Discapacidad: alerta y malestar por cambios en el sistema de prestaciones
Profesionales del sector rechazan una reciente resolución que impone una aplicación con geolocalización y validación de prestaciones.
Una resolución dictada por la Superintendencia de Servicios de Salud en los últimos días del gobierno anterior generó malestar y un nuevo alerta de prestadores y prestadoras que trabajan con personas con discapacidad, que desde hace tiempo se organizan contra las demoras en los pagos y los bajos honorarios. En este caso, cuestionan la creación de una aplicación de geolocalización y validación de prestaciones que deberán implementar todos los agentes y personas beneficiarias a partir del 1° de febrero. “Atenta de manera directa contra los derechos”, apuntaron.
La resolución que volvió a poner en alerta a las y los prestadores que desde hace tiempo empezaron a organizarse para luchar por sus condiciones de trabajo fue dictada el 7 de diciembre por el por entonces titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Daniel Alejandro Lopez, que ya fue reemplazado de su cargo por el nuevo gobierno de Javier Milei. Ahora el área quedó a cargo de Enrique Rodríguez Chiantore.
Esa resolución, en detalle, dispuso crear un aplicativo de “registración, geolocalización y validación de prestaciones” que se pondrá en vigencia desde el 1° de febrero y que deberán utilizar “todos los agentes del seguro de salud, prestadores y beneficiarios”.
La medida se argumentó bajo el objetivo de “incorporar infraestructura tecnológica a fin de agilizar los procedimientos administrativos, brindar eficiencia y transparencia a los procesos, como así también asegurar la accesibilidad a los servicios esenciales de las personas con discapacidad”.
Sin embargo, desde “Prestadores Unidos MDP” la recepción de la resolución fue absolutamente contrapuesta al sostener que la nueva herramienta “de ninguna manera irá a resolver reclamos fundamentales tales como las demoras en los pagos, las trabas burocráticas, los bajos honorarios, ni que los tratamientos estén de acuerdo a las demandas de las personas con discapacidad”.
Desde el espacio de prestadores y prestadoras de Mar del Plata subrayaron que a partir de la resolución “para que las personas con discapacidad puedan acceder a sus tratamientos deberán contar con un teléfono celular con acceso a internet, ser geolocalizadas durante el traslado hacia y desde las terapias y en el transcurso de las mismas, y exhibir al transportista y prestador un código QR que deberá ser escaneado por el prestador al momento de inicio y al finalizar el viaje o sesión”.
Y entendieron: “Esta medida no solo atenta contra la privacidad de las personas con discapacidad y prestadores que deberán estar constantemente geolocalizadas (rastreadas mediante GPS), sino que también atenta contra la calidad de prestación que percibirán nuestros pacientes”.
Es que plantearon que con este nuevo mecanismo “no podrán programarse reuniones fuera de horario, no podrán realizarse informes por fuera del horario establecido de atención, no podrán reprogramarse sesiones, se perderá tiempo de sesión con el escaneo del código QR al acceso y egreso de la prestación”, además de “no tener en cuenta a aquellos pacientes que viajan solos a sus terapias o centros, a las personas que carecen de los medios para acceder a un teléfono celular, a los pacientes que viajan con acompañantes o a aquellos que no tienen recursos físicos, cognitivos o simbólicos para manejar un dispositivo”.
De esta manera, alertaron a las personas con discapacidad de las consecuencias que traerá la implementación de la resolución, enfatizaron que “peligran las prestaciones” y señalaron que “atenta de manera directa contra los derechos de las personas al obligarlas a exhibir su ubicación de manera constante, contra los derechos adquiridos por las personas con discapacidad a tener acceso y contra la calidad en las prestaciones brindadas por los profesionales”.
Asimismo, entendieron que el instrumento “vulnera el derecho a la privacidad de todas las partes involucradas, entre las cuales se encuentran niños y adolescentes”.
Desde 2022 trabajadores como acompañantes terapéuticos, estimuladores visuales, fonoaudiólogos, kinesiólogos, psicopedagogos, psicólogos, musicoterapeutas, terapistas ocupacionales y transportistas, entre otros, empezaron a organizarse para reclamar un cambio estructural en sus condiciones laborales (empezando, principalmente, por el sistema de cobro mediante facturaciones y burocracias) para poder de esa manera mejorar el sistema mediante garantías salariales que permitan garantizar el acceso a la salud de las personas con discapacidad.
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