Con desempate de Villarruel, el Senado aprobó la Ley Bases de Milei
La votación se produjo después de trece horas de debate. El marplatense Abad votó a favor en general. Cómo quedó la ley.
Con el desempate de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, el gobierno de Javier Milei alcanzó este miércoles a la noche la aprobación en el Senado de la Ley Bases después de varios cambios introducidos durante la sesión que hará que el expediente con sus modificaciones deba volver a ser analizado por Diputados. En particular, ya durante la madrugada, la delegación de facultades al presidente y las privatizaciones, entre otros puntos, también fueron desempatadas. Resta el tratamiento del paquete fiscal. Un repaso por los votos del senador marplatense radical Maximiliano Abad.
A cuatro meses del fracaso en Diputados de la original Ley Ómnibus y a 40 días de la media sanción dada a la versión más acotada, este miércoles el Senado discutió -en medio de una jornada de protestas, represión y violencia en la calle- a lo largo de más de trece horas el expediente enviado desde la cámara baja con plena incertidumbre por la ajustada votación final.
Para llegar a ese momento, ya en el inicio de la sesión Bartolomé Abdala, senador por San Luis de La Libertad Avanza, anunció una primera serie de cambios incorporados al dictamen que había salido de comisión -que ya incluía modificaciones con respecto a lo aprobado en Diputados-: entre ellos, se quitó el capítulo completo que buscaba derogar la moratoria previsional vigente, se eliminaron tres empresas públicas de la privatización y se fijó que resulta “inconveniente para el interés público” la suspensión o rescisión de los contratos de obra públicas que estén ejecutadas en un 80%.
Además, sobre el final, antes de la palabra de cierre de cada bloque anunció una segunda tanda de cambios, en ese caso centradas en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para reducir su alcance. E incluso en la votación en particular, como una muestra de suma desprolijidad, volvió a modificar los sectores que pueden estar comprendidos.
A la hora de la votación en general, fueron 36 los votos positivos (incluido el del marplatense Abad) contra 36 negativos por lo que la definición quedó en manos de Villarruel que terminó por concretar la aprobación.
El senador marplatense Maximiliano Abad
Luego, en el tratamiento en particular entrada en la madrugada del jueves, la votación fue por títulos: en la que se fijó la delegación de facultades a Milei y en la de las privatizaciones también se produjeron empates con 35 votos a favor y 35 en contra -entre ellos Abad, como había adelantado– por lo que volvió a definir Villarruel. En el resto no hizo falta esa instancia ya que la mayoría a favor se impuso en todos inclusive en el del polémico RIGI. En ellos, el senador marplatense aportó su voto positivo.
Tras el tratamiento y votación de la Ley Bases, el Senado se preparaba para empezar la discusión del paquete fiscal incorporado por el gobierno que incluye regresiones al Impuesto a las Ganancias para los asalariados, el “blanqueo” de capitales y modificaciones en el régimen de monotributo.
LEY BASES: QUÉ SE APROBÓ
DELEGACIÓN DE FACULTADES
El proyecto de ley aprobado declara de emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año y le otorga la delegación de las facultades a Milei en esas áreas.
REFORMA DEL ESTADO Y FONDOS FIDUCIARIOS
El proyecto faculta a Milei, en relación con organismos de la administración central o descentralizada, a concretar una “modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades dispuestas legalmente cuyo mantenimiento resulte innecesario” y a la “reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previo acuerdo que garantice la debida asignación de recursos”, aunque de eso se dejó excluidas a las universidades nacionales además de órganos del Poder Judicial y Legislativo.
Y también, como parte de los acuerdos cerrados, se contempló que el gobierno “no podrá disponer la disolución” de una serie de organismos que en el dictamen del Senado fueron duplicados -se agregó, por ejemplo, el Inidep- con relación a los que se habían introducido en Diputados. El listado es el siguiente:
- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet)
- Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (Anlis)
- Administración Nacional de Medicamentos,Alimentos y Tecnología Médica (Anmat)
- Instituto de la Propiedad Industrial (INPI)
- Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa)
- Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom)
- Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN)
- Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae)
- Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)
- Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau)
- Comisión Nacional de Valores (CNV)
- Instituto Nacional Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai)
- Unidad de Información Financiera (UIF)
- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
- Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
- Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG)
- Administración de Parques Nacionales (APN)
- Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa)
- Instituto Antártico Argentino (IAA)
- Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (Citedef)
- Centro de Investigación Tecnológica de las Fuerzas Armadas (Citefa)
- Instituto Geográfico Nacional (IGN)
- Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres)
- Servicio de Hidrografía Nacional
- Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
- Instituto Nacional del Agua (INA)
- Servicio Geológico-Minero Argentino (Segemar)
- Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep)
- Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard)
- Superintendencia de Seguros de la Nación
- Superintendencia de Riesgos del Trabajo
- Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación
A ellos, además, este miércoles durante la sesión se incorporó a todos los “organismos vinculados a la cultura”. Del mismo modo, se incorporó a la Comisión Nacional de Energía Atómica entre los organismos que no pueden ser intervenidos.
