En Mar del Plata, 18 mil pensiones por invalidez están “en peligro”
Desde la Defensoría del Pueblo advierten que llegaron intimaciones a quienes no renovaron el certificado pero afirman que el trámite no se puede hacer en la ciudad.
La preocupación que los defensores del pueblo de toda la Provincia expresaron días atrás a través de un comunicado, en Mar del Plata se traslada en números: son 18 mil las pensiones por invalidez que afirman que “están en peligro” ante los cambios que introdujo la Agencia Nacional de Discapacidad, trámite que -aseguran- no se puede realizar en la ciudad.
Semanas atrás, a través de la Resolución 39/19, la Agencia formalizó la digitalización del trámite del Certificado Médico Obligatorio que permite acceder a las pensiones. Como plazo máximo, le dio a los beneficiarios 60 días para realizar el trámite.
En consecuencia y ante las dudas que se generaron, la resolución fue uno de los temas tratados en la última reunión que se llevó a cabo entre los defensores del pueblo municipales de Buenos Aires, y expresaron su preocupación, en primer lugar, por los tiempos que manejan los centros de salud y, en segunto término, sobre las chances efectivas de hacer las gestiones en Mar del Plata.
En ese sentido, desde la Defensoría, integrada por Daniel Barragán, Fernando Rizzi y Luis Salomón, puntualizaron que en Mar del Plata hay 18 mil pensionados en riesgo y que la Agencia ya envió intimaciones a 209 personas ante la no actualización del certificado.
Asimismo, mantuvieron reuniones con autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación del Sur (INAREPS), del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) y de la secretaría de Salud, y todos los organismos admitieron no tener la capacidad operativa para gestionar la actualización.
En consecuencia, desde la Defensoría fueron tajantes contra la resolución: “Rechazamos este procedimiento porque ataca un derecho adquirido por los pensionados”, dijeron y agregaron: “Se trata de un proceso administrativo que tiene como objetivo un recorte presupuestario en un momento de aguda crisis económica y social”.
Los defensores “exigieron que la Agencia se abstenga de imponer los plazos establecidos por carta documento ya que no están dadas las condiciones operativas. Además su aplicación constituiría un perjuicio concreto para los pensionadas y pensionadas”, cerraron.
