Abusos: “La Iglesia tiene un modus operandi delictivo”
Lo sostuvo el abogado Carlos Lombardi tras la presentación de un pedido de informes al Obispado para que confirme si se inició una investigación en torno al accionar del cura del caso Nuestra Señora del Camino.
Aunque los hechos se registraron hace más de diez años, hay quienes siguen buscando justicia. Y por eso, un grupo de padres de chicos que fueron abusados en 2002 presentó un pedido de informes al Obispado para que confirme si, tal y como establece el Código de Derecho Canónico, el por entonces obispo de la ciudad inició una investigación en torno al accionar del párroco Pedro Alejandro Félix Martínez, director del establecimiento educativo Nuestra Señora del Camino.
Se trata de uno de los casos que más conmocionó a la comunidad marplatense y que surgió tras la presentación, en 2002, de unas cuarenta denuncias por abuso sexual a menores que apuntaban principalmente al profesor de Educación Física Fernando Melo Pacheco y al cura Pedro Alejandro Félix Martínez, ambos integrantes de la comunidad educativa del colegio católico. Sin embargo, solo el docente fue juzgado en perjuicio de 21 chicos, pero la Justicia lo encontró inocente y fue absuelto. En cuanto al párroco, nunca fue sometido a un proceso penal.
Ahora, y en concordancia con distintas presentaciones realizadas en todo el país, la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico elevó una nota al Obispado junto a seis mamás y un papá. El objetivo es que la Iglesia brinde una serie de informaciones relacionadas con la investigación que el exobispo José María Arancedo, de acuerdo a lo establecido en el Código de Derecho, debió haber llevado a cabo “con el fin de esclarecer y/o juzgar en sede canónica los abusos sexuales cometidos contra sus hijos parte del cura párroco, director del establecimiento educativo”.
Carlos Lombardi es el abogado que elaboró la nota presentada y uno de los asesores legales de la Red. En diálogo con QUÉ, en la radio, el letrado se refirió a la presentación y precisó que fueron requeridos varios puntos para saber “si se llevó a cabo una investigación, de acuerdo a lo normado por el canon 1717”.
En concreto, se busca que la Iglesia informe “si se comunicó a la Congregación de la Doctrina de la Fe el caso de abusos sexuales perpetrados; cuáles fueron los resultados de la investigación y si hubo medidas o sanciones adoptadas contra el sacerdote imputado; si existió mérito para elevar a proceso penal canónico el caso en cuestión; si existió avocamiento del Promotor de Justicia de la Diócesis y en caso afirmativo, cuál fue el dictamen del mismo; si se dio intervención a las autoridades públicas, denunciando ante la justicia penal al presunto responsable; y cuáles fueron las medidas canónicas o pastorales adoptadas para reparar el daño causado a las víctimas y restablecer la justicia”.
Al respecto, Lombardi explicó que del mismo modo que se realizó en Mar del Plata, la misma información se le pidió al obispo Héctor Aguer en La Plata en octubre del año pasado -con intercambio de notas y cartas documento- en relación a un caso similar. En ese sentido, entendió, el modus operandi de la Iglesia se repite y “los encubrimientos son una constante”.
“La Iglesia tiene un modus operandi delictivo y contrario a los derechos humanos”, sostuvo el abogado, que explicó que el objetivo central en el que caso de Nuestra Señora del Camino es que por fuera de la causa penal, “que está en discusión con un sinnúmero de irregularidades”, se avance en sede canónica para saber “si se ha iniciado algún tipo de juicio para aplicar una sanción al párroco”.
“A partir de eso, los papás y las mamás podrían avanzar, si vieran que el accionar de la iglesia institucional ha causado un grado de perjuicio, en el ámbito de la Justicia civil”, apuntó y dijo que el procedimiento interno que lleva adelante el Obispado es de por sí irregular si se lo compara con las reglas o los principios jurídicos normales: “Es violatorio de derechos y garantías fundamentales”.
En esa misma línea, el abogado se refirió a una situación similar ocurrida en 2010 ante el Arzobispado de Mendoza en el caso de otro joven abusado. “La información fue negada por ‘improcedente’, lo que motivó un juicio civil por daños y finalmente llegó derrota de la iglesia, que en abril de este año, pagó la indemnización”, explicó.
LOS PASOS A SEGUIR
En cuanto a las expectativas en torno a las respuestas por parte del Obispado, Lombardi intentó ser optimista, aunque también fue realista: “Dado el modus operandi delictivo y contrario a los derechos humanos, tenemos poca esperanza, pero siempre hay una luz”. Y entonces, el abogado adelantó que “conforme a lo que responden se verá si se le reclamará al Estado por los perjuicios”.
Finalmente, y en relación a los alcances de este tipo de “investigación o proceso interno”, el letrado explicó que los mismos no son judiciales, ya que existen tres niveles de acción relacionados con estas situaciones: el canónico, el penal y el civil. “Van por vías separadas”, advirtió y también cuestionó el hecho de que en muchos casos “la Iglesia ejerza una fuerte presión” sobre los magistrados que buscan investigar: “Hay una cuestión corporativa y el problema es que hay legisladores y jueces que le prestan el oído”.
