Prostíbulos, captación y explotación: tres hombres procesados por trata de personas
La causa se inició en Mar del Plata a partir del engaño y la captación de una menor de edad que además fue violada por uno de los acusados, de 69 años.
Los allanamientos realizados semanas atrás en al menos tres departamentos céntricos de Mar del Plata que eran usados como prostíbulos y donde fueron rescatadas siete víctimas derivó en el procesamiento de tres hombres que están acusados por el delito de trata de personas y uno de ellos, además, por haber violado a una de las víctimas, menor de edad, que fue engañada, captada y trasladada a la ciudad para introducirla al mundo prostibulario. La resolución del juez federal Santiago Inchausti dispuso también la fijación de un embargo de $50 millones para cada imputado en concepto de una eventual responsabilidad civil.
El procesamiento dispuesto por el titular del Juzgado Federal N°1, con prisión preventiva, alcanza a tres hombres de 69, 41 y 37 años quienes están acusados por el delito de trata de personas agravado –por la consumación de la explotación sexual, por el abuso de la situación de vulnerabilidad en que se encontraban las mujeres y en dos casos, por la edad de una de ellas, menor de edad-, en concurso aparente con el delito de promoción y facilitación de la prostitución y la administración y regenteo de prostíbulos.
Por su parte, el hombre de 69 años también es acusado por el delito de abuso sexual agravado del que resultó víctima una adolescente a la que captó, trasladó Mar del Plata e introdujo al mundo prostibulario.
El caso se conoció el 26 de septiembre a partir de ocho allanamientos realizados por la Prefectura en el marco de una investigación que en realidad se inició a principios de este año cuando tras la intervención de los equipos de Inclusión Distrital y del Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos del Niño se detectó el caso de una adolescente que fue captada en otra localidad bonaerense -que no se dio a conocer-, trasladada a Mar del Plata y explotada sexualmente.
Tras dictarse ahora el procesamiento de los tres acusados, desde la Fiscalía Federal N°2, a cargo de la investigación, detallaron que la menor de edad fue captada a través de una cuenta de Instagram, por medio de una persona que le facilitó el teléfono de uno de los acusados para viajar hasta Mar del Plata, con la promesa de ganar dinero durante la temporada y así independizarse de su familia. En ese sentido, un informe del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a personas damnificadas por el delito de trata indicó que “la adolescente vio vulnerados sus derechos desde muy temprana edad y esto podría haber desencadenado su exposición a situaciones de riesgo”.
La fiscalía y el juez consideraron probado en esta etapa que el hombre de 69 años recibió, mantuvo bajo su control durante cuatro días y abusó de la adolescente en una oportunidad, en tanto que después encomendó a una mujer trans -para quien se dictó falta de mérito en el marco de la causa- que la instruyera para “iniciarla en el sistema prostibulario”.
“(El acusado) se presentó ante la menor de edad como un hombre adinerado, quien le brindaba alojamiento en la ciudad de Mar del Plata con el único fin de iniciarla en la actividad prostibularia, explotarla sexualmente y a la vez, abusar sexualmente de ella en, al menos, una oportunidad”, sostuvo el juez Inchausti en su resolución en sintonía con lo investigado por el auxiliar fiscal Hércules Giffi.
Los otros dos acusados -hermanos- están acusados de manejar al menos tres prostíbulos ubicados en la zona céntrica de Mar del Plata y en un radio de no más de quince cuadras. El hombre de 41 años es acusado también de haber explotado a la menor víctima ya que los investigadores sostienen que habría sido quien la recibió en un departamento céntrico a cambio de 25 mil pesos por semana. La adolescente declaró en la causa que él era quien “se encargaba de gestionar departamentos para prostitución”.
En torno a la acusación contra los dos hermanos, el juez entendió que “no solo tendrían a su cargo el mantenimiento de los mismos (departamentos) en cuanto a los distintos arreglos que estos pudieren requerir sino que además cobrarían a las mujeres que allí se encuentran en situación de prostitución altas sumas de dinero por su alquiler (entre 2500 y 3000 pesos diarios), e incluso (…) rendirían cuentas acerca de los servicios y/o clientes/prostituyentes que asisten a dichos lugares e impondrían los horarios de apertura y ‘descansos’”.
VÍCTIMAS VULNERABLES Y “ADOCTRINADAS”
Según informó fiscales.gob.ar, el juez al momento de dictar los procesamientos remarcó el estado de vulnerabilidad encontrado en las víctimas, algunas de ellas con estudios primarios sin completar y otras que alcanzaron a terminar el secundario, y muchas de ellas sostén de hogar con hijos e hijas a cargo.
Una de las víctimas declaró con relación a los departamentos donde se alojaban que uno de los tres acusados “estaba al tanto sobre a que veníamos acá a laburar (refiriéndose a su situación de prostitución), no nos pidió garante, ni depósito, y nos dijo que si no hacíamos quilombos —es decir ruido, peleas- íbamos a estar tranquilas”.
“Bajo este tamiz, desde que tal suerte de ‘voluntad’ ante la presencia de estos elementos, como las carencias sufridas y una situación de vulnerabilidad y desamparo extremas que, en una ciudad y una sociedad completamente que las marginan, con necesidades económicas, habiendo perdido su trabajo por haber cerrado el comercio donde trabajaban debido a la situación de pandemia que venimos padeciendo mundialmente, no viendo una salida laboral viable, viene a robustecer, en las víctimas, la percepción de ausencia de mejores opciones de vida y su no reconocimiento de tal condición”, consideró el juez.
Y también planteó que “se ha comprobado que las víctimas se encontraban adoctrinadas con no realizar ruidos ni movimientos, con horarios predeterminados que resalten las actividades realizadas en cada unidad funcional”, y remarcó que las víctimas no tenían “otra opción que permanecer en esas condiciones, pues la situación socioeconómica de las mismas para el caso en que decidan irse de allí, no veían otra opción viable de supervivencia”.
En este sentido, concluyó que “el supuesto consentimiento -de por sí viciado- que podrían haber prestado las víctimas, en modo alguno excluye la relevancia penal de la conducta de quienes la provocaron y se aprovecharon de la situación desventurada en que se hallaban”:
