Cómo operaba la banda que extorsionaba con préstamos
La Justicia procesó a los siete detenidos que integraban una asociación ilícita que cometía usura y extorsión. Hasta el momento hay 37 víctimas. Investigan la posible “cobertura” por parte de una comisaría.
Al menos desde marzo de 2017, entablaron una relación diaria con comerciantes, puesteros y pequeños emprendedores la feria de la feria ubicada en la Rambla. A ellos les otorgaban préstamos de dinero en efectivo –de entre $3 mil y $130 mil- con intereses usurarios bajo la modalidad de “cobro día a día” o “gota a gota”, sin formalidad alguna. De esta manera, se aprovechaban de las necesidades de sus víctimas, obtenían ventajas evidentemente desproporcionadas a raíz del préstamo de dinero y habrían intimidado -en más de una ocasión y mediante el uso de un arma de fuego- a los damnificados para que entregasen el dinero con los intereses.
Ese es el accionar por el cual la Justicia detuvo a fines de noviembre pasado a siete personas a las cuales ahora el juez federal Santiago Inchausti las procesó por integrar una asociación ilícita que cometía usura y extorsión. A todo el entramado de funcionamiento de esta banda, sobre la cual también se cree que realizaba maniobras compatibles con lavado de dinero, se sumó en la investigación la posible cobertura policial para realizar las maniobras, punto que el juez pidió que se profundice.
Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, en las últimas horas el juez Inchausti procesó con prisión preventiva a las siete personas detenidas -de entre 36 y 63 años, todos ciudadanos colombianos- acusadas de integrar una asociación ilícita que cometía usura y extorsión.
En la investigación que llevó adelante el fiscal Nicolás Czizik junto a la Policía Federal, se estableció que los acusados otorgaban préstamos de $3 mil a $130 mil, con altas tasas de interés, y obtenían su cobro a través de la modalidad “gota a gota” para lo cual empleaban violencia y un arma de fuego.
CÓMO ACTUABAN
Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, la investigación se inició a partir de actuaciones elevadas, en marzo de 2017, por personal de la Policía Federal que daban cuenta de que varios individuos, que se trasladarían en una moto de alta cilindrada, entablarían a diario un vínculo con los comerciantes de la feria ubicada en la Rambla, donde les ofrecían préstamos de dinero con devolución de intereses.
El resultado de los operativos dispuestos en noviembre pasado por la fiscalía, sumado a las pruebas recolectadas durante la instrucción -como escuchas telefónicas, informes policiales y migratorios- y las declaraciones indagatorias recibidas en el Juzgado, derivó en los procesamientos de los siete detenidos, a quienes se les acusa de, en forma organizada y al menos desde marzo de 2017, haber entablado relación diaria con comerciantes, puesteros y pequeños emprendedores, a quienes les otorgaban prestamos de dinero en efectivo con intereses usurarios bajo la modalidad de “cobro día a día” o “gota a gota”, sin formalidad alguna o respaldo financiero aparente.
En su resolución, el titular del Juzgado Federal N°3, Santiago Inchausti, señaló que dichos préstamos siempre fueron monitoreados, supervisados y organizados a través de la rendición de cuentas diarias y semanales, en las que se detallaban los montos, plazos y regularidad en el pago de los deudores, y “en ocasiones haciendo uso de un procedimiento coactivo, mediante el uso de la violencia, para proceder al cobro de aquellas personas que demorarían en abonar los préstamos”.
Para concretar las maniobras, los investigadores sostienen que imputados se aprovechaban de las necesidades de sus víctimas –que hasta el momento son 37 en la causa- y obtenían ventajas pecuniarias evidentemente desproporcionadas a raíz del préstamo de dinero concedido. Para ello, los procesados habrían intimidado -en más de una ocasión y mediante el uso de un arma de fuego que se prestaban entre ellos- a los damnificados para que entregasen, enviase, depositasen o pusiesen a disposición de la organización sumas de dinero con los intereses usurarios.
También, el juez señaló una de las conversaciones que forman parte del material probatorio del expediente como de “extrema gravedad”, en la que se daría cuenta de la posible cobertura a cambio de dinero de parte de una comisaría policial, extremo sobre el cual planteó la necesidad de profundizar la investigación.
LA ACUSACIÓN
De acuerdo a la acusación efectuada por el representante del Ministerio Público Fiscal y los procesamientos dictados por el juez Inchausti, los hechos endilgados a los imputados encuadran en las conductas de usura en concurso real con asociación ilícita
“Estamos frente a una organización ilícita transnacional, dados los giros dinerarios al extranjero, más precisamente a Colombia, sumado al contenido de otras conversaciones y a que los imputados habrían llegado al país poco antes del inicio de las actividades ilícitas”, sostuvo el juez en el procesamiento.
Asimismo, consideró que “más allá de lo que surja de la profundización de la investigación, también integra el complejo de maniobras delictivas que desarrollaría la organización ilícita” el delito de lavado de activos aunque, si bien aún no se les imputaron maniobras concretas, el juez Inchausti entendió que de la causa “resulta latente”, atención a los volúmenes de dinero secuestrado, el envío de dinero al extranjero y la adquisición de varios rodados en el país.
