Precarización y maltrato en Positivo: “Si no te gusta, andate”
Los empleados denuncian bajos sueldos, el blanqueo de 4 de las 9 horas que trabajan y descuentos arbitrarios en la comisión por venta. Son obligados a pagar insumos de los locales. La AFIP y la Justicia investigan presunta evasión tributaria.
En los cuatro locales que la marca de indumentaria y artículos para bebé “Positivo” tiene en Mar del Plata se repiten hace tiempo, en mayor o menor medida según la sucursal, múltiples irregularidades laborales y salariales que los propios trabajadores salieron a denunciar públicamente.
Según indicaron en forma anónima para evitar represalias, buena parte de los empleados trabaja nueve horas por día, aunque legalmente solo figuran en blanco por cuatro horas (a excepción de algunas encargadas), un mecanismo de evasión frecuente en varios comercios de distintos rubros.
Cada empleada cobra alrededor de $33.30 por cada hora de trabajo y la propietaria de las cuatro sucursales, Nancy Noemí Rivero, se niega a pagar el aumento salarial que acordó el Sindicato de Empleados de Comercio en paritarias, que elevó el básico a $11.700.
Sin embargo, las irregularidades en “Positivo” no son solo salariales. Además de la investigación que pusieron en marcha hace tiempo la AFIP y la Justicia por presunta comisión del delito de asociación ilícita tributaria y evasión previsional, en diálogo con QUÉ algunas empleadas contaron que el porcentaje que reciben en concepto de comisión por ventas (del 1,5%) pende de un hilo.
Ha ocurrido, comentaron, que por faltar un solo día por inconvenientes de salud, la propietaria les descontó a los trabajadores el total mensual de la comisión, pese a haber presentado certificado médico para justificar la falta. A algunos, en su primer mes de trabajo no les pagó esta comisión incluso sin haber faltado.
La marca tiene cuatro locales en Mar del Plata. Están ubicados en San Martín 2399, Rivadavia 2420, Catamarca 1730 y Güemes 3361. Nancy Noemí Rivero, investigada por el Juzgado Federal Nº3 tras la denuncia que presentó la AFIP en 2015 contra Positivo por presunta evasión tributaria, es la propietaria de todas las sucursales. Una de las maniobras que quedó al descubierto en la causa fue la omisión de depositar los aportes retenidos de sus empleados en el tiempo correcto.
Entre otras irregularidades, las entre cinco y siete empleadas por comercio quedaron obligadas a hacerse cargo de algunos de los gastos de las sucursales, como el papel higiénico y artículos de limpieza entre otros insumos, según denunciaron.
La dueña -detallaron- dejó de comprar estos insumos con regularidad y ante la falta de respuestas, los trabajadores debieron empezar a hacerse cargo. Algo similar ocurre en algunas de las sucursales con el agua de un dispenser. Ante la negativa de la propietaria, las empleadas sacan dinero de su salario para pagarlo y tener agua caliente.
Los cuatro locales abren todos los días, menos los domingos. Ese día se les da en concepto de franco a las empleadas. Sin embargo, si por disposición de la dueña el comercio debe abrir un domingo, el personal se queda sin franco, agregaron.
Las visitas e inspecciones del Sindicato de Empleados de Comercio son frecuentes. Sin embargo, las empleadas aseguran que temen reconocer que solo están blanqueadas por cuatro horas y contar en las condiciones en las que trabajan, por recaudo ante las represalias de la dueña, que ya sufrieron en otras oportunidades.
PRESIÓN PSICOLÓGICA: “SI NO TE GUSTA, AHÍ TENÉS LA PUERTA”
La caída generalizada del consumo, el contexto inflacionario y la crítica situación económica son algunos de los motivos que la propietaria utiliza, según denuncian las empleadas, para justificar los bajos salarios. Sin embargo advierten que las excusas para abonar el sueldo contemplado en el convenio, vienen desde hace años dentro Positivo.
Los trabajadores entienden que la dueña juega con una “presión psicológica” ante los reclamos y afirman que la respuesta que obtienen cuando le exigen una mejora salarial es “si no te gusta como son las cosas, ahí tenés la puerta”.
Algunas empleadas renunciaron en el último tiempo por este tipo de irregularidades. Otras se ven imposibilitadas de hacerlo para no perder el trabajo ante las dificultades que hay en la ciudad para encontrar otro puesto en mejores condiciones.
Por otra parte, las damnificadas contaron que se encontraron con obstáculos administrativos a la hora de denunciar la precarización laboral y el maltrato en el Ministerio de Trabajo, tanto en sus dependencias de orden regional como nacional con asiento en Mar del Plata.
Es que legalmente este tipo de denuncias deberían poder realizarse en forma anónima. Así incluso lo promociona el Ministerio en su sitio web. Pero en la práctica, una voz detrás del teléfono informa que solo se acepta en forma presencial, lo que alimenta el temor a perder el trabajo.
En enero de 2015 se hicieron nueve allanamientos simultáneos en locales y viviendas de los titulares de los locales de ropa y juguetes Positivo y del restaurante Ronny.
Para llegar a la presentación judicial, la AFIP estableció que los comercios evadían sus obligaciones fiscales y previsionales. Si bien se trata de dos empresas de rubros diferentes -un restaurante y otro dedicado a la venta de ropa y juguetes- los comercios tienen los mismos titulares y en ambos casos se encontraban “ocultos ante el fisco”. Por esa razón, se denunció penalmente a los verdaderos dueños de las firmas, tras comprobar que utilizaban a “prestanombres” como directivos de sus compañías.
Con la orden judicial, la AFIP y la Policía Federal Argentina llevaron adelante los operativos en los inmuebles vinculados a la actividad comercial de Nancy Noemí Rivero, Ricardo Marcelo Teramo y familiares, mediante las firmas Objetivo SRL, Dulce Amor SA y Gutieste SA, a fin de proceder al secuestro de documentación, libros contables y obtener información digital de la administración de los comercios, según dieron a conocer desde AFIP.
Además informaron que los verdaderos dueños de estas firmas “distorsionaban la real percepción de los importes a ingresar y mentían en la declaración de remuneraciones”, ya que eran menores a las dispuestas por el convenio colectivo. La maniobra incluía la utilización de nombres, personas físicas y jurídicas, para ocultar a un pequeño grupo de empresarios que resultan los verdaderos responsables y beneficiarios de una operatoria por grandes montos anuales que perjudicaban al fisco.
Las maniobras también incluían la omisión de depositar los aportes retenidos de sus empleados en el tiempo correcto y todo su accionar era dirigido por un asesor contable, quien repetía las mismas figuras en diferentes empresas.
Las inspecciones demostraron además que los trabajadores “no tenían derecho a pedir un crédito a tener una cobertura médica” ya que todo estaba sujeto a la voluntad de sus empleadores, que -como estaría demostrado- no son los que figuraban en los papeles.
