantes de los buques hundidos ‘Rigel’ y ‘El Repunte’ y el submarino ARA San Juan, que reclamaban al entonces gobierno nacional por la aparición de sus allegados y justicia para el esclarecimiento de los hechos”, concluyó.

LAS CONEXIONES CON OTRA CAUSA DE ESPIONAJE

El juez recordó que esta causa presenta conexiones con otra por la que en diciembre del año pasado el juez que por entonces estaba a cargo del Juzgado de Dolores, Alejo Ramos Padilla, procesó al cúpula de la AFI por el espionaje ilegal llevado adelante al menos desde 2016 contra organizaciones sociales, gremios, familiares de víctimas de hundimientos y opositores políticos en toda la Provincia y también en Mar del Plata el marco del “Proyecto AMBA”.

El llamado “Proyecto AMBA” de la AFI consistió en la instalación de seis bases de inteligencia en el conurbano bonaerense, en las zonas de Ezeiza, San Martín, Haedo (Morón), Pilar, La Matanza y Quilmes desde mediados de 2016, a las que se sumaron también las delegaciones históricas con asiento en las ciudades de La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca, que pasaron a depender de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires y conformaron la estructura de inteligencia de la AFI durante 2017.

En ese sentido, el juez puntualizó que en esa causa “ya se habían analizado una serie de documentos provenientes de la Delegación de Mar del Plata, de los cuales surgía el seguimiento y las tareas de inteligencia ilegal llevadas adelante por los agentes de dicha delegación a los reclamos de los familiares de los barcos pesqueros ‘El Repunte’ y el ‘Rigel’, así como también del submarino ARA San Juan”.

“La conexión entre ambos procesos se da no solo por ser el mismo modus operandi con el que se desarrollan las acciones, sino también por ser los mismos actores quienes se encuentran implicados en tareas de espionaje ilegal cuyos objetivos de inteligencia son idénticos”, remarcó.

Y recordó y coincidió con una definición expuesta por el entonces juez Ramos Padilla en la otra causa:  “La magnitud del espionaje y el modo sistemático en que se implementaron estas acciones de inteligencia ilegales en toda la provincia de Buenos Aires, la identificación de una cadena de mando jerárquica, el reporte de la información en línea ascendente por diferentes áreas de la Agencia Federal de Inteligencia, el cumplimiento de las distintas fases del ciclo de inteligencia, la existencia de órdenes directas de la superioridad tanto programáticas como acerca de determinadas tareas específicas vinculadas con el espionaje interno de tipo político, la constatación de objetivos comunes y patrones estandarizados para la categorización de la información y la actuación coordinada de todas estas bases, constituyen premisas objetivas que, analizadas de forma mancomunada, permiten concluir que estas acciones no fueron causadas por la mera extralimitación de algunos agentes o por una actuación aislada de ciertas dependencias internas de la AFI, sino que existió un plan organizado y ordenado por las máximas autoridades de la Agencia para toda la provincia de Buenos Aires”.

EL ESPIONAJE

En la extensa resolución, el juez Bava definió que se encuentra acreditado ante esta instancia que la Agencia Federal de Inteligencia “se dedicó en forma sistemática a la recolección, sistematización, análisis y producción de inteligencia vinculada con los y las familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan” y planteó que “se comprobó que esas tareas implicaron el registro de reuniones, manifestaciones públicas, misas, audiencias en órganos legislativos, visitas al entonces Presidente de la Nación, y otra serie de eventos y reclamos, que implicaron la compilación exhaustiva de datos personales de las personas espiadas y hasta la infiltración en los reclamos que llevaban adelante”.

Para el juez, en ese marco, Winkler era el encargado de analizar y sistematizar la información ilegalmente producida por la Delegación de Mar del Plata, la cual era reenviada directamente a la órbita de Silvia Majdalani. Y señaló a la funcionaria “se nutría periódicamente con los documentos ilegales producidos por la Delegación de Mar del Plata” y “fijaba los objetivos de inteligencia específicos y adoptaba las decisiones en base a la información recopilada por sus dependientes“

“A la luz de todo lo expuesto, queda claro que dentro de esos ‘objetivos’, estaba el de investigar a los familiares de los tripulantes submarino ARA San Juan, así como a los del Buque ‘Rigel ‘y del Buque ‘El Repunte'”, concluyó.

VÍCTIMAS: MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

En el escrito el juez también dijo que “no deja de sorprender” el hecho de que “casi la totalidad de las víctimas resultan ser mujeres”. Y abundó: “Son las madres, las hermanas, las parejas de los tripulantes del submarino ARA San Juan y de los buques Rigel y El Repunte, que solo buscaban –y buscan- saber qué paso con sus seres queridos”.

En el mismo sentido, destacó que las mujeres “se encontraban en una clara situación de vulnerabilidad frente a esos sucesos, mientras los organismos del propio Estado ante sus reclamos de justicia, lejos de protegerlas y actuar con debida diligencia, las espiaba ilegalmente”.

Así, planteó: “La gravedad de los hechos aquí ventilados constituye no solo una conculcación al sistema democrático, sino que vulnera los compromisos asumidos internacionalmente por el Estado Argentino, por inmiscuirse en la vida privada e intimidad de éstas mujeres y de las familias que estaban atravesando uno de los mayores golpes de su vida, como es la desaparición de un ser querido. Todo ello como consecuencia de haber ejercido sus derechos de peticionar ante las autoridades para saber qué pasó en verdad con sus familiares”.

“A lo largo de esta resolución se pudo comprobar la responsabilidad estatal llevada adelante por integrantes y máximas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia, en hechos claramente contrarios a los principios básicos de nuestra Constitución Nacional. Es clara la afectación a los derechos de privacidad e intimidad de las víctimas en esta causa. El derecho a la privacidad no puede ser cercenado por ninguna intervención estatal, salvo que se encuentre en riesgo el propio individuo o terceras personas, algo que como vimos, de ninguna manera ocurrió en los legítimos reclamos llevados a cabo por las familias de los tripulantes del ARA San Juan, así como las familias de los tripulantes de los buques ‘Rigel’ y ‘El Repunte'”, concluyó Bava.