Uno de los artículos durante el debate de la edición anterior de la ley que terminó por fracasar y que generó particular atención en Mar del Plata fue el que refiere al régimen de “Zona Fría”, es decir, los descuentos de entre el 50% y el 30% en las tarifas del servicio de gas por red. En ese sentido, el nuevo texto volvió a autorizar al gobierno a “modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos” en base a una serie de reglas pero dejó específicamente excluido al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, creado por la ley N°25.565.
PRIVATIZACIONES
Uno de los puntos de mayor interés en la ley es el de las privatizaciones. Esta nueva versión declaraba “sujetas a privatización” (o concesión en algunos casos) a una decena de empresas públicas, aunque este miércoles durante la sesión también se eliminaron de ese listado a Aerolíneas Argentinas, Correo Oficial de la República Argentina y Radio y Televisión Argentina. De esta manera, la nómina quedó conformada por:
PRIVATIZACIÓN:
- Energía Argentina SA
- Intercargo SAU
PRIVATIZACIÓN/CONCESIÓN:
- Agua y Saneamientos Argentinos SA
- Belgrano Cargas y Logística SA
- Sociedad Operadora Ferroviaria SE (Sofse)
- Corredores Viales SA
También se contempla que Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) quedarán “sujetas a privatización”.
EMPLEO PÚBLICO Y REFORMA LABORAL
Entre otros artículos, el nuevo proyecto que aprobó el Senado contempla diversas modificaciones en la ley de Empleo Público Nacional lo que ha sido calificado por parte de gremios como ATE como “retroceder de manera directa y sin escalas a la década del ’90 con la erradicación de derechos” y una reforma laboral regresiva pero acotada en relación a las pretensiones originales incluidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia dictado a los pocos días de la asunción del gobierno que fueron suspendidas por la Justicia. Entre sus puntos más relevantes, se encuentran:
- Elimina sanciones y multas para empleadores por la informalidad y falta de registración laboral
- Aumenta el período a prueba de tres a entre seis y doce meses para estirar el ingreso pleno a los derechos laborales y en el Senado se incorporó al texto que “cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin expresión de causa, sin derecho a indemnización con motivo a la extinción”.
- Prevé que mediante los convenios colectivos de trabajo se podrá sustituir el esquema de indemnización previsto por ley -que ante despidos fija el pago del equivalente a un mes de sueldo por cada año trabajado- por un “fondo o sistema de cese laboral”.
- Habilita una práctica de informalidad laboral para que un empleador que tenga hasta tres empleados -en el proyecto aprobado en Diputados eran cinco- lo haga sin relación laboral sino mediante monotributo como “trabajadores independientes colaboradores”.
Además de esos puntos que se aprobaron en Diputados, en el dictamen del Senado se sumó como incorporación a la Ley de Contrato de Trabajo un inciso que contempla como causa de despido la “participación activa en bloqueos o tomas de establecimientos” al considerarla como una “grave injuria laboral”.
HIDROCARBUROS Y GRANDES INVERSIONES
Como parte de la ley, un extenso debate se centró en otros dos temas que generaron fuertes reacciones de la oposición: múltiples cambios en la ley 17.319 de Hidrocarburos y la creación de un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con fuertes beneficios impositivos para grandes empresas.
En él el oficialismo incorporó diversos cambios de último momento sobre el final de la discusión -y con idas y vueltas en el medio-, aunque el principal fue acotar su alcance a los sectores “foresto industria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, petroleo y gas”. La redacción original fijaba que podían aplicar “proyectos de cualquier sector” y una posterior había dejado afuera, por ejemplo, al petrolero.
Algunos de los puntos que ya incorporado el Senado a diferencia de Diputados contemplan que en el plan de inversión que se presente se incorpore un “declaración jurada, sustentada en un estudio técnico” en el que se establezca que “no distorsionará el mercado local” además de un “plan de desarrollo de proveedores locales”.
