Agroquímicos: “El Municipio actúa con ignorancia”
Lo aseguraron los ambientalistas, luego de que las autoridades cuestionaran el contenido de la medida cautelar dictada por la Suprema Corte, que suspende artículos clave de la ordenanza que regula el uso de plaguicidas.
Una guerra silenciosa. La rentabilidad de la producción agropecuaria versus la soberanía alimentaria. El uso de sustancias nocivas para la salud y la firma de acuerdos tecnológicos que autorizan su aplicación. En contraposición, la agroecología. Y cientos de investigaciones que dan cuenta de los peligros de la exposición prolongada a plaguicidas. La falta de estudios epidemiológicos concretos en una ciudad con un creciente cordón frutihortícola. Y un debate que lejos de tomar notoriedad por la importancia del tema en sí, termina siendo un juego político.
Lucas Landivar es abogado y representa a los vecinos que iniciaron una demanda contra el Municipio como consecuencia de la sanción y promulgación de la ordenanza 21.296, que reemplazó en la ciudad a la 18.740. Además, es referente del Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente (Celma) e integra la Red Nacional de Abogados de Pueblos Fumigados. Desde hace años viene trabajando en relación a esta problemática en la ciudad, en conjunto con los compañeros de la Asamblea “Paren de Fumigarnos”.
En diálogo con QUÉ, el profesional se mostró preocupado ante la liviandad con la que desde el Municipio se toma este tema. “El alimento define el destino de la comunidad: si comemos bien tenemos más posibilidades de crecer, de relacionarnos, pero lamentablemente hoy no se le da al tema esa importancia, cuesta mucho eso”, sostuvo.
Durante una larga entrevista, el abogado que representa a los vecinos hizo hincapié en todo el trabajo que se viene realizando no solo en la ciudad y el país sino también en el mundo en relación a la concientización respecto al impacto del uso de agroquímicos para el cultivo.
Consultado sobre la decisión del Municipio de revocar la medida cautelar dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires -y sobre las críticas que el secretario de Desarrollo Productivo hizo públicamente- Landivar fue contundente: “Es muy triste. Lo que hacen es muy bajo, deberían pensar en la Salud pública pero se encargan de hacer este tipo de chicanas”.
En ese sentido, el abogado desmintió que – tal y como aseguró Mariano Pérez Rojas– la medida cautelar tenga efecto solo sobre un particular, Jorge Picorelli, quien inició justamente la causa. “Fueron 31 los actores que se presentaron de distintos puntos de la ciudad, pero cuando sale la resolución hay que prestar caución juratoria, una especie de garantía, y quien lo hizo fue Picorelli. Pero es una locura decir que una modificación de una ordenanza que rige para todo un Partido puede tener efecto sobre un particular solamente”, detalló.
Según lo explicado por el referente del Celma, y contrario a lo afirmado por el funcionario municipal, quien dijo que la medida no tiene vigencia todavía, en la ciudad ya rige la suspensión de los artículos que habían reducido el límite para la aplicación de agroquímicos de los mil a los cien metros. “El 1º de octubre el Municipio fue notificado y la resolución de la Corte es la suspensión en tanto se dicte sentencia”, precisó.
“Nosotros tenemos elementos para argumentar y refutar lo que ellos dicen”, señaló el profesional, que graficó la situación con un ejemplo: “Tengo un par de vecinos en Antártida Argentina que tienen un lavadero de zanahoria al lado. A principios de octubre me llamaron para avisarme que habían fumigado y automáticamente mandamos una carta documento al intendente y al productor, dejando en claro que está vigente la resolución en cuestión. Desde ahí hasta ahora, no fumigaron más. Y no es Picorelli. Es otra persona de la que hablamos”.
Enseguida, Landivar denunció la connivencia entre los productores y la Comuna, teniendo en cuenta que a pesar de que existen estudios que dan cuenta de la toxicidad de ciertas sustancias, el Municipio aprueba su uso a través de los denominados acuerdos tecnológicos. “Esto es una guerra silenciosa, no solo en Mar del Plata sino en todo el país, porque te tiran 350 millones de litros de veneno en 35 millones de hectáreas y nadie hace ni dice nada”, reflexionó y luego ahondó en el papel que juegan las autoridades en este contexto: “Creo que lo que hay en la Municipalidad es irresponsabilidad e ignorancia. Personalmente, dudo de la buena fe de Pérez Rojas, porque hay un negocio muy grande alrededor de todo esto”.
Sin pelos en la lengua, el integrante de la Red Nacional de Abogados de Pueblos Fumigados calificó el accionar del funcionario municipal como “dolo eventual”. “Hay una especie de conducta maliciosa diría yo, porque hay un daño potencial del que está acreditado el impacto. Hay irresponsabilidad, algo que está fundamentado en la ignorancia”, advirtió.
Es que, según sus palabras, la lógica que se está defendiendo a través de estas políticas es la de los negocios y no la de la soberanía alimentaria. “Solo quien incurre en el dolo eventual puede exponer a la comunidad a estos venenos tóxicos y de probados efectos nocivos en la salud. El dolo eventual nace cuando desde hace años se alerta acerca de la peligrosidad del uso de estas sustancias y hoy eso está comprobado, pero nadie hace nada”, cuestionó.
MAR DEL PLATA Y EL ETIQUETADO DE TRANSGÉNICOS
Según pudo saber este medio, Mar del Plata va camino a ser la ciudad impulsora de uno de los proyectos más importantes a nivel agroecológico: el etiquetado de transgénicos ¿Y esto que significa? Que de darse lugar a una acción de clase presentada por los abogados, Argentina podría convertirse en uno de los pocos países en los que aquellos alimentos que hayan sido modificados mediante ingeniería genética deberán tener un rótulo específico, que le permitirá a la comunidad elegir si quiere o no consumirlos.
